Historias: El día que el Terrorismo de Estado desembarcó en Jacinto Arauz.

El Operativo Arauz, según el libro “El Informe 14”

 Por Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla

El 14 de julio de 1976 se produjo el operativo más espectacular ocurrido en La Pampa en el marco del terrorismo de Estado. Fuerzas militares y policiales coparon la localidad de Jacinto Arauz, tomaron el Instituto Secundario José Ingenieros y detuvieron a numerosos vecinos.
Allí fueron secuestrados, entre otros, tres profesores del colegio –Carlos Samprón, Angel Alvarez y Víctor Pozo Grados-, un médico -Luis Carlino– y un miembro de la comisión administrativa de esa institución –Samuel Bertón-.
Después fueron torturados en el Puesto Caminero cercano al pueblo. Otro profesor, Guillermo Quartucci, se fugó cuando lo estaban por “interrogar” y días después el cura Valentín Bosch se tuvo que exiliar. Varios de los detenidos pasaron años encarcelados por “subversivos“.

El trabajo de inteligencia
El objetivo de los militares al copar Jacinto Arauz fue destruir lo que consideraban “un foco de enseñanza marxista y penetración ideológica de la subversión”. Así fue juzgado el Instituto José Ingenieros, cuyo director y algunos profesores procedían de afuera de la provincia, en particular de Bahía Blanca.
El operativo comenzó a tomar forma meses antes, todavía bajo el gobierno constitucional. Desde fines del ’75, las mentes de los jefes de la Subzona 14 comenzaron a planificar cómo hacer para barrer con el peligro latente de la “subversión” en La Pampa y armaron los archivos preeliminares que se utilizarían tras el golpe militar para marcar sospechosos.
La mayoría de los detenidos políticos de la Subzona 14, durante la dictadura, fue catalogada con la categoría de “peligrosos” y todos señalados en listas preparadas por la oficialidad pampeana, con colaboración de civiles, y por informes del área de inteligencia de las fuerzas de seguridad.
Así la policía y el Ejército fueron preparando el camino, entre rumores y prejuicios, para acusar a docentes y vecinos de Jacinto Arauz.
Esos documentos secretos realizados todavía en tiempos democráticos, a comienzos del ’76, constan en la causa 482/76 del Juzgado Federal santarroseño, abierta por “supuesta infracción a la ley 20.840” -contra la subversión- en la que fueron procesados cuatro de los detenidos . Esos escritos explican cómo fueron marcados los “elementos peligrosos” a través de rumores o comidillas de determinados colaboradores -algunos sabiendo, y otros no, lo que podía pasar- para sumar antecedentes sobre los “izquierdistas” de la zona.
Entre el 12 y el 15 de enero del ’76 varios policías por orden del coronel Fabio Iriart recorrieron la zona y el sudoeste de Buenos Aires y elaboraron el primer informe.
Allí se hablaba que el sacerdote Valentín Bosch había albergado a “su amiga“, la docente Ana Gispert Sauch, que había escapado de Santa Rosa en noviembre cuando el Ejército detenía a profesores y médicos. O que habían visto pasar a fines de diciembre del ’75, por la ruta nacional 35 para luego volver a Buenos Aires, varios automóviles supuestamente utilizados por la guerrilla.
También un suboficial de la Bonaerense de la localidad de Avestruz señaló a varios jóvenes de la zona como sospechosos de “ser izquierdistas“. Eran dos alumnos universitarios de Guatraché que estudiaban en Bahía Blanca y La Plata, y otro de Colonia Santa Teresa que cursaba en Rosario y que lucía “barbudo, pero al irse se rasuró la barba“, según su análisis.

El puesto caminero de Arauz. Allí torturaron a vecinos.

