El gobierno de La Pampa presentó una ampliación de prueba en la demanda iniciada por el corte del río Atuel contra la provincia de Mendoza que ya fue notificada de la presentación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El secretario de Recursos Hídricos pampeano, Néstor Lastiri, dijo a Télam que el 9 de febrero se presentaron pruebas por la interrupción del escurrimiento y algunas denuncias sobre desvíos ilegales del río.
En la causa sobre uso de aguas, se aportó un Acta de Constatación de la Escribanía General de Gobierno de la interrupción del río del 5 de diciembre pasado y artículos periodísticos con denuncias por desvíos ilegales del agua.
Además, según comentó Lastiri, también se incorporó al expediente judicial el reconocimiento de la Unión de Comercios e Industrias de Mendoza sobre el “sufrimiento” de La Pampa por el corte del río Atuel.
El secretario provincial, además, destacó que la demanda de La Pampa del 16 de mayo del pasado ante la Corte Suprema por el corte del río interprovincial fue notificada en “forma fehaciente y certera”.
Contó que ahora, comienza a correr un plazo de 60 días hábiles que otorgó el máximo tribunal a Mendoza y a la Nación, que es la tercera involucrada y ya fue notificada, para responder a la presentación de La Pampa.
Lastiri agregó que La Pampa pide “un caudal ambiental, que se forme un comité de cuenca para tratarlo entre las partes, que se dé cumplimiento a la cooperación entre Estados para contribuir al desarrollo armónico entre las provincias, y se haga una integración entre toda la región, para que esto termine de ser un litigio entre dos provincias hermanas y que pase a ser un aprovechamiento conjunto de un recurso interprovincial”.
Por otro lado, agregó que las autoridades mendocinas “siempre negaron la situación” del río interprovincial y destacó que “en eso fueron coherentes, pero las pruebas son infinitas” sobre el perjuicio generado.
En mayo del año pasado, La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema solicitando que se declare el incumplimiento de Mendoza a la sentencia de ese tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado “interprovincial”.
