Miguel Palazzani: “la tortura es más amplia que el dolor físico”.

El abogado Miguel Palazzani, uno de los querellantes en la causa de la Subzona 14 en la que se está juzgando a nueve represores por delitos de lesa humanidad, afirmó que “hay que empezar a discutir en este debate el concepto de tortura, porque yo creo que es mucho más amplio que el mero dolor físico“.
Palazzani indicó al matutino provincial LA ARENA” que “el dolor físico en las torturas que estamos escuchando en el juicio comienza en algunos casos a ser lo menos, por lo que vivieron las víctimas después, el terror, las consecuencias. Incluso luego del dolor físico está el psicológico, que no es un dato menor. No se puede circunscribir la tortura al término físico, porque es acotar algo que no se ve la realidad“.
Yo entiendo –continuó– que la violación y los abusos son parte de las torturas en el marco de una causa de delitos de lesa humanidad. En términos jurídicos la violación es un delito de instancia privada, y entonces como están las cosas podría hablarse de prescripción de ese delito. El abuso sexual, que es el término técnico, en una mujer en ese contexto es un tema discutido, pero para mí es claramente una tortura, un delito de lesa humanidad, y no prescribe. Porque en la investigación de la Subzona 14 salta que fue de manera generalizada hacia las mujeres, aunque es una cuestión complicada que las víctimas puedan decirlo, por la evidencia y las cuestiones culturales. Pero gracias que hay testimonios valientes que dieron cuenta de esta situación“.
Hoy se puede integrar a las torturas sin forzar en nada el término de tortura. Porque se entiende como tortura a una cachetada, una trompada, una picaneada, y el abuso sexual es parte de lo mismo. Violar la integridad sexual de la mujer es una tortura“, señaló.

Palazzani reclamó: “Basta de purismo técnicos, no es si me pegaron un poquito más o menos que no sea considerado una tortura. La tortura implica tener a una persona en estado inhumando. El concepto es amplio según la convención internacional y sólo Estados Unidos lo discute por lo que ocurre con los apremios físicos en la base de Guantánamo. Si a alguien lo tuvieron tres días parado sin moverse en una comisaría, es tortura tanto como si lo hubieran picaneado o golpeado“.

Urgencias
Palazzani tuvo una opinión dividida con el fiscal Jorge Bonvehi, cuando pidió el miércoles que se remita “en forma urgente” a la fiscalía federal el testimonio de Stella Maris Barrios para que se inicie una investigación penal luego de haber denunciado vejaciones por parte de policías en 1976. Sin embargo, Bonvehi se opuso porque tal medida sería “dispersar esfuerzos” y pidió esperar la conclusión de las audiencias.
Disentí en cuanto al tiempo del comienzo de la investigación de ese proceso, porque no se desordena el juicio y esa investigación va por cuerda separada al fiscal federal“, dijo el abogado.
Este tipo de situación, donde una persona valientemente, que nunca había declarado, y declara en el juicio esto, se le debe dar una respuesta rápida a semejante actitud. Hay que darla inmediatamente, sobre todo cuando hay algunos que han cambiado sus testimonios. Puede haber otros casos en los que se pueda esperar a la finalización del juicio y en eso puedo coincidir, pero en este tipo de casos se le debe dar una respuesta inmediata de parte de la justicia“, aclaró.

Evaluación
A
l hacer una evaluación sobre las dos primeras semanas del juicio por secuestros y torturas contra los miembros del grupo de tareas de la Subzona 14 durante la dictadura, el abogado querellante dijo: “Lo central, lo importante, para mí es que son juzgados y que comenzó el juicio. Por las connotaciones históricas que esto ha tenido para la provincia. Lo segundo es que va tomando forma a partir de las declaraciones de las víctimas y los testigos de cómo el Terrorismo de Estado operó en La Pampa. Se está desvirtuando una vez más la idea de que acá no paso nada, cuando en lugares que transitamos a diario se torturaba y secuestraba gente“.
Dijo que “la operatoria va quedando clara, es la misma que el plan sistemático aplicado a todo el país y bajado a La Pampa. Lo que incluyó torturas y secuestros para producir el terror. Con las declaraciones de los testigos se va viendo que es la misma matriz que a nivel nacional, con la clandestinidad, las capuchas, las vendas, actuando de noche cuando de día era lo legal. Esto es básicamente lo que queda, más allá de los conmocionante que ha sido escuchar a víctimas y testigos“.
Sobre los ex policías que declararon en 1984 contra sus superiores y hoy muchos callan, dijo que “tengo la sensación de que hay testigos que no dicen todo lo que saben. Por miedo, si bien algunos fueron contundentes, como (Juan Angel) Bustos, que fue claro. Si bien los otros ratifican lo declarado antes, se quedan con cosas para decir“.