Sobre Arauz se hablaba de la “quinta de Nesfrías donde vivía un ex combatiente montonero” que había estado preso hasta el 25 de mayo del ’73 y había sido amnistiado. El señalado trabajaba para los hermanos Bertón. Decía el informe: “Allí se realizarían reuniones con personas en su mayoría jóvenes que llegan al lugar en distintos vehículos entre los que se destacan el de (Carlos) Samprón quien está a cargo del ciclo secundario como también un joven del medio el cual es propietario de una wiskería (local nocturno denominado “Karamba”)“. Ese joven era Darío Omar Hernández, militante de la JUP vinculada a Montoneros en Bahía Blanca, que luego sería diputado provincial y dirigente menemista en los años ’90. “Está sindicado en el medio como extremista“, indicaba el documento policial. También calificaba “como izquierdista” a otro profesor, Angel Alvarez.
Sobre Samprón, uno de los informantes afirmó que “facilita e impone la ejecución de un plan de estudio de ideología marxista” y lo calificó como “el cabecilla”. Y agregaban: “Conforme a versiones que no se lograron confirmar, en los planes de estudio para los años próximos se incorporarían temas marxistas”.
¿Quiénes informaban todo esto? Además de los policías de la zona, los archivos secretos mencionan a un farmacéutico vinculado al MID y a un conocido comerciante de General San Martín que militaba en el Mofepa.
En los escritos se sugería que tendría que ser interrogado el cura Bosch y debería localizarse a los estudiantes universitarios mencionados, “estimándose que se debería practicar en el domicilio de estos una irrupción militar“. Así como también en los domicilios de Pedro Schimpfle, Hernández, Samprón y Alvarez, entre otros.
Producido el golpe militar en marzo, la Subzona 14 recibió otro informe del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), catalogado como “Secreto” y fechado en Buenos Aires el 24 de mayo del ’76. Allí se informaba sobre el colegio secundario de Jacinto Arauz.
Esos documentos se hacían por triplicado: el original iba al Destacamento de Exploración Caballería Blindada 101 Subzona 14; el duplicado al Destacamento de Inteligencia 101; y el triplicado al Cuerpo Ejército I, Departamento segundo Inteligencia, sección Archivo.
Ese informe contenía tres puntos. Indicaba que en el secundario de Arauz durante el año ’75 la profesora de la materia ERSA (Estudio de la Realidad Social Argentina), Estela Maris Barraza, había hecho hacer a los alumnos una monografía sobre el guerrillero Manuel Negrín –nacido allí y muerto en Tucumán en octubre del ’75-; que esa tarea había provocado descontento entre los padres; y que Bosch tenía reuniones en las afueras del pueblo “con integrantes de otros cultos denominado Iglesia Valense” (sic).
Recibido el documento naval, la Subzona 14 ordenó enviar otra comisión policial a Arauz, San Martín y la zona rural de Villa Iris, en el límite de Buenos Aires. Entre el 10 y el 12 de junio, los policías hablaron con más “confidentes“. Un veterinario “en conversación informal” ratificó los rumores sobre la docente.
Los policías entrevistaron también a la madre de uno de los alumnos que era directora de la escuela primaria. Esa familia fue catalogada como “hogar cristiano” y la mujer confirmó el asunto de la monografía y añadió “que a pesar de las buenas enseñanzas que ha sido objeto el hijo, este no pareciere asimilarlas (por lo que) vigila a su hijo constantemente“. Otro padre de un alumno del Ingenieros rescató algunos trabajos prácticos de la materia ERSA que fueron sumados al informe.
El expediente fue abultado con el material entregado sobre las clases en el colegio secundario: trabajos sobre “música progresiva”, centros estudiantiles, sobre la conciencia nacional y la desocupación, con recortes de avisos clasificados del diario La Arena.
También fue entrevistado un productor agropecuario de apellido Rostán, que había sido uno de los integrantes de la comisión que había creado el Instituto, “persona ésta de reconocida solvencia en la zona como hombre de bien”.
El informe, en base a sus dichos, señaló a otros integrantes de la comisión como Bertón, “Jorge Subotich”, “Raúl Debrés”, al pastor valdense Carlos Del Monte y al abogado Humberto Emilio Bogado, “todos estos identificados como zurdos“, añadía.
