Bajo el régimen de las cuentas ordenadas

Bajo el régimen de las cuentas ordenadas

¿Hay una escuela “pampeana” de la administración pública?

Durante 32 años el Ministerio de Hacienda fue ocupado por contadores públicos formados en esa estructura. Una impronta de cuentas ordenadas, deuda nula y reservas anticíclicas, destacada a nivel nacional, aunque ese perfil hoy reciba críticas. La incidencia de los egresados de la UNLPam.

Norberto G. Asquini

Todos los ministros de Hacienda de la provincia desde la recuperación de la democracia en 1983 han sido contadores públicos egresados de la Universidad Nacional de La Pampa, los que han hecho carrera previa dentro de esa estructura administrativa. Oscar Mario Jorge (1983-1989), Osvaldo Dadone (1989-1993), Ernesto Franco (1993-2007), Ariel Rauschenberger (2007-2011) y Sergio Violo (2011 a la fecha) se han sucedido al frente de la cartera económica en las últimas tres décadas. Y con una particularidad: quien asumía el cargo de ministro había sido anteriormente subsecretario, o segundo, del titular saliente. Todos compartieron el área y se “formaron” con su antecesor, haciendo carrera en diferentes cargos políticos. Por ejemplo, Rauschenberger fue tesorero antes de ser subsecretario de Franco y Violo fue secretario de Hacienda de la municipalidad santarroseña con Jorge y subcontador general con Franco. Además, Jorge, Franco y Dadone son, o fueron, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.

“Escuela pampeana”

Los nombrados tienen un perfil claramente marcado. En ese sentido, podría hablarse de una “escuela pampeana de la administración pública”. Aunque no todos coincidieron temporal y hasta políticamente -Franco nunca trabajó con Jorge y hoy es asesor de Carlos Verna-, sí tuvieron lineamientos generales compartidos de cómo administrar los fondos públicos. Además, esta “escuela” se ha formado dentro de la estructura de Hacienda, más que en las cátedras de la UNLPam, sobre todo con el aporte de empleados de la administración pública.

La cartera económica no es una más. Los gobiernos justicialistas en la provincia basaron su gobernabilidad política, más allá de su capital electoral, en lo que llamamos el “PJ de la normalidad”, la estabilización económica, herramientas para soportar las crisis, con la utilización oportuna de sus reservas como política anticíclica. Salvo en la época de la crisis hiperinflacionaria en tiempos de Néstor Ahuad, no se dejó de pagar los sueldos. Y pese a los casos de corrupción que se sucedieron en otras áreas que escapaban a su control, como ocurrió con Bienestar Social o el IPAV durante el marinismo.

Perfil propio.

En ese sentido, La Pampa ha sido ejemplo a nivel nacional, y así lo destacan especialistas y funcionarios de otras provincias, del manejo económico-financiero de las cuentas públicas por mantenerlas ordenadas con un presupuesto equilibrado. Prueba de ello es que han sido elegidos por sus pares como presidentes de la Comisión Federal de Impuestos -Jorge, Dadone y Franco en tres oportunidades-. En ese sentido, se sostuvieron los fondos anticíclicos -que en otras provincias están determinados mediante una ley- y los resultados positivos -aunque en los últimos años hubo déficits-, y nunca hubo endeudamiento externo salvo para grandes obras de infraestructura.

Por supuesto, ese perfil también ha recibido críticas, hasta de los mismos profesionales y cada vez con mayor insistencia, porque se considera que esa concepción es muy tecnocrática y que la mirada administrativista que prioriza el orden de las cuentas no genera políticas de producción al poner el acento en la restricción de las cuentas. Pero además, porque a pesar de la corrección financiera, esto no ha generado “premios” del gobierno nacional que sigue rescatando a las provincias endeudadas.

Tendencia.

Los contadores siempre estuvieron presentes en los cargos políticos de la provincia -Luis Roldán llegó a ser ministro de Educación y otros ocuparon lugares en Rentas y Contaduría-. Aunque en la última década, con la llegada de Jorge a la gobernación, el primer mandatario que ostenta ese título, pareció que comenzaron a avanzar en otros espacios, sobre todo profesionales de confianza del mandatario. Los titulares del Banco de La Pampa tienen ese título, como ocurrió después de Jorge con Laura Galuccio y Diego Aguirre -ex subsecretario de Hacienda-. Y de hecho, el 15 por ciento de los funcionarios del organigrama provincial -y el 21 por ciento de los que tienen un título universitario- hoy son contadores públicos.

El lugar de la UNLPam.

Entre 1964, con la primera promoción de contadores públicos de la UNLPam hace cincuenta años, y los que están previsto que lo hagan este año, egresaron 1.816 profesionales de esa casa de estudios -de estos 183 en la etapa en que era provincial-. Una carrera tradicional que siempre tuvo afluencia de estudiantes, pero que también siguió las tendencias del mercado laboral de la provincia. Actualmente, un contador público, Sergio Baudino, es rector de la universidad en su segundo período.

En la década de 1970 hubo 300 egresados; en la de 1980 fueron 387; y en la de 1990, 313. En la década de 2000 aumentaron a 494 y entre 2010 y 2014 ya suman 259. En el año 2010 se dio la mayor cantidad anual de graduados con 82. La carrera se caracterizó por su nivel de exigencia, si bien en los últimos años comenzaron a flexibilizarse algunas cuestiones académicas.

