El jueves 14 pasadas las 19 hs nos encontrábamos varios ciudadanos y ciudadanas en la plaza central para manifestarnos en contra del tarifazo y ajuste del gobierno nacional.
En un momento advierto que la policía estaba intentando demorar a un adolescente con forcejeos y empujones. Me acerqué como cualquier ciudadano y les manifesté que esa no es la manera de proceder, menos aún tratándose de un adolescente. Le solicito a los agentes que se identifiquen y primero se niegan. Ante un intercambio de palabras los policías me piden que los acompañe a la seccional tercera para acreditar mi identidad, para esta altura de los hechos ya había manifestado mi condición de diputado provincial.
Acepto ir a la comisaría pero en el auto particular de unos amigos que me acompañaron, y nos trasladamos con dos agentes que ingresaron al mismo vehículo que yo a modo de custodia. Al ingresar en la seccional tercera el comisario Aguilar se presenta y presenta sus disculpa por los hechos, solicitando mi relato de lo sucedido porque no estaba al tanto.
Como es habitual estrategia de la policía todo procedimiento incorrecto de su parte termina justificándose bajo la figura de un llamado anónimo al 101 que denunciaba un robo, como si tal acción habilitará el abuso policial.
Es imperioso una vez más, denunciar la violencia institucional que día a día se efectúa en la provincia de parte de la policía, con el consentimiento del Ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno y el aval de su responsable político el gobernador Verna.
Ellos son los máximos responsables de la seguridad o inseguridad en la que vive nuestra población ya que por un lado se insiste con que la mano dura soluciona el problema de la inseguridad, cuando está comprobado que desde hace 30 años que se trata de un fraude, y por el otro se criminaliza a la juventud emprobrecida usándolos como chivo expiatorio de ese fracaso. Está demostrado que no son hechos aislados y que a todos nos puede alcanzar el atropello policial y la mano dura.
Una vez más debemos solicitar a las y los diputados que se dé tratamiento al pedido de modificar artículos claves de la ley orgánica de la policía y el código de faltas. Es urgente que esas leyes y normas de convivencia, y las políticas de seguridad, salud y desarrollo social estén acordes al cambio de paradigma que propone la ley de protección integral de niños niñas y adolescentes. Ley a la que adhiere La Pampa pero no termina de aplicar completamente.