El diputado Martín Berhongaray advirtió esta tarde que es “un disparate la posición de Mendoza de desconocer los daños ambientales, económicos y sociales” que se produjeron en La Pampa como consecuencia del corte del río Atuel; tras la respuesta de esa provincia cuyana a la demanda realizada por el gobernador pampeano Oscar Jorge el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia.
“Es un disparate la posición del gobierno de Mendoza de desconocer los daños ambientales, económicos y sociales que se generaron en La Pampa por el corte del río en forma unilateral”, sostuvo Berhongaray en diálogo con Télam.
El legislador radical se refirió así a los argumentos planteados por el gobierno mendocino al responder la demanda de las autoridades pampeanas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el conflicto interprovincial que ambas provincias mantienen desde hace años por el río Atuel.
Entre los argumentos, Mendoza afirmó que La Pampa “no acreditó” los daños provocados por la falta de agua en el río, que fue declarado interprovincial en un fallo de la Corte Suprema en 1987, y que previamente había condenado al exilio a centenares de pobladores del oeste pampeano, la región más afectada por el corte de los caudales hace casi 70 años, tras la construcción del embalse Los Nihuiles.
“La crisis hídrica que atraviesan los ríos cordilleranos no puede servir de excusa, porque hace años, cuando los problemas habían comenzado, sobraba el agua y tampoco entregaban una gota”, agregó.
Berhongaray, además, se mostró confiado en que la Corte Suprema “va a condenar a Mendoza por no realizar un aprovechamiento sustentable del Atuel, ya que es inocultable la administración ineficiente y discrecional que han hecho del agua, en perjuicio de La Pampa”.
El manejo del recurso hídrico que desarrolla el gobierno cuyano, según expresó el diputado provincial, “ha ocasionado en territorio pampeano significativos perjuicios sociales, productivos y ambientales que van a resultar muy difíciles de revertir”.
Por último, Berhongaray advirtió sobre la presión de los regantes mendocinos y la decisión “caprichosa” de las autoridades “que continúan privilegiando el derecho de algunos regantes a seguir produciendo y desconocen los derechos de las familias pampeanas al agua de calidad”.