Esa comisión habría sido la que había contratado a los docentes de la Universidad del Sur y algunos vecinos habían logrado “establecer de que estos habían tenido militancia izquierdista dentro de la universidad“. “A pesar de las protestas airadas” del informante, los de la comisión los habían tomado, por lo que había renunciado a ese cuerpo “viendo la influencia marxista en el instituto y de las infiltraciones producidas como consecuencia de la incidencia de Del Monte-Bogado”.
“Este informante estima que en un 80% de los alumnos que egresan de ese instituto secundario salen con ideología marxista. Aparentemente el grupo sindicado busca expandirse y lo engrosarían los alumnos que egresan del instituto“, completaba. Otra vez era mencionado el rector Samprón, quien según el informe “había sido expulsado por marxista” como director de una escuela en Bahía Blanca.
Cuando comenzaron en Arauz los arrestos en julio del ’76, los blancos fueron los marcados en los informes de inteligencia por los rumores y prejuicios.
Poco después del último informe, la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP) envió un representante para inspeccionar al colegio secundario.

Los señores inspectores
Samprón era ingeniero agrónomo, director del Instituto José Ingenieros desde marzo del ’75 y en julio del ’76 había nacido su segundo hijo. Había llegado desde Bahía Blanca luego de ser director de la Escuela de Agricultura y Ganadería. En 1971, mientras estudiaba en la Universidad del Sur conoció a Angel Alvarez , con quien cursó varias materias. Samprón fue presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía en el ‘72 y parte del ’73, integrando una corriente independiente denominada Lista Verde, y Alvarez fue secretario de la entidad. Cuando Samprón se hizo cargo del Instituto también se incorporó Alvarez. Ambos comenzaron además a brindar asesoramiento como ingenieros agrónomos a un grupo de productores rurales, que eran socios de Nuestra Casa Sociedad Cooperativa Limitada.
En esa cooperativa también trabajaba Víctor Pozo Grados, un veterinario de 33 años nacido en Pisco, Perú, que estudió en La Plata y se radicó en la localidad en 1971. Además, como muchos profesionales del medio, era profesor del Ingenieros. Compartía con los otros dos docentes una oficina en la cooperativa agropecuaria y usaba su automóvil para que los tres recorrieran la zona rural.
En el Ingenieros también eran docentes el pastor valdense Gerardo Nansen –de Instrucción Cívica e Historia-, el profesor en Letras Guillermo Quartucci, que viajaba desde Bahía Blanca, y el médico Gustavo Brower de Koning -en Química y Anatomía-. La docente señalada en los informes, Estela Maris Barraza, titular de ERSA, para 1976, ya no daba clases allí.
Samprón había sido alertado por algunos vecinos de lo peligroso que resultaba la metodología de enseñanza que se impartía en el Instituto, pero nunca pensó que podía ser catalogado de “subversivo“.
El director afirmó años después que “los chicos del Instituto tenían planteos fuertes e incluso tenían que ser moderados por nosotros. Iniciamos un proyecto de estudios donde pretendíamos que los chicos en el secundario aprendieran a leer, a escribir y a pensar. Y usábamos las técnicas que estaban de moda, fundamentalmente las de Paulo Freire. Nadie educa a nadie sino que nos educamos todos en comunión. Nosotros no inventamos nada y fue de alguna manera respondiendo a lo que quería la comunidad, que era la retención de la emigración, industrializar la materia prima de la zona, y en cuyo desarrollo nosotros participamos a través de la Cooperativa. Cuando digo nosotros, incluyo a un personaje muy querido, el profesor Angel Julián Alvarez con quien fui a La Pampa. Yo terminé como rector del Instituto porque era casado y tenía un hijo… Mi necesidad económica era mayor y me eligieron a mí. Lo que hacíamos con los alumnos era leer diarios. Era para que no creyeran ciegamente en lo que escuchaban o se decía. Para ayudarlos a pensar“.
Pozo Grados también explicó en una entrevista con La Arena: “Éramos un cuerpo de profesores que llevábamos una política educativa en relación a la formación de los jóvenes que no era nada del otro mundo. Se trataba de una formación en libertad que fue mal vista por la cacería de brujas que terminó con nosotros en la cárcel. Hay quienes creen que porque uno tiene una determinada ideología, su interés es trabajar sobre los chicos y eso no es así, canalizábamos su potencial, sus ganas de hacer cosas, sin usar para nada el castigo, y esto era mal interpretado“.