En tanto, hay actualmente 1.034 matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, y el 80,5% son graduados de la UNLPam. La mayoría están geográficamente distribuidos en Santa Rosa y Toay, donde se encuentra el 62,4% de los miembros, el 15,2% ejerce en General Pico y el 22,3% en el resto de la provincia y jurisdicciones vecinas. Además, el 57,3% son varones y el 42,7% mujeres.

¿Sector público o privado?

Desde la casa de estudios se indica que los contadores públicos salidos de la UNLPam en su mayoría se insertan en el sector privado, ya sea en empresas o en estudios propios o no, y algunos llegaron a tener cargos a nivel internacional -como el caso de una asesora de la ONU en Suiza-. De hecho, la mayoría de las empresas tiene profesionales egresados de la UNLPam, como ocurre con las cooperativas. Otros consultados no comparten esta visión, y titulares de estudios afirman que no hay tanta disponibilidad en los últimos años ya que muchos prefieren ingresar al ámbito público.

La administración pública se nutrió con el aporte de cuarenta promociones. En la década del 90 empezó a ingresar una nueva camada, ya que en los años previos hubo un bache de profesionales en lugares técnicos ya que muchos elegían la Justicia o al Banco de La Pampa. Ese desfasaje se fue cubriendo a fines de los años 90 y la década de 2000, cuando muchos estudiantes comenzaron a ser contratados por cuatro años por el gobierno mediante pasantías y muchos después quedaron en planta. El caso del titular del BLP, Aguirre, es emblemático en ese sentido: fue contratado, se recibió e ingresó como empleado, fue nombrado luego subdirector y llegó a subsecretario de Hacienda. Esto se discontinuó en los últimos tiempos, ya que desde 2010 los contratos por pasantías no pueden ser superiores a un año. De hecho, la tendencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en los últimos años es el ingreso de abogados a la Justicia, más que de contadores a la esfera pública.

Un poco de historia.

En 1955 fueron incorporados a la administración pública los primeros contadores públicos nacionales con títulos universitarios: Leopoldo Casal y Carlos Sáez, llegados desde Bahía Blanca, y Eduardo Insausti, de Buenos Aires. En 1957, un relevamiento de profesionales en la provincia indicaba que había solo seis contadores públicos en el territorio. Cuando asumió el gobierno el entonces radical intransigente Ismael Amit, nombró como ministro de Economía y Asuntos Agrarios a Eduardo Cazenave, el primer contador que ocupó esa cartera. Poco después, el mandatario separaría de sus cargos por diferencias políticas al contador general Casal, al titular del Tribunal de Cuentas Insausti y a Sáez.

En 1958 se creó la Universidad de La Pampa, entonces provincial, y comenzaron a llegar docentes y profesionales, y algunos de ellos se instalaron en la provincia. Varios tendrían una carrera en la administración pública y otros ámbitos, como Ricardo Telleriarte, que llegaría a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas y gobernador de facto en 1982.

Escuela de formación.

Recuerda la historiadora Silvia Crochetti que la idea de la creación de la UNLPam fue hacer un centro universitario de carácter regional cuya finalidad era, en tiempos de políticas desarrollistas, el desarrollo de la ciencia para asegurar el progreso y la independencia económica. Por un lado, formar profesionales idóneos en materia contable para el sector privado y sobre todo para la administración pública; y por otra, técnicos e investigadores en las disciplinas agropecuarias.

Varios empleados de la administración pública comenzaron a cursar la carrera entonces y otros que ingresaron a la universidad después fueron incorporados al Estado cuya planta aumentaba de a poco. Entre los primeros egresados en la casa de estudios provincial en 1964 estuvieron Oscar Jorge y Roberto Vassia. Ambos fueron parte de quienes hicieron la carrera administrativa desde abajo, tanto en gobiernos democráticos como de facto, llegando luego a puestos políticos. De hecho, Vassia sería el primer ministro de Hacienda egresado de la UNLPam que tuvo La Pampa en 1971, durante el gobierno de Angel Trapaglia.

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Dificultosa busqueda de acuerdos ante la coyuntura electoral

Dificultosa busqueda de acuerdos ante la coyuntura electoral

El pacto del PJ y los armados políticos de la oposición dispersa

Ante la disputa entre Jorge y Verna, Marín se reunió con ambos para intentar lograr lo que parece imposible: las condiciones de convivencia pacífica en el peronismo de cara a 2015. El Frepam en la incertidumbre y pensando en Macri y Massa y el PRO con estrategia propia.

 Norberto G. Asquini 

Una cuestión central en la política pampeana para las fuerzas que la componen es cómo afrontar las elecciones en condiciones de competitividad. O sea, cómo lograr acuerdos y armados políticos, aunque éstos sean meros agrupamientos con fines electorales. Sobre todo ante la fractura interna del oficialismo en el PJ y la dispersión del arco opositor. En ambos casos, sus dirigentes tienen que resolver, en cuestión de meses, cómo sortearán ambos dilemas.

Convivencia.

