El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, envió una nota a la presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti, a fin de responder a la invitación a participar de la reunión plenaria de la Comisión de Derechos y Garantías, de Minería Energía y Combustible y de Presupuesto y Hacienda para conocer la opinión del mandatario provincial sobre el proyecto de ley contra el tarifazo y su incidencia en el presupuesto de la provincia de La Pampa.
En la misma expresó su total adhesión al proyecto de ley en tratamiento, y auguró que la totalidad de los representantes de la provincia de La Pampa en ese Cuerpo Legislativo acompañen con su voto la iniciativa.
Verna respondió que compromisos de Gobierno impidieron su presencia pero dejó muy clara la opinión de La Pampa en relación a la temática, aclarando que el primer análisis a realizar es la evolución de las tarifas de gas y electricidad en la provincia, y dejando en claro que “ la bonanza empresaria por la fuerte readecuación de los cuadros tarifarios del gas natural y la energía eléctrica impulsada desde el Gobierno Nacional ha producido un impacto diametralmente opuesto a mis comprovincianos”.
Gas
“La licenciataria del servicio público de distribución de gas natural en La Pampa es Camuzzi Gas Pampeana SA quien en el marco de la política de readecuación tarifaria llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, entre el mes de diciembre de 2015 y abril de 2018 ha aumentado el costo de tarifas en un 798%.
Esta realidad decidida por el Gobierno Nacional ha impactado directamente en la rentabilidad de la multinacional Camuzzi, quien en los últimos 12 meses ha obtenido una ganancia de más de 452 millones de pesos, esto es un crecimiento de sus ganancias cercano al 400%, desde el año 2015 a la fecha.
Del mismo modo, la transportadora que provee gas a la distribuidora, Transportadora de Gas del Sur S.A., ha aumentado su cuadro tarifario entre diciembre de 2015 y abril de 2018 un 798% así, obtuvo en los últimos 12 meses una ganancia de más de 2.797 millones de pesos y una revalorización de sus acciones equivalente al 378%.
Esa realidad no sería de destacar si ese bienestar y bonanza empresaria se traduciría, también, en una mejora en la prestación y accesibilidad del servicio público de gas natural. Pero ello no es así.
Por el contrario, la licienciataria en la provincia de La Pampa no ha realizado ni una sola nueva conexión de gas por obras propias o financiadas por ella desde el comienzo de la readecuación tarifaria, mientras que la totalidad de las obras de infraestructura que posibilitan los servicios que hoy se prestan en el territorio pampeano fueron financiadas y ejecutadas por el Estado. Es más, actualmente el Estado Provincial se encuentra ejecutando obras de infraestructura de gas por 70 millones de pesos para responder a la demanda de más de 1500 viviendas sociales, construidas con fondos aportados por el anterior Gobierno Nacional, ante la negativa de la licienciataria de proveer del fluido necesario para su habilitación.
Teniendo en cuenta esta realidad del servicio público de gas natural en la provincia de La Pampa, y producto del incumplimiento de obligaciones previstas en la licencia, la provincia ha requerido ante el ENERGAS y actualmente a la Justicia Nacional, en el marco de la Ley de Gas y de los términos de la licencia vigente, se revoque la misma en el ámbito de la provincia de La Pampa y se conceda una nueva Licencia al Gobierno Provincial, a los fines de que opere la distribución del servicio público que estamos tratando”.
Electricidad
“En relación con el servicio público de electricidad, producto de la política de reducción escalonada sobre los precios de referencia de la potencia y energía en el M.E.M, y de recaudación tarifaria del transporte eléctrico, desde diciembre de 2015 a febrero de 2018, en la provincia de La Pampa el costo de la energía eléctrica provista por las licenciatarias nacionales ha mostrado un incremento porcentual de 1012%, mientras que el aumento porcentual del costo del transporte equivale a 1469%.
Como en el caso del servicio público de gas natural, la política llevada adelante por el Gobierno Nacional en la materia también ha impactado fuertemente en la rentabilidad de la prestadora del servicio público de transporte eléctrico.
Efectivamente, la transportista que provee de electricidad a la distribuidora provincial de energía eléctrica TRANSENER SA, en los últimos 12 meses ha obtenido una ganancia de más de 2.300 millones de pesos, ha incrementado sus ganancias en más del 18% desde el 2015 a la fecha, mientras que sus acciones se han revalorizado un 525%, tomando el mismo período.
Ahora bien, la bonanza empresaria por la fuerte readecuación de los cuadros tarifarios del gas natural y la energía eléctrica impulsada desde el Gobierno Nacional ha producido un impacto diametralmente opuesto a mis comprovincianos.
Las empresas prestadoras de los servicios públicos de gas y electricidad en el territorio provincial han sido las únicas y exclusivas beneficiadas a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, pues mis comprovincianos han visto menoscabados fuertemente sus ingresos por el aumento de las tarifas, llegando a afectar en muchos casos alrededor del 20% de los ingresos familiares y produciendo, consecuentemente, una imposibilidad real de pago de los mismos.
Impacto fiscal en La Pampa
“Por otra parte, la cuestión relativa al impacto fiscal del proyecto en tratamiento y su traslado al presupuesto de la provincia de La Pampa tiene varias aristas que deben ser tenidas en cuenta.
La primera es que no se cuenta una pauta cierta y real de su magnitud.
No obstante, la falta de precisión sobre el costo fiscal del proyecto, se advierte claramente que su aprobación y vigencia impactará en el presupuesto provincial, sin perjuicio de ello, confío por un lado en que, así como el Gobierno Nacional ha tomado medidas proactivas para garantizar una muy buena rentabilidad a las empresas prestadoras de los servicios públicos de gas y electricidad tome similares iniciativas para garantizar que las arcas provinciales no se vean afectadas por medidas que beneficiarán a una gran mayoría de los habitantes de la Nación. Aclarándose que cuenta con herramientas legales suficientes, si esa es la decisión política.
Por ejemplo, en el caso de la provincia que represento, se resolvería gran parte del impacto que se analiza, si se dispusiera la devolución a la distribuidora provincial de energía (APE) de los montos percibidos en más que han recibido CAMESA y de TRANSENER SA a partir de las medidas del Gobierno Nacional, lo que se trasladarían a las cooperativas prestadoras y a los usuarios.
Desde el mismo punto de vista, el Gobierno Nacional ha previsto en el presupuesto del corriente año subsidiar obras de infraestructura de Agua y Saneamiento SA por aproximadamente 14.000 millones de pesos. Igual medida, por similar monto, sería necesaria para cubrir el impacto fiscal que produciría el proyecto en análisis en la totalidad de las provincias Argentinas, siendo que esta medida es federal, pues impactará en todo el territorio nacional y afectará al gas y a la electricidad.
También, decisiones de políticas monetarias del Gobierno Nacional de estos últimos días produjeron la pérdida por parte del Estado de más de 10.000 millones de dólares. Ese “costo fiscal” fue asumido sin ninguna objeción. Solo una parte de ese valor sería destinado al bienestar general de todos los argentinos, con ello, resulta inexplicable la objeción técnica y política del proyecto por parte del Estado Nacional.
Efectivamente, las medidas llevadas adelante por el Gobierno Nacional han obligado al Estado Provincial a reforzar partidas presupuestarias en asistencia social, y redireccionar las políticas públicas hacia la contención de la situación socioeconómica actual.
