El agresor es el hijo del viceintendente de Macachín y no está en el Ipesa, sino que se mueve por la ciudad con absoluta libertad y fue a visitar a su familia a esa localidad durante el fin de semana largo.
El hijo del viceintendente de Macachín, Gustavo Calvente, no es un preso cualquiera. Pese a estar acusado de un crimen gravísimo, doble intento de homicidio calificado, no está alojado en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa). La justicia inexplicablemente le permite estar alojado en la casa de un familiar y tener un régimen de libertad que no se condice con la gravedad del hecho cometido ni con su peligrosidad.
El fin de semana largo del Día de Trabajador fue autorizado a volver a Macachín a visitar a su familia, pese a que allí residen sus víctimas. El menor fue visto por varios vecinos para alarma de los jóvenes a quienes atacó e hirió gravemente con un hacha luego de estar al acecho en una casa durante tres horas.
Pero eso no es todo. En Santa Rosa concurre a un conocido gimnasio céntrico dos veces por día, en turno mañana y tarde, y ha sido visto de compras por el centro santarroseño como si se tratara de un adolescente cualquiera sin conflicto con la ley.
Desde el inicio, tanto la policía como la justicia del Menor trataron al joven de 17 años y al caso como si se tratara de un privilegiado. En principio, pese a la gravedad del delito, la policía no informó del hecho a la prensa como lo hace habitualmente con otros episodios delictivos. La información se conoció varios días después, e inmediatamente desató una ola de indignación en la población no solo por la violenta conducta homicida del adolescente, sino además porque la justicia no lo envió al Ipesa como hace con los menores de clase baja.
Que sea hijo de un político reconocido del partido del gobierno, no parece ser un dato menor a la hora de analizar de qué manera fue dejado en una situación de libertad vigilada, como si el grave delito que cometió fuera solo una travesura de adolescentes.
Pese a que la Dirección General de Niñez y Adolescencia solicitó que sea enviado al Ipesa, la jueza de la Familia y el Menor, Gabriela Manera, lo mantuvo al cuidado de una tía sin las medidas mínimas de seguridad, y le autoriza salidas para visitar su familia y un régimen de salidas al gimnasio dos veces al día y compras por el centro de Santa Rosa.
Luego de apelar la medida ante el Juzgado del Menor y la Familia, el director de Niñez y Adolescencia, José Ignacio De la Iglesia, consideró que la internación en el Ipesa es la herramienta que tiene el Estado para tratar el caso de menores con problemas con la ley. Sostuvo que, en contra de lo que afirma la jueza Manera, “no hay ningún derecho vulnerado” que justifique mantenerlo en libertad en el domicilio de un familiar como está actualmente.
“El adolescente tiene que estar en el instituto provincial porque se trata de un chico que está en conflicto con la ley penal, y tiene que estar encuadrado en esa circunstancia”, señaló De la Iglesia. La apelación del gobierno a la resolución de Manera podría conocerse esta semana.
El ataque.
El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo 20, cuando el hijo del viceintendente Calvente atacó con un hacha a su ex novia, de 17 años, y a la actual pareja, un joven de 21 años, cuando ambos ingresaban a la habitación de una vivienda del barrio Los Sauces de la localidad de Macachín.
Las víctimas recibieron golpes y cortes importantes. El joven herido alcanzó a salir del lugar y dio aviso a la policía, que finalmente demoró a Calvente, quien había retenido a su ex pareja. El juez Daniel Sáez Zamora intervino en la causa, pero al considerar que se trata de un menor de edad lo dejó en libertad y las actuaciones pasaron al Juzgado del Menor y la Familia a cargo de Manera.
Cuando se produjo el ataque, fuentes confiables revelaron que la anterior relación entre el agresor y la joven, cuya ruptura desencadenó casi en una tragedia, era de al menos dos años atrás y que hasta los padres de ambos, viendo cierta tortuosidad, se habían reunido en alguna oportunidad para tratar de encauzar situaciones de violencia.
Fuente La Arena
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