En el PJ la “grieta” parece insalvable entre el jorgismo y el vernismo. Pero dentro de la interna descarnada, el presidente del partido, el ex gobernador Rubén Marín, busca bajar la tensión y establecer en calidad de mediador, alguna cuota de racionalidad para lograr que el justicialismo llegue unido a las elecciones de octubre de 2015 detrás de un solo candidato -aunque compitan dos listas en la interna-. Un pacto para crear las condiciones para una convivencia “pacífica” o pautada dentro del peronismo con la intención de afrontar el proceso electoral con algunos consensos y respetando la organicidad. Considera que la división y las posturas de máxima de los bandos pueden llevar a que uno de los sectores -el que pierda- “saque los pies del plato” y vote en contra de la Lista 2. Ante un escenario de varios candidatos a presidente que dispersen el voto peronista y una oposición unida que concentre el propio, puede ocurrir que se haga tambalear las aspiraciones del PJ para renovar otro mandato. Y algunos pronostican, y hasta con un oficialismo unido, que el justicialismo tendría una cantidad de votos más baja que en votaciones anteriores y una legislatura muy fragmentada.

Reuniones de cúpula.

Para lograr este pacto por ahora dificultoso, Marín se reunió con el gobernador Oscar Mario Jorge hace varios días y el jueves pasado lo hizo en General Pico con el senador Carlos Verna. Los encuentros son para acercar posiciones, pero es complicado. Hay una relación personal rota y llena de acusaciones hacia la otra parte. En medio, los embates del vernismo que no cesan en la Legislatura -un diputado al que llaman “ultra” pide a su pares del Frepam “degollar” a un ministro con otro juicio político- y lo que el otro sector considera “provocaciones” de algunos funcionarios jorgistas -como el lanzamiento de un ministro como precandidato a intendente en General Pico-.

Hay cuestiones de políticas públicas que son centrales en esta puja. Una es el Megaestadio, qué hará Jorge en los meses que le quedan de gobierno, y otra la nueva Ley de Hidrocarburos nacional y su aplicación en La Pampa -que afecta a las condiciones de producción locales, como lo ocurrido con el área Gobernador Ayala II-. No son problemáticas que solamente sirven para disputar la interna entre vernistas y jorgistas. Por un lado están en juego intereses en torno a la producción petrolera -personales, económicos, de sector-que mueve cientos de miles de millones de pesos, más allá de la retórica de algunos por velar por los intereses financieros de la provincia. Y por otro, son definiciones que afectarán la gestión del próximo gobierno, y Verna lo tiene en cuenta en sus aspiraciones.

Frente a esto Marín intenta atar lo desatado, crear los consensos mínimos para sostener el voto peronista en 2015 y la gobernabilidad futura. No es nueva esta estrategia ideada por el dirigente, pero sí necesaria dentro del PJ, aunque muchos le rehuyan.

¿Hay posibilidades de acercar las voluntades mediante un “pacto”, o se dejará esto librado a lo que dicten las circunstancias con sus consecuencias impensadas? Marín afirma que de las charlas con Jorge y Verna, y a pesar de los rencores entre ambos, ha sido bien recibida su propuesta. Pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Uno de los puntos tratados, fue bajar los decibeles en la Legislatura. Si el “pacto” entre los tres principales dirigentes del PJ da signos de avanzar, habrá que verlo en buena medida en las acciones del vernismo en la Cámara de Diputados. Por supuesto, hay muchos que lo quieren sabotear.

Marín se entusiasma además con algunas otras señales. Al acto de asunción del Consejo de Unidades Básicas de Santa Rosa estuvieron presentes todos los sectores, en toda su amplia diversidad más allá de las líneas mayoritarias. Más allá de alguna actitud fingida para sobrellevar las diferencias entre algunos presentes, el PJ los contiene a todos.

El ex gobernador considera además que hay cierta atenuación de las posturas kirchneristas y anti K. Hay menos apasionamiento y radicalización entre ambas posturas ante la sucesión de Cristina Fernández y la etapa que se abre. Eso ha permitido retomar conversaciones entre dirigentes alguna vez enfrentados. Es un análisis muy personal y subjetivo, por supuesto.

Los armados opositores.

Ante la división del PJ, la oposición tiene sus aspiraciones. Cada uno piensa en sus armados políticos de cara a las elecciones para romper con tres décadas de hegemonía peronista. Cuando hablamos de “armados”, es mera ingeniería electoral, no de proyectos o ideologías. Solo el fin instrumental de llegar al poder. Pero son difíciles de concretar en una coyuntura donde no hay certezas por un lado frente al panorama nacional y por otro ante las resistencias locales.

Los dirigentes de la UCR con cargos en el Congreso -Torroba, Marino, Kroneberger- son quienes están más cerca de los que ocurre con el radicalismo nacional. Frente al pragmatismo de que hace gala la superestructura partidaria, quieren “bajar” esa línea a La Pampa. Pero hay todavía abiertos varios escenarios: unos apuestan al UNEN nacional y a su boleta presidencial y otros a “provincializar” las listas, que cada distrito defina la mejor alianza en lo local. Hay otros que están trabajando para que la UCR haga una alianza con Mauricio Macri como candidato nacional.

Presos de la necesidad.