Lo que establece la Convención
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en 1984, establece en su artículo 1 qué es lo que se considera “tortura“. En su articulado se indica: “Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas“.
En tanto, los “delitos contra la humanidad“, en sentido coloquial, son las conductas que agravian directamente la esencia del ser humano, las que afectan su dignidad como ninguna otra acción u omisión. También son denominados como delitos de Lesa Humanidad. Tales son los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias, entre otras. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional estos crímenes están previstos en los artículos 5 y 7.

 

La Arena

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Primer Semana del Juicio por la Represión en La Pampa: Informe de Julio Santarelli.

En diálogo con “la mañana por la 90.9″, el periodista Julio Santarelli, acreditado para seguir las instancias del juicio, se refirió a lo acontecido en el tercer día de audiencias:

A primera hora, el ex funcionario del gobierno de Rubén Marí­n,  Juan Carlos Tierno se presentó en el T.O.F, pero no pudo declarar. A Tierno le adelantaron la testimonial, pero el martes adujo que tení­a otros compromisos y no podía acudir. Por eso, el tribunal llamó a otros testigos, los hermanos Zolecio. Hoy pretendí­a declarar, pero no pudo hacerlo porque la audiencia ya se había reprogramado. No puede hacer y deshacer como si esto fuera su casa, confió una fuente del tribunal. 
Tambien durante la mañana de hoy, los acusados Omar Aguilera y Roberto Constantino solicitaron a través de su abogado defensor no permanecer mas en la sala del juicio oral y se fueron del lugar, acogiendose al derecho que tienen como imputados.

La Querella:

Consultados los abogados que representan a las víctimas Leonel Curutchegue y Miguel Palazzani, destacaron como muy grata la impresión de los tres primeros dí­as de audiencias. “Es de destacar el respeto del tribunal a las ví­ctimas“, consideró Curutchegue al tiempo que aclaró sobre las amenazas recibidas por abogados y periodistas, previas al inicio del juicio: “estamos acostumbrados a este tipo de amenazas los que integramos y trabajamos diariamente en y por la defensa de los derechos humanos“…”provienen de sectores minoritarios“, remarcó. 
En tanto, el Dr. Palazzani en principio manifestó su disconformidad por la resolución que permitió que Iriart no comparezca ante el T.O.F. Insistió que “afuera del proceso no va a quedar sino que se lo separa provisoriamente”. El ex militar Iriart es el principal imputado, –fue el jefe militar de La Pampa desde diciembre de 1975 y jefe de la Subzona 14 hasta diciembre del 77- está gravemente enfermo y cuenta con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Pese a ser excluido, seguirá imputado. Palazzani compartió con su colega Curutchegue la importancia del momento histórico que vive la provincia y las ví­ctimas en particular, “de ver que a pesar del tiempo transcurrido la justicia siempre llega“. 
“Es de destacar el comportamiento de las víctimas durante todo este tiempo. Jamás hubo un acto de venganza o revancha de ellas hacia sus victimarios en todos estos años. Eso es digno de destacar”, finalizó Curutchegue.

El lunes continúa el juicio con la declaración, entre otras, de Miyi Regazzoli, hija del ex-gobernador de La Pampa, Don Jose Aquiles Regazzoli.

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Juicio Histórico en La Pampa: La Cara de los Represores Pampeanos.

Son las fotos del inicio del histórico juicio a los represores de la Subzona 14.
Los rostros de los acusados quedaron expuestos por primera vez de modo tan claro. Las fotos son históricas: en la mayoría de los casos, se conoce por primera vez el rostro de los acusados de torturar y aplicar el terrorismo de Estado en La Pampa. Sentados en el banquillo, escucharon con gestos entre resignados, inquietos y desafiantes la lectura de la acusación que hizo el Tribunal Oral Federal.

  

Néstor Omar Greppi, C.I.P.F.A. Nº 7.493.563, hijo de José y de Josefa Lorenzo, de nacionalidad argentina, nacido el día 9 de enero de 1943 en la ciudad de Mar del Plata, casado, de profesión militar retirado, domiciliado en la calle Virrey del Pino 1724 7º piso de esta ciudad y con domicilio constituido en Av. de Mayo 676, 2º piso, oficina 2.