Poco después del golpe, con los informes de inteligencia de las comisiones policiales en mano, la Subzona 14 ordenó una inspección al Instituto.
La SNEP inició un sumario en el colegio y el supervisor, Jacinto Salvador Cossy Isasi, fue enviado al establecimiento en el que realizó un examen de las planificaciones de las distintas asignaturas y metodología de trabajo del ‘73 al ’76. La recorrida incluyó al Instituto Juan Manuel Estrada de General San Martín y a colegios de la localidad de Bernasconi y, en Buenos Aires, los de Villa Iris, Bordenave y Darragueira.
En su informe, que luego llegaría a manos de la Subzona 14, el inspector afirmó en un párrafo: “estimo que es visible una línea de continuidad perfectamente definible en las distintas asignaturas que fueron dictadas por su titular Estela Maris Barraza, residente en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, y egresaba en el Instituto Juan XXIII de Bahía Blanca. Por ser sintomático el hecho de idéntica posición ideológica en otros profesores egresados del mismo establecimiento superior“. La docente tenía a cargo Literatura, Filosofía y Psicología y ERSA.
Afirmaba que en la colección de textos del Instituto había autores de extrema izquierda: “de 590 volúmenes con el sello editorial del CEAL podrían marcarse como abiertamente tendenciosos unos 15″, agregaba.
“La selección de textos -continuaba- se ha efectuado exclusivamente de autores de extrema izquierda con excepción de Gabriela Mistral y Jorge Luis Borges, aunque este último se ha caracterizado últimamente por sus declaraciones despectivas sobre nuestro haber histórico y nuestros símbolos“, afirmaba en otro párrafo. Aunque aclaraba más abajo: “como resultado no se ha hallado material impreso, manuscrito o gráfico, que pudiera calificarse como subversivo o tendencioso”.
También hacía consideraciones sobre la metodología de enseñanza y la disciplina interna. Mencionaba que los profesores concurrían a clase “sin afeitarse”: “pude constatar la concurrencia de profesores que se presentan a la labor de aula con indumentaria inadecuada a su jerarquía, sin afeitarse, con la camisa desprendida y sin corbata“.
Comentaba que el “tuteo” entre profesores y alumnos había llevado “al relajamiento de la disciplina interna a la vez que con esta práctica de izquierda se han quebrado los niveles de la jerarquía (…) La observación directa ha permitido observar que en grado sensible el alumnado ‘hace lo que quiere'”, decía el inspector.
Daba cuenta también que había observado “el deplorable estado del mobiliario con pupitres donde hasta son perfectamente legibles inscripciones como las que reproduzco ‘Susana está buena para…'”.
Y aconsejaba: “Como medida preventiva convendría solicitar de las autoridades pertinentes la observación y control del local nombrado Kabac, wisquería rehabilitada con cambio de dueño. Allí se realizan las tertulias estudiantiles hasta altas horas de la noche“.
Pero faltaba aún otro informe que sumara elementos sobre lo que pensaba parte de los vecinos y, sobre todo, la policía. Entre el 5 y el 7 de julio, días antes del procedimiento militar, hizo una recorrida por Jacinto Arauz Francisco Pablo Olmedo, también supervisor de la SNEP, y realizó una visita al colegio.
En su evaluación comentó sobre la planificación de las materias y la ideología del contenido: “observo la marcada tendencia política y la exagerada orientación socioeconómica de la planificación y bibliografía de la materia Literatura de cuarto año y la misma materia de quinto. Ambas a cargo de la profesora Estela Carmen Estevez … con riesgo de deteriorar sus escalas de valores y exponerlos a ser captados a cualquier tipo de subversión”.
