BAHIA, UN POQUITO MÁS BLANCA
Por Juan Muñoz
El Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. Además ordenó 17 años y medios de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. Las penas deberán ser cumplidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal o provinciales.
Bahía Blanca comenzó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.
“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976.
La celebración arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.
La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.
Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.
El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.
El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero el ex juez Alcindo Alvarez Canale se negó por temor.
Los condenados
Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.
Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.
Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.
Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.
Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.
Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.
Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.
Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.
Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.
Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.
Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.
Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.
Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.
Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.
Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.
Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.
Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.
con las atrocidades a seres humanos que cometieron estos personajes,todavia tuvieron un juicio justo y poder terminar sus dias con vida en una carcel, pensar que ellos no respetaron la vida de 30.000 argentinos torturados y desaparecidos por estos salvajes bestias.
No estoy a favor de ninguno y en contra de nadie.Pero, por favor, QUE ALGUIEN ME ACLARE DE DONDE SALE LA CIFRA DE 30.000 DESAPARECIDOS, CUANDO LA CONADEP RECONOCE MENOS DE 9.000.
GRACIAS.
sean 30.000, o 9000 o 100 personas, la aberración es idéntica. pero tenés razón Marcos, no se porque se sigue insistiendo con esa cifra. en el año 75 nomás (gobierno de isabelita perón perón perón…), asesinaron como mínimo 500 personas. que injusticia no? digo, para Julio Lopez, haber desaparecido solo o acompañado es lo mismo.
Al regreso de la democracia, en el 84, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP) reclamó por 8.961 casos, en base a las denuncias que acumuló sobre las víctimas de la represión ilegal.
Previo a eso, en Julio de 1978 las organizaciones de derechos humanos calculaban unos 22.000 desaparecidos.
Durante el gobierno de Alfonsín, el registro se fue actualizando hasta sumar 13.000 desapariciones denunciadas(de 8.961 a aprox.13.000), principalmente porque familiares de las víctimas, que no lo hicieron en su momento, se fueron animando a denunciar a medida que se alejaba el terrible recuerdo de la dictadura y se llevaba a cabo el juicio a las juntas.
En Bahía Blanca, por ejemplo, el informe de la CONADEP de 1984 refiere unas 82 desapariciones, mientras que en una investigación realizada en el 2006 se pudo comprobar que la lista de víctimas (aún incompleta) de Bahía Blanca llegaba a las 245 (Triple A y dictadura incluida), tres veces mas que la denunciada en época de la Conadep.
Esto habla a las claras de que aún hay mucho por hacer en materia de investigación y que es muy razonable pensar que la cifra pueda estar en el orden de los 30000 e inclusive la supere.
Igualmente, como dice Tandarica, no debe ser una cuestion de cifras, sino de violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, sean 30, menos o mas las miles de víctimas. Absolutamente condenable por cierto.
Fuentes:
Informe Conadep Bahia Blanca:
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/bahia/infconad_bahia01.htm
Listado 2006:
http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/listas/bahia.html
Sr/Sra Tandarica y Datos:Gracias por sus respuesta y por el tiempo que se tomaron.
Respecto a la cantidad de desaparecidos, para mi sí importa. Si buscamos justicia debemos saber la verdad, si sólo condenamos por presunciones estamos buscando revancha.
Esperemos que en este país lleguemos a la verdad y la justicia algún día; y, se condenen los excesos que se cometieron de un lado y del otro. Tanto en Democracia como en dictadura.
De este modo podremos crecer como nación con bases sólidas de Justicia y educación.
Un saludo a la distancia.