El fiscal federal Baric inició la primera causa contra los sindicatos de empleados estatales por cortes de ruta en la provincia. ¿Se incrementa la judicialización de la protesta social? Un análisis de los cambios y novedades de la acción colectiva en La Pampa durante la última década.
Norberto G. Asquini
La semana pasada el fiscal federal Juan José Baric inició un expediente por el corte de la ruta nacional 5 por parte de los gremios estatales que reclaman por mejoras salariales al gobierno provincial. Es la primera vez que un funcionario judicial impulsa una causa contra una protesta gremial. No ha sido la única por obstrucción a las vías de comunicación en los últimos tiempos, pero da la pauta que desde que asumió el fiscal, llegado desde Buenos Aires, la consideración hacia la acción política y social ha cambiado de criterio.
El artículo 194 del Código Penal establece que cortar una calle o una ruta configura un delito que se sanciona con una pena de prisión. Algunos jueces han revalidado esto en los últimos años con varios fallos en todo el país, otros magistrados analizan que se trata meramente de una falta contravencional.
Durante los años 90, con la desmovilización general -más allá de las protestas de desocupados- los cortes no eran parte del paisaje social en La Pampa. De hecho, se recuerda que la justicia abrió una causa en 1996 por el corte de la ruta 5 por los familiares de varios detenidos por una violación y fueron condenados.
Nuevo repertorio y justicia.
A partir de 2001-2002 con el estallido de la crisis, comenzó a manifestarse todo un novedoso repertorio de acciones políticas contenciosas en la provincia. Formas de protestas y de organizarse desplegadas en cada reclamo que fueron tomando forma como reflejo de la debacle a nivel nacional.
El corte de calle se extendió así como metodología para profundizar o hacer visible un reclamo. En el país, se mantiene, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, lo que ha llevado a que el gobierno nacional quiera regular manifestaciones y piquetes a través de una ley que ingresó al Congreso.
En La Pampa de los últimos años se repitieron, en algunos reclamos, cortes de calle y movilizaciones. ¿Cómo actuó la Justicia? Antes de Baric, cuando había otros fiscales, los cortes de calle por parte de los trabajadores de la administración pública no eran judicializados. Hay que recordar que en otras oportunidades fue cortada la ruta 5 en el ingreso a la ciudad. La Justicia federal sí había intervenido en 2008 durante el conflicto entre el gobierno y las entidades rurales por las retenciones a la soja a raíz de un piquete sobre la ruta 5. Varios productores fueron procesados y luego sobreseídos en 2010. La política del Juzgado Federal previa a Baric era “cajonear” los expedientes y dejar que prescribieran.
Ahora parece haber cambiado el criterio. Baric desde que asumió el cargo inició una causa el 21 de abril de 2013 por un corte de ruta en la zona de 25 de Mayo por manifestantes que reclamaban puestos laborales en las petroleras. También otra a tres jóvenes que, entusiasmados, cortaron una ruta en Santa Isabel en reclamo del río Atuel y hay otra por un corte en la calle Congreso y avenida Circunvalación en reclamo de la situación judicial de unos detenidos. Hubo otras, pero focalizadas y que se iniciaron en General Acha por denuncia de la intendenta durante un reclamo de municipales.
Aprendizaje.
La crisis de 2001-2002 y el posterior período kirchnerista fue todo un aprendizaje para la sociedad pampeana. El repertorio de acciones colectivas en La Pampa que disparó la movilización ha variado en la provincia con respecto a la década anterior. Si bien, como hemos analizado, siempre teniendo en cuenta los elementos de lo moderado y lo tardío en la política provincial como limitantes del escenario. Por un lado, hubo un aprendizaje de experiencias nacionales y por otro hubo condiciones que se han dado durante los tres gobiernos de los Kirchner que incentivaron la acción de diversos sectores. Si las cacerolas fueron un elemento clave en diciembre de 2001 y serán retomadas como símbolo más adelante, el fortalecimiento de los sindicatos y las acciones de presión de éstos se fue dando durante el kirchnerismo.
Casos pampeanos.
En La Pampa debemos recordar en este proceso los días posteriores al 21 de diciembre de 2001, cuando algunos caceroleros, entre los que había dirigentes de la oposición local, intentaron como efecto contagio reflejar lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. El verdadero cacerolazo se desató cuando se sumó a las arengas contra la clase política y la corrupción el reclamo económico de los ahorristas afectados por el “corralito”. Hubo un banderazo sobre el Banco de La Pampa, el centro santarroseño tomado y funcionarios de la entidad golpeados en General Pico. Se llegó a intentar poco después la instalación de una carpa en la plaza San Martín en contra de los despidos del Acueducto que fue reprimida por la policía.