Hablaba, también, de lo pernicioso del tuteo entre docentes y alumnos, de la falta de formación en las ceremonias y del respeto al “pabellón nacional“, del cabello largo en los alumnos varones o no recogido en las mujeres, de la vestimenta no adecuada, del hábito del cigarrillo, del mobiliario manchado o con inscripciones y del relajamiento de la disciplina en las clases. Ese informe llegó de inmediato al Comando Subzona 14, que lo incorporó como valioso antecedente.

El operativo
El miércoles 14 de julio, apenas comenzada la fría mañana, se produjo el operativo conjunto entre el Ejército, la policía provincial y la Federal en el pueblo. Unos doscientos uniformados lo rodearon, se dirigieron al Instituto José Ingenieros para detener a los “sospechosos” acusados de haber violado la Ley 20.840 sobre actos de subversión y allanaron las viviendas de más de diez docentes y alumnos.
El rector Samprón y los docentes Quartucci, Alvarez y Pozo Grados fueron detenidos mientras daban clase. Varios soldados ingresaron con armas a las aulas y los esposaron delante de los alumnos. Los subieron a un vehículo, les vendaron los ojos y los trasladaron primero a la comisaría y luego, durante esa misma mañana, al Puesto Caminero, ubicado a unos mil metros de la entrada del pueblo, sobre la ruta 35. También fue arrestado en su domicilio Samuel Bertón, vocal de la comisión asesora del Instituto, y el pastor Nansen. Bertón era mecánico y conocido como “El Jefe” porque era el hermano mayor que había criado a sus hermanos menores y un hombre con inquietudes sociales. También Nansen, Brower de Koning y Estevez.
En el Puesto Caminero los prisioneros fueron reducidos e interrogados, algunos con aplicación de picana, como Samprón, Alvarez, Pozo Grados y Bertón. El pastor Nansen tuvo mejor suerte y no fue golpeado. En ese lugar, mientras los detenidos ilegales esperaban atados y encapuchados por el “interrogatorio”, Quartucci alcanzó a escapar.
Samprón recordó en una nota periodística que “me aplicaron la picana en las partes sensibles, estaba shockeado pero con una lucidez mental extraordinaria dispuesto a morir en ese momento sin ningún tipo de remordimiento. Después me enteré que lo que me pasaba era bastante común en esas circunstancias. No sentía dolor y no tenía miedo, como un mecanismo de defensa”.
“Me preguntaban por estupideces, buscaban una célula armada, dónde estaban las armas. Pero creo que hasta los mismos encargados del tema se daban cuenta de que eso no era serio“, dijo Samprón.
Entretanto, en el pueblo siguieron los interrogatorios y allanamientos a las casas de los detenidos. Allí se secuestraron libros, publicaciones y elementos personales.
Pozo Grados sería liberado por la tarde pero al día siguiente lo volverían a detener.
Al día siguiente, el mayor Luis Enrique Baraldini le envió el primer informe al coronel Iriart. Decía que se había realizado el 14 un operativo conjunto en el pueblo y habían sido “indagadas” ocho personas. De esos testimonios surgieron como sospechosos cuatro de los apresados. “Consecuente al punto anterior se procedió a la detención de Samuel Bertón, Guillermo Quartucci, Samprón y Alvarez“.
Indicaba que a las 19 se había levantado el apoyo de las fuerzas militares y la Policía Federal. Y que entre las 19.30 y las 20 se había producido la fuga del detenido Quartucci de una habitación en la que se encontraba junto a los otros en el Puesto Caminero, “lugar donde estaban siendo interrogados“.

La comisaría, otro de los centros de detención ilegales.

“Al momento de darse a la fuga se encontraba esposado con las manos atrás sentado en el piso y ojos vendados presumiéndose que pudo haber fallado el mecanismo de la esposa“, indicaba el escrito. Enseguida se comenzó la búsqueda del fugitivo con bloqueo de rutas, circulares interprovinciales y se puso vigilancia en Bahía Blanca, pero no pudo ser hallado. La fuga del profesor encendió a los militares y policías que comenzaron a buscarlo en el pueblo y ese escape fue utilizado como excusa para seguir allanando viviendas. Entre esos procedimientos, ingresaron a la casa de una alumna de quinto año y le secuestraron bibliografía.
