En un auditorio ocupado por una interesante concurrencia y con una exposición de fotografías de pampeanos víctimas del terrorismo de estado (1976) y caídos en el Atlántico Sur por el hundimiento del Crucero General Belgrano (1982), prosiguieron hoy, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, las 5º Jornadas Nacionales sobre Derechos Humanos.
La apertura estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso y el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, en la oportunidad acompañados por el secretario de Políticas Aborígenes, Javier Weiss y referentes del orden nacional que ofrecieron distintas conferencias.
Las Jornadas se iniciaron ayer en la ciudad de General Pico en el multiespacio MEDANO, en tanto que hoy se desarrollaron en Santa Rosa, organizado por la Universidad y el Consejo de Psicólogos de la Provincia con el auspicio del Gobierno de La Pampa.
Políticas aborígenes
En el debate sobre los Derechos Humanos en el actual contexto socio-político ocuparon un lugar importante las Políticas Aborígenes, tema sobre el cual, Javier Weiss junto al presidente del Consejo de Lonkos, Pedro Coria, hicieron un raconto sobre lo que vienen realizando la Provincia en la materia que los ocupa, principalmente con respecto a cómo viene funcionando el Consejo Provincial del Aborigen en la nueva gestión con políticas a implementar de ahora hacia el futuro.
Weiss indicó que como integrante (secretaría ejecutiva) del Consejo Provincial Aborigen que preside la ministra Alonso, se trabaja periódicamente en comisiones plenarias y ejecutivas para abordar distintas temáticas, las mismas están divididas en Cultura y Educación, Derechos Humanos y Tierras, Producción y Salud.
“Venimos haciendo un trabajo mancomunado con las distintas comunidades de La Pampa, sabemos que el principal patrimonio es la tierra y creemos que el estado ha tenido injerencia a partir de la sanción de un nuevo Código Civil, donde en el artículo 18 se establece expresamente el reconocimiento de las propiedades comunitarias, que viene a saldar esa deuda que históricamente ocurrió. Las comunidades aborígenes se han visto avasalladas durante muchos años, no solamente en nuestro territorio, sino también en todo el país, en sus derechos y situación jurídica”, subrayó Weiss
Tras ello recordó “como Gobierno de La Pampa tenemos conocimiento de dos comunidades, la Comunidad EPUMER en Colonia Emilio Mitre y la de Teófila Videla en Santa Isabel. Sus derechos están judicializados, hubo algunas acciones de desalojo de manera que el Gobierno de La Pampa dictó la Ley 2.222 que frena esa situación, no solamente en defensa de los puesteros sino además los de las comunidades aborígenes”.
Esta Ley ha sido prorrogada hasta septiembre de 2017, “y creemos que con estas herramientas legales que se vienen articulando, más la implementación del Código Civil, vamos a poder dar respuestas a la enorme deuda que existe” finalizó.