Roberto Esteban Constantino, L.E. 7.338.723, hijo de Dusan (f) y de Angelina Achimon, argentino, nacido el día 6 de abril de 1929 en la localidad de Toay, casado, de profesión Comisario General retirado de la Policía de la provincia de La Pampa, domiciliado en la calle Venezuela 1034 de Santa Rosa, La Pampa.

 

Omar Aguilera, L.E. Nº 7.349.849, hijo de Miguel y de Eleuteria Álvarez, argentino, nacido el 9 de junio de 1936 en Santa Isabel, provincia de La Pampa, casado, de profesión Comisario Mayor retirado de la Policía de la provincia de La Pampa, domiciliado en la calle Almirante Brown 1206 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

 

Carlos Alberto Reinhart, L.E. Nº 8.010.814, hijo de Pablo y Enriqueta Meringer, de nacionalidad argentina, nacido el 7 de junio de 1950 en Santa Rosa, de estado civil casado, de profesión Comisario Mayor retirado de la Policía de La Pampa, domiciliado en Santa Fe 455 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

 

Athos Reta, L.E. Nº 7.348.281, hijo de Dionisio y de Teodosa Canuhe, nacido el 23 de agosto de 1936 en Santa Isabel, provincia de La Pampa, casado, de nacionalidad argentina, de profesión policía retirado, con último domicilio real en Cachirla 5147 de la ciudad de Toay, La Pampa.
 
 

Néstor Bonifacio Cenizo, D.N.I. 11.699.703, hijo de Bonifacio (f) y de Dora García (f), nacido el día 11 de marzo de 1955 en Santa Rosa, La Pampa, separado de hecho, con domicilio en Barrio Vial, Edificio 12, departamento 12 de Santa Rosa, La Pampa.

Roberto Oscar Fiorucci, L.E. Nº 7.354.277, hijo de Juan y de Martiriana Senobia Vidal, nacido el 17 de abril de 1939 en la localidad de La Gloria provincia de La Pampa, casado, instruido, de profesión Comisario General retirado de la Policía de la provincia de La Pampa, domiciliado en la calle Allan Kardec 916 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Hugo Roberto Marenchino, el histórico puntero vernista, que actuó como policía durante la dictadura. L.E. Nº 7.363.341, nacido el 18 de octubre de 1944 en Metileo, provincia de La Pampa, de estado civil casado, de profesión Comisario Mayor retirado de la Policía de la provincia de La Pampa, con domicilio real en Diagonal San Martín 765 de la ciudad de Eduardo Castex, La Pampa.
 

Oscar Yorio, D.N.I. Nº 7.363.590, hijo de Antonio María y de Severa Bazam, nacido el 15 de marzo de 1945 en la localidad de Uriburu, provincia de La Pampa, casado, instruido, de profesión Comisario Mayor retirado de la Policía de La Pampa, domiciliado en la calle Victorio Pesce 598 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

El Diario de La Pampa

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Juicio a Represores en La Pampa: Amenazan al Dr. Palazzani y al Periodista Asquini.

(D.T)Dos abogados querellantes y un periodista fueron amenazados, a días de que se inicie el juicio de la Subzona 14. Carina Salvay, de la Liga de Derechos del Hombre, recibió una llamada telefónica y un mensaje de texto intimidatorio; Miguel Palazzani, de la Asociación Argentina por los Derechos Humanos, sufrió la rotura de un vidrio de su estudio jurídico; y Norberto Asquini, cronista de La Arena y coautor del libro “El Informe 14“, fue amenazado por teléfono.

Los casos se produjeron en los últimos días. Primero amenazaron a Asquini. En rigor, hicieron una llamada telefónica al padre del periodista, radicado en Pico. Se llama también Norberto Asquini. Posteriormente, rompieron el vidrio del estudio de Palazzani, querellante por la Asociación Argentina por los Derechos Humanos.

Finalmente, amenazaron a Carina Salvay, abogada de de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por teléfono y mensaje de texto.