El comisario del pueblo en ese entonces, Vito Maccarini, relató que “el operativo tuvo características de un verdadero sitio al pueblo, habiéndose revisado gran cantidad de domicilios particulares de la localidad considerándose la inexistencia de ordenes de allanamiento” .
El policía Alberto Gerassi señaló años después: “para realizar las detenciones indicadas no se contó ni con órdenes de allanamiento ni de captura, efectuándose todos los procedimientos de acuerdo a lo que disponían los oficiales a cargo del procedimiento“. Y el agente Héctor Oveseika dijo que a los detenidos “les vendaron los ojos y luego de dar una vuelta por el pueblo por el camino de tierra que costea la vía y sale al meridiano se fueron hasta el Puesto Caminero donde fueron entregados a tres personas de la policía que eran Fiorucci, Cenizo y Reinhardt“.
Sobre las torturas con picana y golpes, Jorge Subotich, agregó: “estos tratamientos a los detenidos en el Puesto Caminero estuvieron a cargo de oficiales de policía venidos de Santa Rosa, quienes eran dirigidos por el oficial Fiorucci“.
Al día siguiente empezaron a ser liberados varios de los detenidos como la docente Estevez, el médico Brower de Koning y el pastor Nansen.
Sólo cuatro de ellos, Samprón, Alvarez, Pozo Grados y Bertón, quedaron “implicados” y durante la madrugada del día 15 fueron llevados a la Colonia Penal de Santa Rosa en una camioneta.
Habría un quinto detenido que se les sumaría días después. El viernes 16 el médico cirujano Luis Carlino, de 29 años, quien estaba al frente de la sala de primeros auxilios, también fue capturado. Caería no por tener vinculaciones con los otros apresados, sino por una conversación mantenida en el bar del Club Villa Mengelle en la que descalificó las detenciones.
Recordaría años después que, al momento de ser apresado, estaba en el banco local por retirar dinero antes de viajar por vacaciones y bajó un policía al que conocía de un Falcon. Le dijo: “Carlino, te tengo que llevar detenido“. Y el médico alcanzó a devolver el dinero al cajero.
Carlino rememoró: “Me llevaron a la comisaría de Arauz. Ahí me torturaron. Lo primero que hicieron me pusieron una capucha y me dejaron en el patio para ver si me escapaba. Yo estaba con las manos atadas pero la soga estaba medio suelta. Después me llevaron adentro y me preguntaron quién me había traído a Arauz y me daban trompadas por todos lados. También me pegaban en los oídos con las manos abiertas para reventarme los tímpanos. Yo estaba muy asustado. Después me sacaron la capucha, estaba rodeado de policías y militares y no conocía a nadie“.
De Arauz fue trasladado a la Seccional Primera de Santa Rosa donde fue torturado y le hicieron firmar una declaración.

Las acusaciones
En base a las declaraciones sacadas a fuerza de torturas y hechas firmar a los detenidos o testigos sin darles a conocer su contenido, por un lado, y de los testimonios de vecinos y docentes del Instituto –que meses después algunos desdecirían o atenuarían frente al juez-, se “armó” la causa por “subversión” contra los cinco detenidos.
Poco después, el expediente llevado adelante por Baraldini pasó a engrosar la causa judicial iniciada por “subversión” en el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Walter Lema. En los informes de la Subzona 14, que obran en el expediente consultado, se acusó a Samprón porque “desde su cargo de rector facilita e impone la ejecución de un plan de estudio de ideología marxista”.
Introduciendo temas que les permitían la captación de alumnos. Este grupo del cual Samprón era el cabecilla secundado por Quartucci intenta captar a la profesora Estela Carmen Estevez. Lo que no consiguen por la formación espiritual religiosa de esta”. En la declaración de Samprón que firmó, sin que se la dejaran leer, indicaría que pertenecía a la extrema izquierda.
Sobre Alvarez y Quartucci se indicó que con ellos “quedó conformado el grupo de neta tendencia izquierdista ejecutando planes de estudio de corte marxista”.
