El pedido de se da a raíz de la situación de irregularidad en la que viven más de mil pampeanos desde hace aproximadamente diez años. “Los trabajadores realizan las tareas de porteros en los diferentes establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación provincial, y en su mayoría están sin registración o ‘en negro’ y en otros casos encubriendo su real situación de dependientes del Estado bajo la figura del ‘monotributo'”, explicó el diputado.
“Está claro que el gobierno provincial mantiene una actitud contraria a toda la legislación laboral vigente, y a contramano de la ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, con el que se busca combatir el empleo en negro, sancionada y promulgada hace menos de 2 semanas por el Congreso Nacional”, denunció.
Olivero planteó que se está “disfrazando” una relación laboral a través del “engaño” que excluye al empleador de las cargas laborales. “Fraude significa engaño, y en este caso el engaño se produce en el ámbito laboral estatal, tratando de disfrazar una relación laboral con un ropaje que excluye al empleador de las cargas que puede ocasionarle encuadrar dentro de ese régimen, sobre todo en caso de despido del trabajador, que no tendría derecho a indemnización como tampoco gozaría de los derechos de vacaciones, licencias, o de los beneficios de la seguridad social, violando normas de orden público”, sostuvo.
“Esta irregularidad –amplió– se financia todos los meses mediante el envío de fondos desde la Secretaría de Asuntos Municipales a cada municipio y comisiones de fomento ‘encubierto’ en partidas referidas a ‘gastos de funcionamiento’, tal como se puede observar en los boletines oficiales, para pagarle a los trabajadores que prestan servicios en establecimientos provinciales”.
Destacó que la Mesa Intersindical también viene reclamando por la situación de los contratados mediante la modalidad del monotributo y es uno de los motivos del pedido de reapertura de paritarias.
Finalmente instó al Poder Ejecutivo provincial a llevar adelante “medidas responsables” que eviten el traslado de la problemática a próximos gobiernos. “Se debería realizar un urgente relevamiento de la realidad de cada escuela y de esta forma iniciar un programa de contratación del personal de portería, ya sea cubriendo las vacantes dejadas por los porteros ya jubilados como creando las que se requieran, necesario para el correcto funcionamiento de cada establecimiento, máxime por la importancia que tiene la función del portero en la comunidad educativa”, concluyó.