Todo es especulación en el radicalismo pampeano. Y en esta indefinición, en la incertidumbre, hay reclamos y molestar por la falta de criterios y lineamientos. Porque perder tiempo es perder votos, afirman. Los ojos están puestos en Torroba y su precandidatura a gobernador. El diputado es el dirigente mejor posicionado, y lleva adelante su estrategia de crear consenso en torno a su figura. Se reúne con diferentes sectores y asegura que solo será candidato si se cumplen sus condiciones. Si las filas no se cierran detrás suyo, no se presentará. Dice que tiene atado un acuerdo con el PRO y que es una condición que se allanen a sus pretensiones para encabezar la boleta. Muchos están presos de la necesidad y se suman. Pero el radicalismo, a pesar de tener una figura dominante, es un partido con varias corrientes en su interior. Hay desconfianza a las maniobras de Torroba porque su armado no considera aliados sino vencidos -como el definir de manera personal la conformación de las listas legislativas sin otro mérito que ser de su entorno-, y resistencias porque su idea de ampliación del Frepam no respeta ideas ni proyectos. En Santa Rosa y en el interior, hay una tendencia, nada menor, que reniega de un frente con el PRO y las consecuencias que acarrearía. De ahí la otra precandidatura, la de Juan Carlos Olivero.

Torroba en su estrategia de acumular poder, porque a pesar de tener el mayor capital electoral no es el conductor del Frepam, avanza sobre todo. Por eso ahora quiere ser el presidente de la UCR provincial, chocando sus aspiraciones con las de Kroneberger.

El PRO, solo.

Hay una sola certeza en la oposición: a pesar de la división del PJ, el Frepam no ganaría con su estructura actual y por eso hay que sumar aliados. Las posibilidades apuntan a sumar al PRO pampeano y su crecimiento. Pero también, a la manera de otros candidatos a gobernador de la UCR, Torroba mira las encuestas y considera la posibilidad de tener boleta de Sergio Massa. Algunos contactos de segundas líneas analizaron la posibilidad. La lista de UNEN, por ahora, no tienta. Entre las resistencias internas en el Frepam y la especulación torrobista, naufraga cualquier acercamiento al PRO.

A pesar de que se hable de una alianza con Javier “Colo” Mac Allister y de que a ésta solo le falta la firma del ex jugador, esto no es así. De hecho, el diputado del PRO no tiene al frente como su principal definición electoral y asegura que no hay ningún acuerdo por lo bajo. Y dice que esto es utilizado por Torroba para tratar de lograr los consensos esperados.

El diputado del PRO avanza con la apertura de locales y la adhesión de algunos referentes en distintas localidades. Afirma que con su mínima estructura propia y la boleta de Macri como candidato a presidente adelante -a lo que hay que sumar la popularidad de su figura-, sacaría los mismos votos que en 2013 y lograría igual cantidad de cargos en la provincia que en alianza con el radicalismo.

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El Interior y sus Intendentes “Inamovibles”

El Interior y sus Intendentes “Inamovibles”

La política “congelada”: la continuidad de los oficialismos locales

Intendentes que gobiernan más de diez años, alto índice de reelección y la falta de alternancia dan cuenta de la política en las localidades más chicas. Parte de la estructura territorial y el aparato electoral del PJ, pero que no es un fenómeno privativo del oficialismo.

Norberto G. Asquini

Si el Partido Justicialista pampeano ha mantenido su hegemonía durante treinta y dos años en la provincia, ocho períodos gubernamentales, ha sido por varias razones. Una de ellas es su poder territorial, reflejado en la red de intendentes y sobre todo en la política “congelada”, sin cambios, de los pueblos. Localidades en las que los gobiernos locales permanecen durante años sin alternancia, tanto de nombres como de partidos. Aunque esto no es una cuestión privativa del justicialismo, ya que a escala ocurre lo mismo con las gestiones radicales y los partidos vecinales. Un fenómeno que ha consolidado en buena medida un sistema poco competitivo en lo electoral y en el que se basa en parte los liderazgos y la preeminencia del peronismo en la provincia.

Sin alternancia.

Los números de la permanencia de intendentes e intendentas en el poder y del índice de reelección dan cuenta de este fenómeno en los últimos doce años. Por supuesto, hay diferencias según sea la característica de cada coyuntura electoral. Por ejemplo, en 2003 y 2007 ante la sucesión del gobernador de turno que no fue por otro período, había más inestabilidad, y en 2011 frente a la continuidad del mandatario y un escenario nacional sin cambios fortalecida la candidatura presidencial de CFK, no estaban dadas las condiciones para grandes transformaciones. Sin embargo, en el fondo, la estructura parece casi inmutable, y dificulta el ingreso de nuevas fuerzas en la competencia electoral.

En este marco, la alternancia es muy difícil en estas localidades, por no decir casi imposible. En el 65% de los pueblos, 50 sobre 78 relevados sin considerar Santa Rosa, ha gobernado el mismo partido durante los últimos doce años -tres períodos, de 2003 a 2015-. El 66% (33 poblaciones) corresponde al PJ que lleva tres períodos sin conocer la derrota a nivel local; el 26% (13 poblaciones) al FRAP-Frepam; y el 8% (cuatro poblaciones) a juntas o alianzas locales.

 Los nombres de siempre.

Hilemos más fino. En 28 localidades, uno de cada tres intendentes -el 36,7% del total de comunas-, gobierna desde 2003. Si vamos más atrás, algunos son “sobrevivientes” de la década menemista, ya que once de ellos -el 40 por ciento- están al frente de sus comunas desde al menos 1999: Daniel Frencia en Sarah, Norberto Rodríguez en Hilario Lagos, Carlos Grazide en Gobernador Duval, Raúl Zurbgrik en General San Martín y Hugo Colado en La Reforma del PJ; Roberto Holgado en Anchorena, Mario Roth en General Campos, Roberto Kronemberger en Perú, Luis Orgales en Carro Quemado y Oscar Flores en Alta Italia, del radicalismo; y Aldo Fernández en Pichi Huinca de una junta vecinal.

