Suministro de Morfina a una Adicta: Entre los sospechosos hay al menos 4 directores de hospitales.

La causa en la que se investiga la provisión de morfina a una mujer adicta, por ahora tiene la “vida arruinada” de una familia que clama su inocencia, pero en el expediente aparecen algunos datos y nombres pesados, por lo que si se va a fondo podría haber derivaciones insospechadas.

De acuerdo a lo que publica hoy en su edición de El Diario de La Pampa, la Justicia citó a indagatoria (es decir: una declaración como sospechosos de haber cometido un delito) al menos a cinco médicos, de los cuales cuatro profesionales fueron en algún momento directores de hospitales del Estado Provincial.
La mayoría de esos trámites se habrían completado a fines del mes de marzo y algunos profesionales médicos se habrían negado a declarar. No se conoce que haya sido resuelta la situación procesal de los involucrados.
Por ahora sólo hay cuatro personas procesadas, pese a que en el propio inicio del expediente el jefe de Toxicomanía, Jorge Luis Correa, hizo referencia a otra enfermera que judicialmente quedó aliviada -aunque también fue indagada-, y que es identificada por el propio jefe policial como la “secretaria” del ex subsecretario de Salud Pública, Rubén Ojuez.
Ojuez no es el único profesional médico citado en el expediente, no sólo por su relación con esa enfermera involucrada, sino también porque su nombre aparece firmando algunas de las recetas que se utilizaron para conseguir la morfina. Hay involucrados otros profesionales médicos, oriundos de Colonia Barón -localidad de la que es originario Ojuez-, de Catriló y de Guatraché. Varios de ellos fueron en los últimos años muy cercanos al poder político y designados como directores de distintos hospitales del interior de la provincia.
 

Los médicos
 

La Justicia Federal pidió la indagatoria de los médicos Fernando Andreatta (director del hospital de Guatraché), Aurora Frías (ex directora del hospital de Catriló), Ariel Paladini (director del hospital de Colonia Barón), Daniel Rodríguez Huerta (ex director del mismo hospital de Colonia Barón) y Andrea Pedetti. En principio, se investigaría un “expendio de recetas a personas que no son sus pacientes”. Tampoco se descarta que hayan podido falsificarse algunas recetas.
Las indagatorias habrían girado también en torno al artículo 294, del Código Penal, que alude al que “suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio”.
Aunque en diciembre de 2009, al pedirse las indagatorias, se dejó en claro que ese listado de médicos “puede extenderse”, Ojuez no fue incluido en el llamado, pese a que en el expediente es referido en al menos tres ocasiones como recetando veinte, quince y diez ampollas de morfina.
La familia, que aparece como “la organización” central en esta historia, insiste en que hay un “ensañamiento”: sus integrantes remarcan que la propia mujer adicta citó a la enfermera que no está procesada como “la principal proveedora”, supuestamente a cambio de ropa, dinero y perfume.
Esa enfermera, “secretaria” de Ojuez, habría sido indagada el 10 de marzo. Unos días antes indagaron a dos hijas de otra enfermera –que sí está detenida- y de inmediato se dispuso su arresto domiciliario, pese a que no se les dictó procesamiento. Otra persona que trabaja o trabajó en el Hospital “Dr. Lucio Molas” –y que habría utilizado un nombre de fantasía– también fue indagada el 9 de marzo. Después fue el turno de los médicos y en ningún caso se conoce que haya sido resuelta la situación procesal.
 

Morfina que era
de Salud Pública
 

La investigación se inició a partir de la certeza del área de Toxicomanía de que una mujer adicta, muy adinerada, conseguía la droga porque determinadas personas “le vendían morfina que procedía de instituciones de Salud Pública”, según el planteo inicial que hizo Toxicomanía.
En el inicio del expediente, los investigadores mencionaron como responsables a 3 enfermeras: una de ellas y su hijo fueron detenidos a partir de escuchas telefónicas y otras pruebas (pero no les encontraron droga); otra fue procesada junto a su pareja, un ex policía (en ese caso sí hubo allanamientos positivos y se encontró morfina que pertenecía al lote del hospital Molas, por lo que el procesamiento es más grave).
La tercera enfermera –secretaria de Ojuez y cumpliendo tareas en el Hospital Evita– quedó a salvo.
La causa tiene algunos ejemplos de que se han medido los casos con distinta vara: así como una mujer está detenida al igual que su hijo y, además, tienen arresto domiciliario otras dos hijas –pese a que ni siquiera han sido procesadas (en todos los casos se quedaron sin percibir su sueldo)-, el médico Fabio Romero resultó procesado pero está en libertad y además ejerce como profesional en la penitenciaría.
Lo mismo ocurre con la enfermera que por ahora no fue procesada: sigue trabajando.
La familia de la enfermera admite que pudo haber colaborado para que la mujer adicta accediera a la morfina –la acompañaba a la farmacia– o que la ayudó a conseguir alguna receta, pero de ningún modo a cambio de dinero. En el allanamiento que se le hizo a su vivienda y en otros domicilios vinculados no encontraron ni droga ni dinero que moviera a sospechar que podía ser consecuencia de una transacción de ese tipo.

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