Las personas estuvieron encerradas, fueron golpeadas, drogadas y amenazadas. A algunas las ofrecieron como mercadería sexual y a otras como mano de obra esclava. De ellas, 5323 son adultos/as y 744 niños o niñas (6067 en total). Por avisos de oferta sexual, sancionaron a Clarín con una multa de más de 300 mil pesos.
En seis años fueron 6.000 las personas rescatadas de redes de explotación sexual o laboral, según detalló la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creada en 2008.
A la situación de trata llegaron vítimas de engaño, captadas o secuestradas y las mantuvieron encerradas a fuerza de golpes, drogas y amenazas. El destino de ese ejército de esclavo fue la oferta sexual para quienes pagan por relaciones o el engrosamiento de cuadrillas de obreros para la producción capitalista de mercaderías.
El informe surgió de a oficina encabezada por Zaida Gatti, donde se asiste y acompaña a las víctimas desde que son encontradas durante los allanamientos hasta que declaran ante la Justicia.
El programa forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fue creada tras la sanción de la ley que persigue a las redes de trata de personas, el órgano participó en el rescate de 744 niños o niñas y 5323 adultos que eran explotados sexualmente o en alguna práctica laboral.
Este año de un total de 1746 casi el 90% de las víctimas rescatadas fueron personas adultas (1565) y 181 menores de edad.
El comercio sexual es el responsable de más del 50% de las víctimas rescatadas en 6 años. Con 3088 víctimas, rescatadas de privados o prostíbulos (a veces bajo la fachada de bares, whiskerías o pubs, por ejemplo), se encontraron a mujeres jóvenes pero generalmente mayores de 18 años. Algunas de ellas han crecido en manos de traficantes que las violaron y quebrantaron física y psíquicamente.
Entre las víctimas de explotación laboral (2952 en total) se registra “la mayor cantidad de menores de edad”, precisó Gatti al portal del Poder Judicial.
La funcionaria advirtió que los operadores que intervienen en estos allanamientos deben prestar especial atención a las condiciones laborales en las encuentran a los niños o niñas cuando tienen entre 16 y 18 años. Es que la legislación habilita que a partir de esas edad trabajen, pero con autorización de sus padres y con algunas restricciones: no pueden hacerlo de noche (entre las 20 y las 6), ni más de 6 horas diarias y 36 semanales en zonas urbanas y 32 semanales en zonas rurales.
A las mencionadas se suman otras 27 víctimas que fueron rescatadas cuando mediante engaños o promesas, o directamente secuestradas, fueron captadas para las redes de traficantes de personas, o durante su traslado, pero sin que llegara a concretarse la explotación.
“Cuando sabemos que un mismo lugar se allanó por tercera vez les preguntamos a las víctimas si vieron o si saben que integrantes de las fuerzas de seguridad suelen frecuentarlo”, dijo Gatti a Infojus Noticias. Durante un operativo en Quilmes las víctimas le contaron que un día antes el dueño del prostíbulo las había llamado y les ordenó que llevaran sus DNI. “Una no tenía documento y llevó la partida de nacimiento”, dijo Gatti. Y advirtió que la protección de policías, jueces, intendentes y otros funcionarios que suelen frecuentar los prostíbulos paraliza a las víctimas tanto como el miedo o la presión por las deudas que generan los proxenetas (con multas, por comida o para “cobrarse” los gastos del traslado).
En seis años la oficina participó en 2805 allanamientos. En el 40% de estos operativos intervino la Gendarmería nacional (en 1163). “Por sus características el delito de trata es uno de los considerados complejos y su investigación le compete a la justicia federal, lo que en general excluye a las policías provinciales de intervenir”, explicó Gatti y agregó que de las fuerzas federales Gendarmería es la que “tiene la mayor cantidad de efectivos desplegados en el país”.
La Policía Federal cuenta con un número reducido de efectivos, poco más de 60, que participan de la División de trata e intervinieron en 222 procedimientos en 2013, mayormente en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Desde 2008 las policías provinciales solo fueron convocadas por los jueces en 63 oportunidades, y más del 50% de estas durante 2013 (en 34 casos).
Avisos sexuales. A mediados de 2011, el mercado de las vidas ajenas encontró un nuevo tope. Un decreto presidencial prohibió la publicación de avisos de oferta sexual en los medios (difundido como Rubro 59) y creó una dependencia para el monitoreo de estas publicaciones, también bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desde la prohibición algunos de esos avisos migraron al Rubro 37 de “Servicios y ocupaciones varias”. Los mismos teléfonos que aparecían vinculados abiertamente a la oferta sexual se reciclaron ofreciendo servicios de “masajes”, “compañía”, “bailarinas” o “promotoras”. Se enmascaran bajo una forma “engañosa”. “Pero no deja de ser positivo” dijo a Infojus Noticias Chantal Stevens, la coordinadora de la Oficina de Monitoreo (OM) y agregó que el decreto también operó un cambio cultural: “se reduce notablemente la violencia mediática y simbólica muestra a las mujeres como mercancías que pueden ser compradas, vendidas y alquiladas”.
En dos años los medios se hicieron eco del decreto. A fines de 2012, el 80% de los medios monitoreados había dejado de publicar avisos de oferta de comercio sexual. En 2013, los 19 diarios que habían continuado (encabezados por Clarín, La Capital de Rosario y La Capital de Mar del Plata) finalmente dejaron de hacerlo.
Ahora la mira está puesta sobre los mensajes solapados, y posibles anuncios para la captación de víctimas: entre enero y fines de noviembre de 2013, la OM detectó 111.589 publicaciones en presunta infracción (82.236 menos que en 2012) en 4.331 ejemplares de 22 medios gráficos de circulación nacional, provincial y local (en 2012 habían sido 109 los medios observados por estar en presunta infracción).
Desde su creación la oficina también colaboró con datos en 64 causas judiciales y/o investigaciones preliminares por los delitos de explotación sexual y trata de personas. Hasta noviembre de 2013 aportaron información sobre 1685 publicaciones de comercio sexual (1289 más que en 2012, cuando cooperaron con datos sobre 396 publicaciones de comercio sexual). Otra vía para es la presentación de denuncias penales ante la sospecha de estar frente a anuncios dirigidos a la captación de mujeres para el “comercio sexual” (esta fueron en total 167 denuncias, 88 en 2012 y 79 entre enero y noviembre de 2013).
El organismo que tiene facultadas para aplicar tres tipos de sanciones. Solo se vio obligado a aplicar una multa por 362.534 pesos a Clarín porque tras la sanción del decreto, desconociendo los llamados de atención previos, continúo publicando este tipo de avisos. Actualmente hay un proceso de ejecución judicial en curso porque el medio no pagó la multa. En 2012 la oficina inició 57 actuaciones por incumplimiento del decreto, 14 derivaron en apercibimientos y Clarín se transformó en el primer y, hasta ahora único medio multado. En 2013 las actuaciones se redujeron a 35 y solo 12 llegaron a la etapa de apercibimiento, pero no hubo multados.