El sentido de una profesión (Entrevista publicada meses atras en La Arena)

Miguel Angel Palazzani es abogado y en los últimos tiempos su labor resaltó en la opinión pública por representar a la ex detenida política durante la dictadura militar, Raquel Barabaschi, que denunció al presidente del PJ pampeano Carlos Aragonés por colaborar con los militares, y a los periodistas del mensuario Lumbre cuando el entonces ministro de Gobierno, Juan Carlos Tierno quiso querellarlos.
Palazzani tiene 40 años, nació en Villa Iris, un pueblo en el oeste bonaerense pegado al límite con La Pampa, y se graduó en la Universidad de La Plata. Luego de trabajar unos años en Guatraché, donde reside parte de su familia, migró en los ’90 a Santa Rosa donde instaló su estudio. Entrevistado en su oficina con vista panorámica a los cuatro puntos de la plaza San Martín, el abogado afirmó que no tuvo un compromiso político o militancia en el tema de derechos humanos o de libertad de expresión hasta que conoció a quienes tuvo que acompañar para defenderlos ante el poder. Por esas causas se acercó a las víctimas de atropellos y fue un “cachetazo” de la realidad que cambió su perspectiva sobre su profesión.
Palazzani dijo que no es el único abogado que se ha involucrado en este tipo de casos judiciales que la lista es larga y no salen en los medios, y asegura que “nuestra profesión es o tendría que ser un compromiso con la sociedad. Tenemos un costado eminentemente social, de ahí a que lo hagamos o no es otra historia“.
-¿Cómo entendés el rol del abogado?
Es ampliar lo más que se puede los espacios de libertad. Estamos bombardeados permanentemente y asfixiados por lo que llamamos el poder. A mí me toca ejercer en una rama del derecho que es la penal y que es donde más asfixia ese poder. Si se tuviera que definir la tarea del abogado se lo puede hacer de muchas maneras: como juez, fiscal, defensor, asesor de una empresa o un banco o legislador. Puede ser también abogado de Al Capone o de la madre Teresa. Si tengo que definirlo, esto en forma personal, es que debe defender los espacios de libertad que sea. Ensanchar los lugares de pluralismo, de tolerancia. Que no nos impongan nada.
-¿Cómo nació ese compromiso con causas que deben enfrentar al poder?
No me considero un abogado comprometido o representante de nada. A mí me cambió conocer las historias de Raquel Barabaschi como víctima de la dictadura o la del periodista Juan Carlos Martínez que defendía su libertad de expresión, y acompañar esas causas. Yo tenía las expectativas cotidianas de cualquier persona por lo que no me enteraba de estos casos. Y ser parte de ellos fue una forma de cachetearme, tomar contacto con temas comprometidos y preguntarme ¿dónde estuve yo todo este tiempo? Agradezco mucho a la profesión haber conocido a la gente que me cacheteó, que son los verdaderos protagonistas en estas causas y sé el compromiso que tienen. Haberlos conocido no tiene precio, sí mucho valor. Sus causas pueden terminar como terminen, pero valió la pena todo el esfuerzo que pusimos porque esas cosas son las que le dan sentido a la profesión.
-¿Por qué te “cachetearon” esas causas?
Soy de la generación que crecí durante la dictadura militar. Hice el secundario en esa época y soy hijo de la desmemoria y el olvido, que después siguió en la época menemista. Me tocó vivir una vida sin solidaridad, mal educado en la no solidaridad. Y aclaro que seguí en esa postura durante gran parte de mi vida profesional. Dedicándome a mi carrera. Pero a partir de estos dos temas tomé contacto con Raquel y Juan Carlos Martínez en una etapa de mi vida en la que fue muy fuerte escuchar las injusticias que se cometieron con ellos. Y me movió también la relación personal que inicié con ellos a través de la profesión.
-Decís que no sos un abogado comprometido, pero es difícil enfrentar a gente como Aragonés o Tierno que tienen al poder político detrás.
Es asumir un compromiso, y también es un desafío profesional que te moviliza. Las dos cosas: la justicia del reclamo que te da tranquilidad, y el desafío.
-¿Tuviste algún apriete por ser parte de estas causas?
No, no que haya influido en mí o me lo haya tomado en serio. Porque estoy expuesto como todo el mundo.
-¿En la profesión hay muchos abogados con compromiso con estos temas?
Conozco muchos colegas que han tenido problemas por tomar causas que involucran al poder. Y tienen un gran compromiso. Lo que pasa que no salen en los medios. Tampoco son corrientes estas causas. Cuando llegó Raquel la escuché y vi que era válido acompañarla porque el reclamo era justo. No me puse a merituar otro tipo de cuestiones o situaciones. Pero entiendo que si no era yo, algún otro abogado la iba a acompañar.
-Pregunto porque muchos tienen un estereotipo de la profesión como el abogado burócrata o el que sólo se interesa por casos en los que hay dinero en juego.
No es una actitud censurable, cada uno vive de lo que hace. Uno se mueve con casos ejecutivos o una sucesión y te vas alienando en esta profesión. Pero siempre hay gente ideológicamente en la otra vereda. Se puede defender a Al Capone o a Teresa de Calcuta, pero cada uno opta por la vereda en que se pone. También existe el derecho a la defensa y no se le puede negar a nadie. Pero para mí hay un límite, que serán distintos o iguales a otros. Y el abogado debe decir “hasta acá llego”. En mí influyeron mucho las personas que me tocó defender, la vivencia con ellos o verlos en la lucha del día a día, por eso sé que muchos abogados que no toman estos temas porque no los conocen, si conocieran por ejemplo a Raquel, más de uno la acompañaría.