De estos 28 intendentes reelectos al menos dos veces y con tres gestiones, el 60,7% son justicialistas, el 32,1% del FRAP-Frepam y el 7,2% de juntas vecinales.

A los nombrados, hay que sumarles con doce años en el poder a Jorge Riera en Bernasconi, Serafín Eberhardt en Colonia Santa María, Jorge Cabak en Macachín, Rubén Alisón en Monte Nievas, Julio Gerez en Puelches, César Vota en Quetrequén, Facundo Sola en Realicó, José Ferreira en Rolón, Carlos Lázaro en Rucanelo, José Luis Rodríguez en Santa Isabel y Omar Canonero en Vertiz, del Justicialismo; Raúl Weymann en Colonia Santa Teresa, Luis Bertero en Maisonnave, Néstor González en Relmo y Emilio Soncini en Villa Mirasol, del radicalismo; y Mario Vicente en Van Praet y Eduardo Pepa en Intendente Alvear de alianzas locales.

Indice de reelección.

En ese sentido, también el índice de reelección entre votaciones es alto en la provincia. Y depende de cada coyuntura, como indicamos más arriba. En 2007 este índice fue del 45,5%, o sea en 35 localidades sobre 77 relevadas casi la mitad votó a jefe comunal por el candidato que estaba en el poder. El 62,9% correspondió al PJ (22 pueblos), el 31,4% al Frepam (11) y en dos localidades volvió a imponerse el postulante de una alianza local.

Este índice creció considerablemente en 2011, cuando la Plural mantuvo el poder -antes de la fractura entre Jorge y Verna-, cuando en el 74% de las localidades se reeligió a sus jefes comunales: 57 casos sobre 77. Estos representaron el 68,4% del PJ (en 39 localidades); el 21% del Frepam (12 casos); y el 10,6% de alianzas o partidos locales.

Por supuesto, este índice de reelección aumentaría si algunos jefes comunales no hubieran pasado a integrar las listas de diputados provinciales o legisladores nacionales que los aleja de la política local, como ocurrió en 2007 con varios intendentes que respondían al vernismo.

 El poder de los intendentes.

Esas localidades, por si solas, no desbalancean los comicios generales en la provincia. Pero son parte importante de las redes territoriales, de la estructura de poder y del aparato electoral del PJ. De hecho, en la última década esa estructura se ha vuelto un pilar importante de las grandes líneas. Frente a la disputa y la fragmentación interna en el justicialismo -en 2007 entre la Plural y Convergencia, en 2012 entre el jorgismo y el vernismo- los mandatarios provinciales han encontrado en su respaldo una manera de generar una nueva forma de organicidad y respaldo partidario dentro de un PJ, dividido por la confrontación. En esta dependencia de los líderes también basan hoy su presencia los intendentes como estructura de poder casi corporativa. De hecho, casi parecen definir la próxima sucesión.

“Cotos” y explicaciones.

¿Por qué se da este fenómeno? Estos “cotos” locales tienen varias causas para no cambiar a su jefe comunal o su signo político. El primero con peso para el PJ son los recursos provinciales del oficialismo y su nivel de adhesión electoral. Pero no es el único o el preponderante. Las administraciones “ordenadas” o el nivel de confianza frente a otros en las relaciones personales -un factor de peso a la hora de definir el voto local- hacen que el electorado local adhiera a un intendente local aunque vote en lo provincial en otro sentido. Hay que considerar, además, que ese tipo de respaldo refuerza en buena medida en las urnas el componente conservador del voto en La Pampa.

También tiene que ver por supuesto con cuestiones personales, como la de retener el poder y sus beneficios. Para algunos el cargo puede representar además, una vez que cumplieron con la gestión para lograr un salto a la política provincial, aunque se les niegue en su momento, como ocurrió con los intendentes de Realicó (PJ) o Anchorena (UCR), por lo que se mantienen en la comuna.

La personalización de la política y los liderazgos personalistas son otra variable de este fenómeno, y hacen a la falta de competitividad electoral, no solo entre partidos sino en una misma fuerza política. Más allá de las “redes clientelares” que pueda haber tejido entre los vecinos o el poder más o menos autoritario o democrático de un jefe comunal, muchos vecinos consideran que la permanencia de una persona al frente de la comuna garantiza la “buena administración” de la localidad.

También está relacionado con los problemas que acarrea una sucesión. Intendentes que no encuentran un sucesor calificado para sostener sus gestiones o ganar elecciones es una. Otra es el control personal sobre el poder, ya que el día después de que asume un jefe comunal, el saliente pierde su lealtad y la de muchos si no ha sabido construir un liderazgo fuerte, ya que el nuevo comienza a tejer su propia red de poder.

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Cuestiones de fondo en la caida del Ministro Varela

Cuestiones de fondo en la caida del Ministro Varela

El PJ bicéfalo y los peligros del asalto a la institucionalidad .
Jorgistas y vernistas no parecen dar marcha atrás con su disputa por el poder. En ese marco el uso y abuso de las instituciones es parte del vale todo y las presiones de los segundos, más allá de quien tenga razón. Las consecuencias de llevar una confrontación al extremo.

Norberto G. Asquini

Si se repasan las columnas publicadas durante los últimos años en esta página la interna del justicialismo pampeano ha sido calificada de diferentes maneras: descarnada, canibalizada, una disputa a todo o nada, una situación de coalición cogobernante o de políticas destituyentes.

