El Diputado provincial, CPN Facundo Sola presentó, en la legislatura provincial, un proyecto de Resolución, mediante el cual rechaza la carta de intención, suscripta, entre el Poder Ejecutivo Nacional y la compañía estadounidense Hughes Network Systems, que tiene por objeto construir y operar el satélite Arsat 3. El documento supone la creación de una nueva empresa denominada “Newco”, que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada, en un 51 %, por Hughes Network Systems y, en un 49 %, por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat), cediendo soberanía científica y tecnológica. Y solicita a los Legisladores Nacionales, por la Provincia de La Pampa, oponerse al proyecto de aprobación del documento mencionado, cuando sea tratado en el Congreso de La Nación.
los fundamentos de la iniciativa, observan que el documento firmado por el Gobierno Nacional y la firma estadounidense Hughes Network Systems, consiste en una carta de intención, entre ambas partes, en la cual se comprometen a realizar un documento final para el 31 de agosto de 2017. En esta carta acuerdo, se establecen pautas para la fabricación, lanzamiento y explotación del tercer satélite geoestacionario argentino, el ARSAT-3. Este satélite operará en la banda Ka y tendrá la posibilidad de ofrecer internet de banda ancha satelital a menores costos.
Entre los términos de este documento, se enuncia la creación de una nueva compañía “Newco”, compuesta, por un 51 %, por la compañía Hughes Network Systems, y, en un 49 %, por nuestra empresa Arsat. “Newco”, operaría el satélite resultante de este acuerdo y con el satélite, uno de los recursos más valiosos y escasos con los que cuenta la empresa argentina: las órbitas geoestacionarias.
El desarrollo argentino en materia geoespacial, concretado en 2014 y 2015, con la puesta en órbita de dos satélites diseñados y producidos por la empresa argentina INVAP; le ha dado a nuestro país, la titularidad de las dos posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (72° longitud oeste y 81° longitud oeste). Las posiciones orbitales referidas, son los sitios, a 36.000 kilómetros sobre el Ecuador, donde mejor funcionan los satélites de telecomunicaciones. Ellas representan un bien estratégico para la Nación, dado que los lugares son limitados y los artefactos que se envían a esa órbita, se van incrementando continuamente.
Ahora bien, entre los compromisos asumidos en el documento firmado por nuestro país y la empresa estadounidense, se encuentra que la Argentina asigne en favor del ARSAT-3, cuyo control estará en manos de Hughes (dada la posesión del 51% del capital), alguna de las posiciones orbitales que posee como país, o la eventual posición 91,5° longitud oeste (L.O.). Las dos primeras posiciones orbitales (72° y 81° L.O.) pertenecen al patrimonio de ARSAT[1], y cualquier acto de disposición sobre las mismas, precisa de la aprobación del Congreso de la Nación, un requisito ausente en la carta de intención firmada. En este punto, la carta acuerdo que rechazamos, supone la violación del artículo N° 10 de la Ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital.
Resulta alarmante, que el documento hace referencia a la posición geoespacial 91,5° L.O., que no está actualmente asignada a la Argentina. No obstante, se asume el compromiso de gestionarla a favor del ARSAT-3, o sea, de Newco, que podría conseguir una especie de usufructo de, al menos una de las posiciones orbitales argentinas y sus frecuencias de transmisión asociadas, especialmente la banda Ka, muy apta para transportar grandes cantidades de datos y que no está presente en las capacidades de los ARSAT-1 y 2. Eso se lograría controlando el satélite ubicado en dicha orbita.
Si el acuerdo entre Hughes y ARSAT se concretara, el Estado Argentino perdería la capacidad de decisión y gestión sobre uno de los principales bienes estratégicos y soberanía.
La iniciativa de este acuerdo, implica la resignación de canales propios para mejorar la seguridad de información sensible al Estado. Por otra parte, está previsto en la propia ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, que el desarrollo de los satélites, se financiancien con fondos generados por la propia empresa y por crédito privado. La comercialización de servicios es la forma de financiar el crecimiento de la flota sin requerir transferencias del tesoro de la Nación. Desde el punto de vista estratégico, lo que se pierde, es la posibilidad de Arsat de tener ése negocio, e ir desplegando tecnología propia a través del Invap y distintas empresas argentinas.
Otra de las graves cuestiones que suscita el presente convenio, es que termina con “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035”, y resigna el desarrollo de la banda Ka, que permite brindar Internet de banda ancha a usuarios finales. El Estado renunciaría a esa posibilidad de planear una política propia, con desarrollo autónomo en banda ka; lo cual, desde el punto de vista estratégico, resulta perjudicial.
La política de desarrollo y explotación de satélites geoestacionarios lleva una década de evolución en el país, y sus principales logros son las versiones anteriores al satélite en cuestión: los ARSAT 1(convirtiendo a Argentina en el primer país latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia) y ARSAT 2.
Con la firma de este documento, nuestro país cede poder de decisión y gestión sobre activos estratégicos y esenciales del Estado Argentino como son las órbitas geoestacionarias y satélites de desarrollo nacional, consideradas de interés público[2] . Dicho en otras palabras, cede soberanía tecnológica, aeroespacial: CEDE SOBERANIA ARGENTINA.
En este orden de cosas, la soberanía satelital resulta una variable clave para defender la capacidad de tomar decisiones, de manera autónoma, respecto de los beneficios en la prestación de este tipo de servicios; y en el desarrollo de tecnologías que en pocos años, podrían comenzar a exportarse. Se trata de un área que las economías centrales consideran estratégica. Este tipo de medidas, representan la destrucción de un nuevo sector de alto valor agregado en la economía argentina: servicios satelitales, desarrollo de tecnologías incremental de satélites, procesos de transferencia de tecnología, formación de proveedores nacionales y de recursos humanos calificados.
La soberanía es patrimonio de todos, especialmente de las generaciones futuras, y que nuestra responsabilidad es cuidarla y defenderla.
[1] Establecido en el Decreto PEN 626/2007 y Ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital.
[2] Ley N° 27.208 de “Desarrollo de la Industria Satelital”
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