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HISTORICO: El Lunes 2 comienza el Juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa.

PRIMER JUICIO A GENOCIDAS EN LA PAMPA
 
El lunes 2 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa. 

La causa:

En el debate se investigan hechos ocurridos en el marco de la Causa conocida como “Subzona 14”. A todos los acusados se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada.
 
Las 28 víctimas y los hechos:

Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma, Rodolfo De Diego, Zulema Arizu, Nery Greta Sanders, Avelino Cisneros, Héctor Solecio, Erberto Cuevas, Julián Flores, Zelmira Mireya Emilce Regazzoli, Dolly Girard, Roberto Oscar Gil, Hermes Carlos Accatoli, Olga Edith Juárez, Raquel Barabaschi, Santiago Guillermo Covella, Carlos Osvaldo Aragonés, Hugo Avelino Ferrari, Ana María Martínez, Nicolás Navarro fueron detenidos ilegalmente entre el 24/03/76 y 1978 por comisiones integradas por personal militar y policial del Comando de la Subzona 14 del Ejército. Luego fueron trasladados a la Seccional 1ª de la Policía de La Pampa, donde fueron interrogados, con amenazas verbales, físicas y torturas.
En procedimientos similares, el 14/7/1976 fueron detenidos ilegalmente en el Instituto Secundario “José Ingenieros” de Jacinto Arauz donde se desempeñaban como docentes Víctor Aldo Pozo Grados, Guillermo Eduardo Quartucci, Gustavo Konning, Gerardo Nansen, Ángel Álvarez, Carlos Samprón, Samuel Bertón y Luis Carlino. De allí fueron trasladados a la comisaría local y posteriormente al Puesto Caminero de la Ruta Nº 35, donde fueron sometidos a interrogatorios bajo amenazas y torturas.
 
El Grupo de Tareas- militar y policial. Los 10 represores imputados:
La investigación judicial determinó que el grupo de tareas militar y policial que participó en dichos operativos estaba integrada por: Fabio Carlos Iriart, en su carácter de Comandante de la Subzona 1.4 durante los años 1976 y 1977; Néstor Omar Greppi (Secretario General de la Gobernación de la Provincia de La Pampa a la fecha de los hechos consignados); Roberto Constantino (Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 14); Omar Aguilera (Comisario Principal de la Policía de la Provincia de La Pampa y Jefe de Operaciones de Trabajo de la Subzona 14); Carlos Reinhart (Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones); Athos Reta (Subcomisario de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones); Néstor Bonifacio Cenizo (Oficial de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones); Roberto Fiorucci  (Jefe de Informaciones de Trabajo de la Subzona 14); Hugo Marenchino (integrante del Grupo de Operaciones) y Oscar Yorio (Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones de la Subzona 14).
Iriart está detenido con el beneficio del arresto domiciliario y Greppi será trasladado en los próximos días a Santa Rosa. Salvo ellos, los demás represores están  detenidos en la Unidad Nº4 del Servicio Penitenciario Federal, en La Pampa, donde permanecerán presos durante el juicio. Fueron detenidos por decisión del Tribunal para “preservar la tranquilidad de las víctimas”.
 
El Tribunal:
Integrado por los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi
 
La Fiscalía y las querellas:
En el juicio, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Jorge Ernesto Bonvehí. Como abogados querellantes estarán Miguel Ángel Palazzani y Augusto Osvaldo Barros, ambos en representación de dos grupos de querellas unificadas.
 
Las audiencias:
Son orales y públicas, por lo que pueden ser presenciadas por las personas de 18 años o más, que deberán acreditarse con su DNI o cédula (pasaporte en caso de ser extranjeros).
Las audiencias se realizarán los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 30, 31 de agosto y 1º de septiembre 2010, de 9 a 16 (y demás audiencias sucesivas que se harán saber oportunamente).

 

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