La Cámara Federal de Casación Penal revisará los sobreseimientos del intendente de la localidad pampeana de Lonquimay y del jefe policial local, acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravados por ser funcionarios públicos, por ser cometidos por tres o más personas y por ser tres o más personas las víctimas, además de violación de deberes de funcionario público.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala Cuarta del máximo tribunal en lo penal del país revocó una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que había dejado sin efectos los procesamientos de ambos funcionarios acusados de “ser cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno” de esa población pampeana.
La medida alcanza a Luis Enrique Rogers, jefe comunal de Lonquimay, y Carlos Adrián Alanis, subcomisario de esa localidad en 2009, cuyos sobreseimientos serán revisados por los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, quienes el último 1 de abril declararon “erróneamente denegado” el recurso de casación interpuesto por la fiscalía.
“La naturaleza federal del agravio planteado por el recurrente -el perjuicio debidamente fundado … que la revocatoria del procesamiento se perpetúa en el tiempo e impide que continúen las actuaciones- razonablemente fundado, permite equiparar la resolución atacada a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así esta instancia”, explicaron los jueces.
En una resolución de menos de dos carillas a la que Télam tuvo acceso, los magistrados habilitaron la instancia para rever la medida tomada por la justicia bahiense en la causa en la que Rogers y Alanis están acusados de “proteger redes prostibularias que se aprovechan de la vulnerabilidad social y económica de jóvenes de zonas pobres del país”.
La fiscalía imputa a ambos funcionarios haber permitido el funcionamiento del prostíbulo Good Night, de Lonquimay, mediante “la elusión deliberada de sus funciones al no clausurarlo, por resultar contrario a la ley 12.331 -que prohíbe la existencia de burdeles en el territorio argentino- y permitir que siga abierto”.
Según las denuncias, el mismo jefe policial era quien acreditaba las deudas de mujeres con su explotador que regenteaba el lugar y el intendente era quien firmaba las libretas sanitarias de las mujeres explotadas sexualmente en el local nocturno de esa pequeña población, ubicada a 60 kilómetros de Santa Rosa, sobre la ruta 5.