Es que en los últimos tres años, la confrontación ocurrida en el PJ no tiene antecedentes desde la recuperación de la democracia en 1983. Sus dirigentes y las instituciones quedaron atrapados bajo la lógica de una profunda confrontación entre el gobernador Oscar Jorge y el senador Carlos Verna y sus representantes, situación que tuvo mayor o menor intensidad, entre algunas treguas circunstanciales -el acuerdo partidario de comienzos de año- hasta momentos verdaderamente críticos y virulentos -la imposición de leyes al Ejecutivo y su consecuente veto-.

A pocos meses de las grandes decisiones de cara a la sucesión de 2015, este dramático escenario se confirma y profundiza. El ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, esta semana renunció acorralado por el juicio político que tuvo que afrontar por el freno en la obra del Megaestadio. La lectura política es que fue un golpe asestado contra el jorgismo por parte del vernismo.

Los dos poderes.

El juicio político y sus consecuencias no hubieran sido posibles sin la interna del PJ. Es una de las consecuencias de la lógica en la que se desenvuelve el poder bifronte que tiene la provincia y el peronismo desde hace varios años. De un lado un gobernador que tiene el máximo cargo institucional y el respaldo de los intendentes, y del otro el senador y ex mandatario -y de hecho precandidato en las sombras y quien debía haber sido el postulante en 2011- que confronta con su gestión a través de la Legislatura y un grupo de jefes comunales.

Un escenario sometido al juego de las presiones y bajo la dinámica del no entendimiento, que tejieron una grieta, ya sea política o personal, que separa a ambos dirigentes. Y en medio, una situación de empate en la que todo vale para intentar forzar al otro a tomar un rumbo o golpearlo. Pero por ahora no hay ventajas comparativas: el poder de Jorge se mantiene a pesar de todo y Verna sigue siendo una amenaza presente.

 Institucionalidad en peligro.

En ese marco, el vernismo enfrentado al gobernador ha utilizado los resortes constitucionales y forzado la institucionalidad como mecanismos para disputar la interna. De hecho, a la situación puntual de Varela le sobrevolaron cuestiones políticas ajenas a lo que se juzgaba: entre los funcionarios jorgistas se afirma que los vernistas habían sugerido que el tema del Megaestadio fuera prenda de cambio para que se desdoblasen las elecciones como ellos pretendían; desde otros sectores que Jorge no le cumplió a Verna con algunas cuestiones planteadas en su charla en Buenos Aires como parte del acuerdo partidario, como modificaciones en la Ley de Hidrocarburos o adelantar los comicios.

Desde el jorgismo van mucho más allá y analizan que hay un abuso en la puesta en marcha de estos mecanismos como fue el caso del jury al juez Guillermo Salas, que no prosperó porque los abogados de la matrícula votaron en contra de seguirlo y los legisladores querían promoverlo a toda costa. Los jorgistas no están desacertados cuando ven el uso que se hace de los espacios institucionales para atacar la gestión: solo hay que observar el caso de las trabas a la aprobación de los excedentes presupuestarios por 760 millones de pesos y los ataques verbales sufridos por los ministros Ariel Rauschenberger y Sergio Violo en la Legislatura cuando fueron a dar su informe. Un diputado vernista llamó “cachivache” al primer funcionario, cuando éste fue parte del gobierno de Verna en su momento y tenía su consideración. Todo queda envuelto por la interna.

La confrontación descarnada y la permanente intriga tiñen además de sospechas a otras instituciones, como son los organismos de control. La labor del fiscal de Investigaciones Administrativas y del titular del Tribunal de Cuentas ha despertado la desconfianza en el jorgismo no solo por algunas resoluciones que tomaron sino también por sus salidas públicas. Sin embargo, son dos funcionarios que llegaron durante la gestión de Jorge y han sostenido posturas independientes en sus criterios.

Más argumentos.

El mecanismo del juicio político está previsto en la Constitución y todo funcionario sabe al asumir un cargo que está sometido a él. Y los diputados cumplieron con su función, como cabía ante una resolución de la FIA. Pero esto no significa que haya habido un uso político de este instrumento. Las presiones institucionales del vernismo, y con muchos menos argumentos que en el caso de Varela, han sido una constante: la consideración de un juicio político anterior al ministro de Gobierno, los jury a funcionarios judiciales o la no aprobación del pliego de otros funcionarios en el Banco de La Pampa fueron parte de la confrontación partidaria.

En tiempos de un PJ monolítico como era el marinismo, no se hubiera avanzado tan fácilmente con el juicio, para bien o para mal. Pero también la cuestión del Megaestadio, una situación en la que el vernismo tiene gran parte de responsabilidad, no hubiera avanzado en la Legislatura si no estuviera la interna de por medio.

 Sin lugar para los moderados.

Veamos la postura del marinismo ante esta situación, para dar cuenta de una posición moderada y en cierta medida racional de la interna. La llamada unidad que pontifica Rubén Marín parece un valor obsoleto en esta realidad de lógica binaria en la que quedaron envueltos Verna y Jorge.

En tanto, la vicegobernadora Norma Durango intentó ser la voz de la responsabilidad institucional al decir que no contaran con ella para profundizar la disputa. Una posición dialoguista que parece quedar aislada entre tantos cruces.