De Quartucci se indicaba que había logrado escapar “encontrándose esposado lo que demuestra su peligrosidad y habilidad“, se lo tildaba de “elemento de izquierda“y se hacía un curioso perfil sobre su actividad: “Viaja desde Bahía Blanca lo que demanda un gasto 70 al 80 por ciento de lo que percibe mensualmente en el instituto, debiendo además abonar una pensión en Arauz por los días que permanece dictando sus cátedras, estas circunstancias llaman poderosamente la atención por cuanto se deduce que no obtiene ningún beneficio económico por el dictado de sus clases lo que da la pauta que esta actividad es un escudo de ocultamiento de los verdaderos fines que persigue”.
De Bertón, también considerado “elemento izquierdista“, quedó escrito que al llegar la policía intentó huir sin conseguirlo “circunstancia que demuestra que su conducta no es normal y que se sabe responsable de actividades ilegales”. También se mencionaba que le había dado trabajo en su taller a un ex guerrillero, “de este hecho se desprende la relación de Bertón con elementos subversivos”.
Sobre Pozo Grados se indicó que tenía “estrecha relación ideológica con Samprón, Alvarez y Quartucci compartiendo las ideas izquierdistas de estos”.
Y del médico Carlino dejaron constancia que “reconoce haber hecho manifestaciones públicas deteriorando gravemente la imagen de las Fuerzas Armadas y de seguridad“, y que era “simpatizante de los guerrilleros por considerar que estos luchan y mueren por un ideal no como simples ladrones”.
El caso de Carlino es un ejemplo de cómo se utilizaron algunos testimonios para armar causas. El médico había estado el día 16 a las 12.15 en la cantina del Club Villa Mengelle junto a tres vecinos conocidos suyos. La declaración de uno de los testigos afirmaría que el médico dijo que los militares “estaban equivocados“.
“Los milicos boludos creen que en la sala van a encontrar al fugado”, habría dicho, según el hombre. Además, el interrogado diría que el médico había manifestado que simpatizaba con los guerrilleros “puesto que estos mueren por un ideal y no como aquellos simples ladrones que perecen por haber asaltado un banco”.
En diciembre del ’76, cuando Carlino declaró frente al juez, manifestó que había criticado la acción del Ejército “sólo por estrategia, es decir por proceder de forma inadecuadamente desde tal punto de vista” y no recordó “haber pronunciado la palabra ‘boludos’ refiriéndose a las fuerzas armadas y de seguridad”.
También diría sobre su declaración: “El policía que lo indagada insistió en poner esa palabra y viéndose apremiado ya que declaraba encapuchado y se lo amenazaba con aplicar la ‘picana eléctrica’ accedió a firmar finalmente la declaración”.

En la cárcel
Recién el 12 de agosto los cinco detenidos en el penal de Santa Rosa serían blanqueados por la Subzona. El primer liberado de la causa fue Bertón, que estuvo preso durante 45 días hasta el 24 de agosto. Relataría que llegó a la Unidad Penal 4 y al tercer día una persona de “vestimenta militar” lo llevó a la dependencia policial de la calle Raúl B. Díaz, la Brigada de Investigaciones, donde fue torturado con golpes.
Lema recibió el expediente el 30 de septiembre y el 7 de octubre se nombró al oficial Roberto Constantino, integrante del grupo de tareas de la Subzona 14, como instructor de las actuaciones ordenadas por el magistrado. Recién el 26 de octubre los cuatro detenidos fueron acusados formalmente.
El 25 de octubre empezaron las actuaciones y los acusados a desfilar ante al juez. El 11 de noviembre estuvieron en el tribunal Samprón, Alvarez, Pozo Grados y Carlino, luego de tres meses a disposición del PEN.
Samprón afirmó sobre Lema: “mi experiencia con el juez fue lamentable. Tuvimos una entrevista de dos horas en las que hablamos como dos personas educadas del país y los temas del momento y al tiempo se me comunica que estaba en prisión preventiva por ser el responsable de la subversión ideológica y armada en sureste de La Pampa y pueblos vecinos. Y entre las pruebas tenían que en el baño del Instituto había malas palabras, que en los pupitres había malas palabras“.