Tal vez de la última década la movilización más importante, y que duró más de dos meses, fue la que terminó por expulsar al intendente Juan Carlos Tierno de la Municipalidad de Santa Rosa. El verano de 2008 produjo marchas y choques violentos contra las actitudes y medidas autoritarias del jefe comunal.
Autoconvocados y demás.
Aunque hubo reclamos y movilizaciones anteriores a 2001-2002, que podemos considerar focalizados y fueron contra las políticas de ajustes nacionales, hubo innovaciones que surgieron y se instalaron en la etapa posterior en La Pampa. El caso del surgimiento de “autoconvocados” es uno de ellos. Las marchas por los pedidos de justicia para las víctimas de crímenes han sido una constante en la interpelación al poder judicial y a la policía. Esto, por supuesto, tuvo mucho que ver con la demanda de mayor seguridad urbana que tuvo visibilidad pública desde 2004. Implican desde casos puntuales por determinadas víctimas hasta más generales como las exigencias de autoconvocados en General Pico o las asambleas en algunas localidades.
Hubo otros movimientos, ya sean amplios o acotados, que también se activaron. Uno fue por una política concreta como el reclamo por el río Atuel con asambleas, cortes y volanteadas. Otros más puntuales que podemos condensar como “ambientalistas” sobre los espacios verdes y sobre todo ha sido considerable el del movimiento por los derechos humanos de manera general. La Pampa se ha “contagiado” en ese sentido de los repertorios para impulsar los temas locales. Hasta para reclamar por intereses sectoriales y económicos como fue el lock out de las entidades rurales en 2008 contra el gobierno. En este sentido, una marca actual de este período es que prevalecen las coaliciones sectorizadas en reclamos por temáticas específicas.
Sindicatos, actor central.
En ese escenario, un actor social casi central en este proceso ha sido el sindicalismo estatal. Si durante los 90 vivió la desmovilización producto de la fragmentación de la clase trabajadora con el desempleo y la subordinación al menemismo, el fortalecimiento que ha tenido el gremialismo nacional durante el kirchnerismo -empleo en ascenso y paritarias abiertas mediante- ha aumentado su capacidad de demanda y de acción. En la provincia comenzaron los gremios de la Mesa Intersindical desde su conformación en 2003 y también los docentes con sus marchas. Hubo avances concretos, como el logro del presentismo en las filas docentes y las paritarias para los trabajadores de la administración pública. En los últimos años, más allá de las cuestiones coyunturales a cada medida de fuerza, su acción confrontativa se ha agudizado, sobre todo ante las intrincadas negociaciones con el gobierno provincial y la caída del salario.
El Estado ante la protesta.
Hay en todo esto diferentes y novedosas formas de ejercicio ciudadano, como también se ha visto la incorporación en estos tiempos de la apelación a la violencia o la acción directa, si bien moderada en la mayoría de los casos. Cubiertas encendidas, reclamos airados de productores agropecuarios en la cara del mismo gobernador o forcejeos con la policía en organismos públicos no son una novedad.
Sin embargo, estas acciones colectivas no han tenido un fin destituyente para el sistema político pampeano o hicieron mella en la representatividad de la dirigencia peronista. Si en 2002 se reclamó contra los bancos y el “corralito” en lo que podía parecer un “pampeanazo”, en 2008 miles obligaron a sacar al intendente de la capital de su cargo y desde 2005 la protesta de los gremios estatales se ha profundizado, esto no significa que haya una impugnación hacia el gobierno provincial.
En ese sentido, los gobiernos provinciales han sabido encauzar, contener o doblegar movilizaciones y protestas. Absorbiendo reclamos como el río Atuel, llegando al extremo de intervenir la Municipalidad de Santa Rosa para aplacar los reclamos, repartiendo cientos de planes de empleo estatales en lo peor de la crisis de 2002, concediendo paritarias y hasta llegando al extremo de reprimir, como en 2002, a los manifestantes de la plaza San Martín.
Finalmente, estas protestas no han tenido el sentido de terminar con un gobierno y en discutir su legitimidad, sino en buscar respuestas a sus reclamos y malestar por parte del Estado-gobierno peronista. Lo que muestra la centralidad del Estado y el alto índice de gobernabilidad del peronismo en la provincia.