Ofrecen $ 100.000 de recompensa por un Represor Pampeano que está prófugo.

El coronel Luis Baraldini actuó como jefe de Policía de La Pampa durante la última dictadura. Acusado por una serie de desapariciones, torturas y otros delitos de lesa humanidad perpetrados en nuestra provincia, y particularmente en Santa Rosa, fue detenido en 1984 pero poco después fué puesto en libertad por efecto de las inicuas leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Entre una cosa y otra, a mediados de 1980, luego de que los militares argentinos auspiciaran el cruento golpe de Estado que entronizó al general Luis García Meza, Baraldini se desempeñó como agregado militar en la embajada argentina en La Paz, ocasión en la que instruyó en técnicas contrainsurgentes y otras malas artes de la llamada “guerra sucia” a una camada de oficiales bolivianos.

En diciembre de 1990, Baraldini fue uno de los oficiales que se alzaron en la cuarta y última sublevación carapintada. Se encargó entonces de tomar el Regimiento 1 Patricios en Palermo. Lo secundaron el teniente coronel Osvaldo Tévere y su habitual compañero de correrías, el mayor Jorge Mones Ruiz. Los sublevados consiguieron establecer su puesto de mando en el Distrito Militar Buenos Aires, dentro de esa guarnición. A la madrugada, el segundo jefe del regimiento, el teniente coronel Hernán Pita, intentó recuperar el control de la unidad secundado por su jefe de operaciones, el mayor Federico Pedernera. Pita y Pedernera fueron muertos a tiros por los alzados.

Condenado por este hecho, Baraldini estuvo en prisión hasta que en 2002 fue indultado por el presidente provisional Eduardo Duhalde. Al año siguiente se reabrieron las causas que investigaban los delitos de lesa humanidad en La Pampa y quedó prófugo. Para entonces ya estaba radicado en Santa Cruz de la Sierra, donde bajo la falsa identidad de “Luis Pellegrí” (Pellegrini es el apellido de madre) puso junto a su hija Roxana una “Escuela de Equinoterapia“, dedicada a fomentar la equitación entre niños de familias pudientes con síndrome de down y discapacidades.

No puede decirse que Baraldini/Pellegrí se haya ocultado demasiado, ya que en el 2005 fue condecorado por el Círculo de Oficiales del Ejército boliviano con la “Gran Cruz” por su contribución al mejoramiento del arma de Caballería y sus planteles equinos. Y al año siguiente fue comisario de pruebas –árbitro– en varios campeonatos ecuestres, tal como reflejaron como poco dos diarios.

Su inseparable compañero, el ex mayor Jorge Mones Ruiz, estuvo destinado como Oficial de Inteligencia del Ejército Argentino en Bolivia durante los últimos años de la dictadura, al mismo tiempo que Baraldini, y se jacta de tener muchas amistades entre los militares bolivianos. Se presenta como dirigente de la agrupación “Fuerza Solidaria- Capítulo Argentino” y como delegado argentino de la ONG UnoAmérica, la organización que en nombre de “las Américas” –es decir, del Norte– se opone a la unidad de Suramérica.

El 2 de Agosto de éste 2010 está previsto el inicio de los juicios por la represión en La Pampa. Casi 4 meses para que Interpol intente encontrarlo.

Y por si Ud. lo ve…………, agende el teléfono de abajo.

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El juicio a los represores de la Subzona 14 comenzará en agosto.

Finalmente, luego de 26 años de iniciada la causa contra los represores que integraron el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la última dictadura militar, comenzará el juicio oral y público en el que serán juzgados por secuestros y torturas a una treintena de presos políticos.
En un tiempo récord, no sólo para esta causa que pasó por tres juzgados y tres tribunales desde su inicio, sino también para los otros casos de delitos de lesa humanidad que se investigan o juzgan en distintos puntos del país, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, presidido por José Mario Tripputi, iniciará los debates el 2 de agosto próximo, apenas nueve meses después de que el magistrado se hiciera cargo del expediente.

Dos jueces.
Para llegar a esta instancia primero se tuvo que conseguir una sede amplia para llevar adelante las deliberaciones. Hace una semana, el Colegio de Abogados cedió su sede de la calle Argentino Valle. Otra cuestión problemática fue la integración del tribunal, ya que estaba en minoría dado que sólo esta en funciones uno de los tres magistrados. El secretario de la causa, Ignacio Rodríguez Berdier, explicó que ésta semana aceptaron conformar el tribunal dos magistrados del tribunal federal de la ciudad de General Roca, Río Negro. Son Mario Armando Márquez y Norberto Mario Ferrando. Además hará falta un cuarto juez, que estará en calidad de suplente, que todavía no está confirmado, pero que sería de la jurisdicción de Mendoza.
Rodríguez Berdier comentó que “hace quince días el juez Tripputi habló con los dos magistrados y quedaron en contestar. Esta semana dieron el sí y hoy (por ayer) se pidió ya su designación a la Cámara de Casación Nacional. La próxima semana estaría confirmado el cuarto juez”.

