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Suministro de Morfina a una Adicta: Entre los sospechosos hay al menos 4 directores de hospitales.

La causa en la que se investiga la provisión de morfina a una mujer adicta, por ahora tiene la “vida arruinada” de una familia que clama su inocencia, pero en el expediente aparecen algunos datos y nombres pesados, por lo que si se va a fondo podría haber derivaciones insospechadas.

De acuerdo a lo que publica hoy en su edición de El Diario de La Pampa, la Justicia citó a indagatoria (es decir: una declaración como sospechosos de haber cometido un delito) al menos a cinco médicos, de los cuales cuatro profesionales fueron en algún momento directores de hospitales del Estado Provincial.
La mayoría de esos trámites se habrían completado a fines del mes de marzo y algunos profesionales médicos se habrían negado a declarar. No se conoce que haya sido resuelta la situación procesal de los involucrados.
Por ahora sólo hay cuatro personas procesadas, pese a que en el propio inicio del expediente el jefe de Toxicomanía, Jorge Luis Correa, hizo referencia a otra enfermera que judicialmente quedó aliviada -aunque también fue indagada-, y que es identificada por el propio jefe policial como la “secretaria” del ex subsecretario de Salud Pública, Rubén Ojuez.
Ojuez
no es el único profesional médico citado en el expediente, no sólo por su relación con esa enfermera involucrada, sino también porque su nombre aparece firmando algunas de las recetas que se utilizaron para conseguir la morfina. Hay involucrados otros profesionales médicos, oriundos de Colonia Barón -localidad de la que es originario Ojuez-, de Catriló y de Guatraché. Varios de ellos fueron en los últimos años muy cercanos al poder político y designados como directores de distintos hospitales del interior de la provincia.
 

Los médicos
 

La Justicia Federal pidió la indagatoria de los médicos Fernando Andreatta (director del hospital de Guatraché), Aurora Frías (ex directora del hospital de Catriló), Ariel Paladini (director del hospital de Colonia Barón), Daniel Rodríguez Huerta (ex director del mismo hospital de Colonia Barón) y Andrea Pedetti. En principio, se investigaría un “expendio de recetas a personas que no son sus pacientes”. Tampoco se descarta que hayan podido falsificarse algunas recetas.
Las indagatorias habrían girado también en torno al artículo 294, del Código Penal, que alude al que “suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio”.
Aunque en diciembre de 2009, al pedirse las indagatorias, se dejó en claro que ese listado de médicos “puede extenderse”, Ojuez no fue incluido en el llamado, pese a que en el expediente es referido en al menos tres ocasiones como recetando veinte, quince y diez ampollas de morfina.
La familia, que aparece como “la organización” central en esta historia, insiste en que hay un “ensañamiento”: sus integrantes remarcan que la propia mujer adicta citó a la enfermera que no está procesada como “la principal proveedora”, supuestamente a cambio de ropa, dinero y perfume.
Esa enfermera, “secretaria” de Ojuez, habría sido indagada el 10 de marzo. Unos días antes indagaron a dos hijas de otra enfermera –que sí está detenida- y de inmediato se dispuso su arresto domiciliario, pese a que no se les dictó procesamiento. Otra persona que trabaja o trabajó en el Hospital “Dr. Lucio Molas” –y que habría utilizado un nombre de fantasía– también fue indagada el 9 de marzo. Después fue el turno de los médicos y en ningún caso se conoce que haya sido resuelta la situación procesal.
 