Cualquier postura que pretenda ser ecuánime en medio de esta lucha de poder parece sentenciada al fracaso: para unos Jorge fuerza la interna por su soberbia y cerrazón, para otros Verna en las sombras opera con todo lo posible para entorpecer la gestión. Para unos Jorge en su estrategia llevó al extremo la permanencia del ministro Varela y puso el cuerpo con sus salidas públicas en defensa del funcionario; para otros los diputados vernistas ya habían juzgado de antemano -más allá de los argumentos que hubiera a favor o en contra- al titular de la cartera de Obras Públicas. Desplantes y presiones son las dos caras de la falta de entendimiento. En esta tierra de nadie entre ambos dirigentes, y sus líneas, nadie parece poder sembrar un poco de juicio.

 Peligros futuros.

El PJ, en este marco de fractura y disputa descarnada, no solo debe afrontar una elección en 2015. A diferencia de otros momentos, hay cuestiones de fondo que no se están analizando hacia adelante. Una es ver qué repercusiones tendrá este uso y abuso de las instituciones para dirimir una lucha de poder. La utilización de estos resortes constitucionales ha sido avalada para pelear una interna cuyas reglas de juego parecen forzar los límites sin importarle los costos. La institucionalidad, de a poco, es degradada por estas prácticas.

Otra es qué repercusión tendrá en el votante toda esta disputa. El Justicialismo siempre fue garante de gobernabilidad en la provincia, que hoy parece quedar de alguna manera afectada.

En el PJ, esta fractura, este desacuerdo, no parece que vaya a cerrarse sino a profundizarse. No hay posibilidad de un acuerdo a 2015 si un sector analiza que el otro va a excluirlo, no solo de las listas para las elecciones sino de un futuro gobierno. Y cómo harán para lograr acuerdos mínimos cuando las heridas todavía sangran.

Por supuesto, está siempre presente la lógica del poder y la permanente reinvención del peronismo como llave para destrabar cualquier interna.

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Justicia lenta para las causas de las víctimas pampeanas

Justicia lenta para las causas de las víctimas pampeanas

Un relevamiento de la Secretaría de DDHH de La Pampa sobre los casos de víctimas pampeanas indica que la mayoría de los expedientes no registran avances y hay jueces denunciados por eso. Actualmente están siendo juzgados doce casos en megacausas como La Perla o la ESMA.

Norberto G. Asquini

Tal vez sea producto de la época, donde muchos medios prefieren obviar algunos temas. O los avances que hubo en materia de derechos humanos y la “explosión” de la memoria de la última década que hayan puesto la cuestión en un segundo plano de la agenda pública.

Sin embargo, las causas judiciales que involucran a víctimas de la dictadura militar avanzan en la Justicia en el medio de sus contradicciones, ya que por un lado investiga y por el otro frena los expedientes referidos al terrorismo de Estado en los años setenta.

Este ocurre con los casos de los más de cincuenta desaparecidos y muertos pampeanos en otros puntos del país entre 1972 y 1983 en manos de grupos de tareas. Mientras que varios de estos hechos están siendo juzgados actualmente y algunos han recibido condena, la mayoría de las causas abiertas están frenadas en los tribunales. Sí se debe destacar que hubo un avance en ese sentido en la última década: casi la totalidad de los casos pampeanos están judicializados, aunque no sea más que un nombre en un expediente vacío.

Un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, a cargo de Rubén Funes, sobre el seguimiento de cada expediente, indicó que hay actualmente unos doce casos de víctimas pampeanas que están siendo juzgados en diferentes tribunales. También muestra las causas que han quedado paralizadas por la falta de acción de determinados jueces -varios de ellos denunciados por no querer investigar casos de terrorismo de Estado-.

 

En pleno proceso.

¿Cuáles son los casos que están siendo juzgados actualmente en diferentes tribunales? La mayoría están englobados en megacausas, como son los juicios por La Perla o la tercera parte de la ESMA. En Córdoba el secuestro y las torturas al médico piquense Horacio Alvarez, desaparecido en 1976, están siendo debatidos en la megacausa La Perla. En el mismo proceso figura el santarroseño Alejandro Olachea como parte de la causa “Menéndez, Luciano Benjamín y otros” que reúne un total de 16 expedientes, 417 víctimas y 42 imputados.

En Rosario se está juzgando los casos del sacerdote píquense Miguel Angel Nicolau en la causa “Saint Amant II”, número 149/10, por parte del Tribunal Oral Federal 1. Y lo mismo ocurre con los casos de los hermanos Mario y Analía Urquizo, secuestrados y asesinados en Santa Fe en 1977, en la denominada “Causa Feced II” de los tribunales rosarinos.

El caso del araucense Néstor Rubén Grill, secuestrado en Bahía Blanca en 1976, está siendo debatido en esa ciudad por el TOF en la causa 4/07 de la Armada Argentina. El caso de Tomás Carricaburu, ex alumno de la UNS bahiense, se consideró en la causa del V Cuerpo del Ejército en esa ciudad, que fue elevada a juicio.

La desaparición de Jorge Antonio Cappello, secuestrado en “El Vesubio” de Capital Federal, está en pleno juicio junto a otras 204 víctimas. Mientras que el caso del piquense Mario Lorenzo Koncurat, junto al del santarroseño Carlos Sangiorgio, es juzgado en la denominada “ESMA III” que engloba a 68 imputados y 789 víctimas.

