El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) hará 3.500 encuestas a través de asistentes sociales a los 9.000 anotados en los listados para ser beneficiados con viviendas sociales, con el fin de darle más equidad a la adjudicación y transparentar los mecanismos de selección.
El IPAV fue autorizado mediante el decreto 916 firmado por el gobernador Oscar Mario Jorge y el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, a realizar un convenio marco con el Consejo Profesional de Asistentes Sociales de la provincia. El organismo aportará a los matriculados que serán contratados por el Estado para hacer la tarea.
Masa crítica.
El gerente general del Instituto, Juan Carlos García, explicó a LA ARENA que “la idea es que se evalúen a todos los anotados con los mismos criterios y detectar las situaciones de vulnerabilidad social que hagan que esos casos sean prioritarios. Se quiere lograr unos 3.500 relevamientos sociales que se harán mediante la contratación de asistentes sociales. Actualmente hay unas 700 encuestas socio-ambientales que han hecho las asistentes sociales que tiene el IPAV”.
“Con estos informes llegaremos a cubrir el 40 por ciento de los anotados que tiene hoy el organismo y que son la masa crítica”, comentó.
“Queremos que la adjudicación sea mejor y que los mecanismos para determinar cada situación sean más transparentes. Se hará un barrido de los problemas sociales más acuciantes, como pueden ser situaciones de hacinamiento o menores con problemas de salud”, precisó García. Si hay un anotado reciente que se encuentra bajo estas condiciones complejas que hacen que se convierta en un caso prioritario y necesite antes una solución habitacional, estas encuestas determinarán esa necesidad y su adjudicación.
“Barrido”.
El gerente general indicó que se están por entregar 2.500 viviendas en los próximos meses y que las encuestas se harán en un plazo de sesenta días en toda la provincia. “La idea fue hacer primero el reempadronamiento para depurar el listado y luego le siguen estas encuestas socio-ambientales para hacer un ‘barrido’ más exhaustivo y más profesional de los anotados, explicó”.
El funcionario comentó que los asistentes sociales que serán contratados por el Estado harán entre treinta y cuarenta encuestas cada uno y que se les pagará por informe entregado. Estos documentos tendrán un modelo y pautas mínimas estipulados para determinar la situación social, económica y habitacional de cada familia anotada.
El decreto indica en su fundamentación que “existe una vidente necesidad de realizar un relevamiento socio-ambiental eficiente y eficaz de los grupos familiares postulantes a las viviendas sociales actualmente en ejecución” y que para eso “el ejercicio efectivo de dicha tarea debe ser realizado por personas idóneas”. La gran cantidad de inscriptos hizo que se tuviera que considerar el convenio con el Consejo Profesional de
Asistentes Sociales para cumplir con esos objetivos.
Aumentarán los montos
El gerente general del IPAV, Juan Carlos García, adelantó que en poco tiempo se ajustarán los montos que se entregan por los créditos para viviendas de ese organismo, la Operatoria de Asistencia Financiera Individual. “El monto `pasará de 230 mil pesos que se entregan ahora a 287.000 pesos, lo que permitirá más margen a los beneficiarios para terminar sus viviendas”, explicó. Los créditos están destinados a las personas que tengan terreno de su propiedad, y puedan acreditar cinco años de permanencia mínima en la provincia. Tiene un plazo de cancelación de veinte años, y un periodo de gracia de doce meses.
Fuente La Arena