Por estas horas la elección de candidatos para integrar el recientemente reformado Consejo de la Magistratura pende de la decisión, inminente, de la Suprema Corte de Justicia. Se espera que el máximo tribunal defina en las próximas horas si es constitucional o no el más polémico de los puntos de la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional.
En lo fundamental, la ley votada el pasado 8 de mayo aumentó el número de integrantes del cuerpo encargado de elegir a los jueces y de llevar adelante los juicios políticos, entre otras funciones. Y ató su elección a las listas partidarias que se presenten en las elecciones legislativas de octubre.
Esto motivó una serie de presentaciones judiciales en su contra.
Pero el calendario corre: cada partido debe presentar sus listas en el transcurso de esta semana. Por eso la Corte se hizo cargo del tema aceptando un per saltum ante la “circunstancia de gravedad institucional” generada.
¿Qué pasó? Si bien la modificación del Consejo de la Magistratura salió por ley votada por el Congreso de la Nación, la propia división de poderes le da al Poder Judicial, en este caso, el control de legalidad de la normativa al que recurrieron los partidos de la oposición.
El primer fallo contundente en contra llegó la semana pasada cuando la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 y frenó la elección. Per saltum mediante, ahora el tema está en manos de la Suprema Corte.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dará a conocer en breve su resolución sobre la cuestión de fondo y a partir de entonces, los jueces del máximo tribunal estarían en condiciones de emitir un fallo definitorio, que podría confirmar la elección de consejeros o suspenderla.
La mayor polémica en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura se generó, por un lado, ante el aumento del número de consejeros; y por el otro, en que la elección de los mismos quede pegada a una boleta partidaria.
Palazzani
Miguel Ángel Palazzani es un abogado de reconocida trayectoria en Santa Rosa que desde marzo de este año se desempeña como fiscal especial de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Tiene años de transitar pasillos y oficinas de la Justicia pero no se considera parte de “la familia judicial”. Es docente de la Universidad Nacional de La Pampa y en su foja figura que fue uno de los querellantes en la causa contra los represores de la Subzona 14.
Palazzani se reconoce cercano al colectivo “Justicia Legítima” que viene defendiendo el paquete de leyes que le da sustento a la reforma judicial. El abogado pampeano, al igual que quienes impulsaron la modificación en el Congreso, se refiere al tema como “democratización de la Justicia”.
Consultado por La Reforma, se mostró “favorable a la participación democrática en la elección de las personas que van a elegir a su vez a los jueces de la democracia”.
Y se explayó: “Entiendo que cuanto más participación popular haya, mejor es para un Poder Judicial que está claramente cuestionado desde su matriz. Si bien hay que profundizarla y superarla (a la reforma), me parece que estamos frente a una primera medida para avanzar en ese sentido”.
– ¿Aún ante la identificación político-partidaria del candidato a ocupar un asiento en el Consejo?
– Sí, porque yo parto de la base de que es una ficción muy arraigada aquello de que el sistema judicial actual es aséptico y no tiene identificación partidaria. En realidad está y siempre estuvo politizado. Lo bueno ahora es que blanqueamos esta situación, para que yo -votante- sepa a quién elijo y sepa al tipo de juez que puede llegar a elegir la persona a la que estoy eligiendo.
– ¿Y no es peligrosa para la Justicia esa identificación partidaria?
– No lo veo mal y sí me parece importante que se clarifique de una buena vez que el Poder Judicial no es un poder aséptico ni neutral, ni nada que se le parezca; todo lo contrario: históricamente ha respondido a una matriz liberal conservadora desde 1853 porque, después de todo, así nació. Es lo que está haciendo crisis en este momento y en buena hora que podamos discutirlo.
– ¿Con los partidos siendo parte del sistema?
– Los partidos políticos son una creación de nuestra Constitución para canalizar la realización de la democracia. Por eso no lo veo para nada mal. Esa es la manera que tenemos, precisamente, de participar.
Causas
Ni bien llegó a la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Palazzani motorizó junto al también fiscal José Nebbia, una causa a la que nadie se le animaba: la investigación sobre las implicancias de directivos del diario La Nueva Provincia en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Y tiene otros temas de peso entre manos: el segundo tramo de la causa por el V Cuerpo de Ejército -que empieza el próximo 25 de junio-; la de la Armada -que arrancaría hacia fin de año o principios del próximo -; y prepara los casos contra el capellán del Ejército Aldo Vara y el de los crímenes cometidos antes del 24 de marzo de 1976 en jurisdicción bahiense.