En diciembre comenzaron a declarar los testigos. Pronto algunos comenzaron a desdecir los informes realizados por la policía durante el operativo o a morigerar sus dichos, ya que habían sido “mal interpretados“.
El día 10 el juez Lema en una resolución diría que no se había hallado material subversivo, pero sí tendencioso vinculado a la planificación de la materia Literatura.
Y afirmará, para seguir adelante con las actuaciones: “si bien niegan terminantemente al ser indagados su participación en los ilícitos, reconocen todos ellos que en el medio eran todos sindicados como izquierdistas sin dar razones valederas en sus descargos de los motivos por los cuáles se los tenía por tales. No es verosímil lo que afirman de que por simples habladurías de vecinos, comentarios interesados o ignorancia en cuanto a la innovación de técnicas agropecuarias, se pusiera en movimiento todo el aparato informativo de las fuerzas de seguridad llegándose arbitrariamente y sin base alguna a su detención”.
“Hay que tener en cuenta que las investigaciones comenzaron en enero por la Subzona 14 y que da una garantía de la seriedad con que se manejó la investigación y que se evaluaron con prudencia los datos obtenidos antes de efectuar los procedimientos“, agregaba.
Y finalizaba: “considera el suscrito que todos estos indicios graves, preciso y concordante y los demás que surgen de las constancias sumariales, acreditan que los imputados impartían adoctrinamiento izquierdista si bien no netamente subversivo orientado a la captación gradual y dosificada del alumnado (…) Indudablemente, como paso previo a una penetración ideológica más pronunciada en los posibles estudios universitarios superiores. Haremos referencia a que la penetración ideológica orientada a la subversión en todos los ámbitos que buscan cambiar violenta o encubiertameente el sistema de valores que forma la nacionalidad y sus instituciones fundamentales lejos de ser un mero supuesto, es una realidad vigente en nuestra realidad social actual“. Por lo tanto, “se acredita semiplena prueba la responsabilidad de los imputados en los ilícitos que se les atribuyen“.
Lema convirtió en prisión preventiva la detención de Samprón, Alvarez y Pozo Grados y liberó a Carlino el 15 de diciembre, que fue sobreseído parcial y provisoriamente.
A comienzos del ’77 desfilaron por el juzgado más testigos, entre ellos docentes, vecinos y alumnos del Instituto. Uno de los pobladores, cuyos dichos habían sido utilizados en los informes de Inteligencia, afirmaría ante el juez que los detenidos “eran personas buenas“, que no le constaba que eran izquierdistas y que sus “palabras se magnificaron“. La mayoría habló sólo de “comentarios”.
El 23 de junio del ‘77 el procurador fiscal Jorge Francisco Suter dictó una resolución proclive a los detenidos en la que habló de “desidia total por parte de las autoridades encargadas de la supervisión y contralor de la enseñanza“, y una serie de anormalidades en los manejos de la policía como la detención de Bertón y luego su libertad sin resolución ni consulta previa al tribunal. Sobre Samprón, Alvarez y Pozo Grados indicaría que “está demostrada su ideología personal que podríamos llamar la izquierda o marxista-leninista, pero de ninguna forma hasta el momento está definida en forma clara, concreta y precisa de conformidad a nuestra reglas procesales que esa tesitura ideológica la hayan volcado al mundo externo en conductas tipificadas ya sea pregonando o inculcando sus ideales a los educandos o a terceras personas del medio“. Y que Alvarez y Pozo Grados no habían llevado ninguna conducta tipificada en los artículos de la ley 20.840.
El 27 de junio el juez Lema sobreseyó a los dos, pero no a Samprón. El 12 de julio quedaron en libertad Alvarez y Pozo Grados, pero continuaron las investigaciones. La causa de Samprón fue apelada y llegó a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca.
Finalmente, sin elementos de prueba, el 29 de marzo del ‘78 el juez Lema sobreseyó a Samprón y el 30 de marzo, el último detenido del operativo de Arauz, pudo salir de la Unidad Penal 13 después de purgar 18 meses en la cárcel.