Duración.
De acuerdo al secretario de la causa, se estima que el juicio durará entre agosto y septiembre. En tanto, los debates se harán entre el lunes y el jueves, y los viernes seguramente serán utilizados, al menos los de las primeras semanas, para la inspección ocular de los lugares utilizados como centros clandestinos de detención en La Pampa.
En tanto, la próxima semana llegará a Santa Rosa un asesor del Consejo de la Magistratura para observar el lugar en el que se realizará el juicio y para ponerse de acuerdo con Tripputi sobre lo que necesitará para llevar adelante el proceso.

Los acusados.
Los represores pampeanos que serán juzgados por secuestros y torturas son dos ex oficiales del Ejército y ocho ex oficiales de la Policía de la provincia. Los militares son el ex jefe de la Subzona 14 y del Regimiento de Toay, el entonces coronel Fabio Iriart; y el ex secretario de la Gobernación y jefe de inteligencia, el ex coronel Néstor Greppi.

Los ex oficiales de la policía que integraron el grupo de tareas pampeano son el entonces inspector mayor Roberto Constantino, jefe de la “patota” y de la Regional I; los ex subcomisarios Omar Aguilera -jefe de Operaciones- y Roberto Fiorucci -jefe de Inteligencia-; el entonces oficial auxiliar Athos Reta, el oficial ayudante Oscar Yorio -también secretario del jefe de Policía, Luis Baraldini- y el ex oficial subayudante Néstor Cenizo, en la parte de “información y tareas”; y Carlos Reinhardt y Hugo Marenchino, que no figuraron como integrantes directos del grupo pero fueron parte de la represión ilegal.

Dos fallecidos.
En tanto, dos de los procesados fallecieron antes de llegar al juicio: el ex coronel Oscar Cobuta en 2007 y el ex oficial de la policía, Roberto Escalada, en 2008. Mientras que el ex coronel Baraldini se fugó del país a Bolivia y no pudo ser todavía arrestado.
La causa que investigó estos hechos se reabrió en 2003 cuando se derogaron las “Leyes del Perdón” y fueron nuevamente detenidos varios de los represores que habían sido investigados durante 1984 por haber cometido secuestros y torturas contra detenidos políticos durante el Proceso.
Actualmente, todos permanecen en libertad a la espera del juicio. Están acusados de 28 casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos a presos políticos de la provincia, en diferente proporción cada uno.

La  Arena

Declaran “centro clandestino de detención” al Puesto Caminero de Jacinto Arauz.

Con la presencia del vicegobernador de La Pampa, Luis Alberto Campo; el intendente de esta localidad, Oscar Beilmann, integrantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y víctimas del terrorismo de Estado, fue identificado el Puesto Caminero de Jacinto Arauz como centro clandestino de detención de la última dictadura militar.

El acto se realizó frente al edificio policial ubicado a la vera de la ruta nacional 35, en el límite con la provincia de Buenos Aires. Allí se descubrió una placa con motivo de cumplirse 34 años del golpe genocida y próximo a cumplirse el aniversario del copamiento militar de Arauz, donde fueron detenidos varios docentes y colaboradores del Instituto José Ingenieros.

Una de las víctimas fue Víctor Pozo Grados, quien al hacer uso de la palabra dijo: “Quisiera que esto sirva para que todo el mundo refresque la memoria y que se aprenda mucho sobre derechos humanos“.

Mario Canoba, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, expresó que la pretensión es que se tenga en cuenta qué pasó allá por el año 1976. “Hay que hablar de la presencia del terrorismo de Estado mucho antes de 1975. También es cierto que el golpe del ’76 fue un golpe cívico militar, un golpe de corporaciones que nunca llegaron con el voto popular pero que sí tenían un partido político, que era el partido militar”.

Para finalizar dijo que se debe respetar y reivindicar la política implementada en 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner, que apunta a dos hechos fundamentales: “El juicio y castigo a los culpables y señalar todos los lugares donde se implementó el terrorismo de Estado“.

Previamente, en las instalaciones del Instituto José Ingenieros, los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla presentaron su libro “Informe 14” y dialogaron con los presentes.

La Arena