“Lo preocupante es que si se están robando el agua entre mendocinos, qué queda para los pampeanos”, dijo Berhongaray.
El diputado radical Martín Berhongaray, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial, por el que pretende justamente que el gobierno mendocino brinde datos precisos sobre el caso de desvío ilegal de caudales del interprovincial río Atuel ocurrido hace semanas atrás en su territorio, hecho que, según las propias autoridades mendocinas, no es la primera vez que sucede.
El pedido de informes básicamente busca tomar conocimiento de algunas cuestiones vinculadas al descubrimiento en el mes de enero de un desvío ilegal del curso del río Atuel. Así, se pide datos sobre la magnitud del desvío detectado, indicando el caudal sustraído y la prolongación de la maniobra ilícita.
Además, que se informe si el terreno beneficiado con el desvío, denominado bajo expediente ‘Inmediaciones de la Laguna Las Salinas, en apéndice noroeste del embalse El Nihuil colindante al Río Atuel de San Rafael‘, constituye una reserva natural (santuario). En caso afirmativo, de qué tipo y cuáles resultan las responsabilidades legales de custodia que pesan sobre el Estado mendocino.
En tercer lugar, si se constató el trabajo de maquinarias pesadas en la zona que habrían permitido el desvío de parte del curso natural del río Atuel; si el Estado Nacional, cofirmante del Acuerdo Marco de 2008 y garante de la utilización compartida de los recursos hídricos interprovinciales, se ha constituido como parte querellante en el expediente penal iniciado con motivo de la sustracción ilegal de caudales.
Esas cuestiones las debería responder Mendoza, pero el pedido también incluye al Estado pampeano, al que se le pide que responsa el motivo por el cual no se constituyó como parte querellante en la causa penal sustanciada para determinar las responsabilidades resultantes del desvío ilegal, y si se ha instruido sumario u otras acciones legales contra los funcionarios responsables de la omisión, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Si se roban a sí mismos, qué queda para los pampeanos
En enero pasado, la Subdelegación de Aguas del Atuel de la provincia de Mendoza informó del desvío ilegal de caudales a la altura de Salinas Chicas. Fabio Di Berardino, titular de ese organismo, reconoció que la sustracción de agua generó un símil a un delta aparentemente destinado al riego de pasturas para el posterior engorde de ganado vacuno.
El expediente administrativo iniciado por Javier Fernández, fiscal de Estado, constató el desvío efectivo de diez metros cúbicos por segundo de agua. No obstante, expuso Berhongaray, ‘el gobierno mendocino aún no reveló durante cuánto tiempo se verificó el robo del recurso hídrico. ¿Fue cuestión de días, semanas o meses?’, se preguntó.
El legislador remarcó que ‘el caudal sustraído en forma ilegal aguas arriba del dique El Nihuil equivale a la tercera parte del río Atuel, que cuenta con un módulo de 32 metros por segundo. Por otra parte, según manifestó el fiscal de Estado actuante, las declaraciones brindadas por los funcionarios del Departamento de Irrigación fueron contestes en calificar al terreno beneficiado por el desvío como una ‘reserva natural’. De allí se desprende la necesidad de establecer si existió o no un legítimo actuar del Estado mendocino en función de la custodia que debiera ejercer sobre toda área protegida’.
Entre otras contradicciones que rodean al caso, afirmó que ‘mientras la denuncia formulada por la inspección de cauce del Atuel destacó que algunos lugareños habrían visto maquinarias pesadas trabajando en la zona probablemente realizando movimientos de tierra para desviar parte del curso natural del río, Daniel Gómez -titular de Recursos Naturales de Mendoza-, señaló que ‘es casi improbable’ que se hayan desviado caudales en la zona de Laguna Chica de las Salinas’.
En ese sentido ONG’s Ambientalistas aseguran que ‘el desvío del río en esa zona no puede ser construido a mano sino con maquinaria pesada por lo que llama la atención que no se detectó al o los responsables’.
‘No cabe sino preguntarnos -dijo el legislador pampeano-, que si entre los mismos mendocinos se apropian ilícitamente del agua de otros co-provincianos, que nos queda para los pampeanos que nos encontramos aguas abajo, a cientos de kilómetros de distancia y ni siquiera articulamos los resortes legales mínimos e indispensables para interiorizarnos de lo acontecido’.
En ese marco, disparó que ‘algún sector mendocino podría pensar que esta inacción de la provincia de La Pampa configura, de un modo indirecto, autorizar la realización de esos ilícitos’.
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