Los casos de Daniel Elías y Liliana Molteni -causa 14216/03 “Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad”- ya se elevó a juicio, indica la secretaría pampeana.

 

Condenas.

Los casos que llegaron a juicio y en los que represores han recibido condenas en los últimos años han sido los de Eduardo Cappello -asesinado en la “Masacre de Trelew” en 1972-; María del Carmen Morettini, desaparecida en La Plata -fue una de las primeras en ser juzgadas, en el proceso emblemática en el que fue condenado en cura Von Wernich-; y la santarroseña Lucía Tartaglia.

Por el caso de Roberto Quispe Herrera, secuestrado en 1977 en La Plata, investigado en las causas 2955, 3168/10, 3021/09 y 3064/10, fueron condenados los represores del “Circuito Camps”.

Y por el secuestro y desaparición de los hermanos Alejandro y Carlos Knobel, nacidos en General Pico, fueron sentenciados varios integrantes de la Fuerzas Armadas en uno de los desprendimientos de la megacausa “Suárez Mason”. Pero no se encontraron culpables de ambos hechos y no se avanzó en una investigación posterior.

 

Avanzadas, y frenadas.

Pero hay otras causas que han quedado frenadas en los tribunales, cuyos jueces han sido criticados y denunciados por su actuación. Muchas son por crímenes perpetrados por grupos parapoliciales ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Los casos de Ramerio Pérez y su hijo Eduardo Pérez están siendo investigados por el juez Daniel Rafecas, del Juzgado Federal 3 porteño, como parte de la megacausa conocida como “Primer Cuerpo del Ejército”.

En los tribunales federales de La Plata hay varias investigaciones en las que no se registran avances, como la de María Cristina Barbeito -acribillada en 1977-. Allí, por causas abiertas y en trámite están los casos por “desaparición forzosa”, aunque no se conocen sus avances reales, de Manuel Negrín, muerto en Tucumán en 1975; el de Juan Carlos Follonier (desapareció en 1976 en Avellaneda) en la causa 14175; de Alejandro Luis Estigarría (desparecido en 1977 en Berazategui); de Alejandro Quispe Herrera (desapareció junto a su hermano en 1977); de Oscar Ponteprimo (muerto en 1975 en Morón); y el de Ricardo Horacio Veleda (desaparecido en 1977 en Avellaneda).

El caso de Salvador De Laturi, asesinado por la Triple A a comienzos de 1976, está tratado en la causa 14176 de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) del Juzgado Federal 3 de La Plata, y el de Sergio García en el Juzgado Federal 1, del juez Humberto Blanco. El crimen de Roberto Loscertales, masacrado en octubre de 1975 junto a su mujer y otros seis militantes, está considerado en la causa 20 (ex 81983), también en manos de Blanco.

En ese sentido, el juez federal platense Humberto Blanco ha sido objeto de numerosas críticas por parte de distintas organizaciones de derechos humanos acusado de “congelar” causas de la represión ilegal que se encuentran a su cargo, entre ellas la que investiga la desaparición de Jorge Julio López.

 

En Bahía Blanca.

En Bahía Blanca está pendiente la causa que investiga el secuestro y muerte de Hugo Ardiles y Orlando Walker, la 53045 radicada en el Juzgado Federal 2 de esa ciudad. El asesinato del guatrachense Carlos Davit en 1975 también fue denunciado en esos tribunales. Durante muchos años, esos expedientes estuvieron estancados.

La Secretaría de DDHH pampeana señaló en ese sentido como un avance que “en el año 2013 el abogado pampeano Miguel Palazzani fue nombrado como fiscal subrogante en Bahía Blanca en la Unidad de Derechos Humanos que entiende sobre los delitos de lesa humanidad en esa ciudad bonaerense. El nombrado está actualmente a cargo de causas como la denominada V Cuerpo del Ejército, pero también está actuando respecto de las investigaciones en trámite sobre los asesinatos de la Triple A en dicha ciudad, como el que tuvo como víctima a Carlos Davit”.

El caso que investiga la desaparición forzada de Adrián Omar Follonier en San Pedro, Buenos Aires, quedó en manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal 2 de San Nicolás. Este magistrado ha sido recusado en varios expedientes de delitos de lesa humanidad, aunque no avanzó esta instancia, y luego denunciado ante el Consejo de la Magistratura por dilaciones y retardos en las investigaciones. Villafuerte Ruzo tenía además a cargo la causa 28556/06 de Eduardo Sergio Korsunsky, que “se encuentra sin ningún avance significativo”, precisó el documento de la Secretaría de DDHH.

En el caso de la muerte de Antonio Andrés Quispe, ocurrido en el marco de la Masacre de Ezeiza en 1973, nunca se abrió una investigación por este hecho.

Otros expedientes judiciales en marcha, dispersos en otros juzgados, son los de Chela Ruth Gil (desapareció en 1977 en Morón) radicado en Tres de Febrero; María Elena Peter Thomas (desaparecida en 1978 en Morón) y Miguel Angel Gallinari (desaparecido en 1976 en Morón) que tramitan en Morón; Teresita María Scianca (asesinada en 1976) en el Juzgado Federal 4 de Capital Federal; Juan Carlos Andreotti (desapareció en 1976 en Capital Federal) en la causa 1272 del TOF 5 porteño; y Oscar Antonio Di Dío (desaparecido en 1977 en Capital Federal) en un juzgado porteño.

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