Morfina que era
de Salud Pública

 

La investigación se inició a partir de la certeza del área de Toxicomanía de que una mujer adicta, muy adinerada, conseguía la droga porque determinadas personas “le vendían morfina que procedía de instituciones de Salud Pública”, según el planteo inicial que hizo Toxicomanía.
En el inicio del expediente, los investigadores mencionaron como responsables a 3 enfermeras: una de ellas y su hijo fueron detenidos a partir de escuchas telefónicas y otras pruebas (pero no les encontraron droga); otra fue procesada junto a su pareja, un ex policía (en ese caso sí hubo allanamientos positivos y se encontró morfina que pertenecía al lote del hospital Molas, por lo que el procesamiento es más grave).
La tercera enfermera –secretaria de Ojuez y cumpliendo tareas en el Hospital Evita– quedó a salvo.
La causa tiene algunos ejemplos de que se han medido los casos con distinta vara: así como una mujer está detenida al igual que su hijo y, además, tienen arresto domiciliario otras dos hijas –pese a que ni siquiera han sido procesadas (en todos los casos se quedaron sin percibir su sueldo)-, el médico Fabio Romero resultó procesado pero está en libertad y además ejerce como profesional en la penitenciaría.
Lo mismo ocurre con la enfermera que por ahora no fue procesada: sigue trabajando.
La familia de la enfermera admite que pudo haber colaborado para que la mujer adicta accediera a la morfina –la acompañaba a la farmacia– o que la ayudó a conseguir alguna receta, pero de ningún modo a cambio de dinero. En el allanamiento que se le hizo a su vivienda y en otros domicilios vinculados no encontraron ni droga ni dinero que moviera a sospechar que podía ser consecuencia de una transacción de ese tipo.

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Denuncian Poda Indiscriminada en General San Martín.

Un vecino de General San Martín, –asiduo lector de nuestra página web-, nos envió ésta foto manifestando su preocupación por la poda indiscriminada por parte de operarios municipales de varios árboles plantados en el acceso central a la localidad de General San Martín.

En el mail en cuestión, el vecino, –quién pidió reserva de su identidad-, afirma que “alarma sobremanera la falta de conocimiento del personal a cargo de las tareas de poda, pues ésta práctica ejercida en forma abusiva, ha dejado los árboles practicamente mutilados —situación que ilustra la fotografía– sin distinguir entre dañados o secos y aquellos que estaban en buen estado“.

Espero que alguna autoridad pueda leer la noticia que Uds. ruego publiquen, para que se detenga el abusivo accionar contra nuesto arbolado urbano“, finaliza en su carta el vecino sanmartinense.

 

N. de la R. A ver si alguien le acerca al Intendente Zurbrik el número de celular del Ingeniero Roberto Russo.

Mas info en: http://jardineriapampeana.blogspot.com/2009/06/sabe-usted-podar.html

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Malestar en Jacinto Arauz por Tarifazo Municipal.

(L.A).La aprobación de una ordenanza municipal que establece el pago mensual de conservación de cementerio por parte de cada titular de un inmueble, provocó la reacción en contra de un poblador de ésta localidad. También cuestionó la incorporación de personal municipal en forma innecesaria y gastos que podrían evitarse.

El vecino de aquella localidad, Hugo Hernandez, explicó que la nueva ordenanza del cementerio aumenta el valor del servicio un 265%, ya que costaba 19,50 pesos al año y ahora pasará a 72 pesos en ese lapso de tiempo, además de obligar a pagar a vecinos que no tienen familiares en el lugar.

La idea mas brillante que se les ocurre es aumentar los impuestos, aunque ni siquiera cumplan con eficiencia los que ya cobran onerosamente“, disparó.

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Grave acusación de un camionero de General Campos: ¿Rollos en un campo del Subsecretario Schmidt?.

Derivaciones del escándalo en torno al Ministerio de la Producción. Superaría en medio millón de pesos la estafa que involucra a empleado público.

El transportista oriudo de General Manuel Campos, Amílcar “Pelusa” Gómez, dijo que uno de sus camiones dejó rollos en un campo ubicado en cercanías a Santa Rosa, frente al frigorífico Carnes Pampeanas. El abogado de Gómez, Omar Gebruers, indicó que sería el campo del subsecretario de Asuntos Agrarios, Enrique Schmidt.

También apuntó al ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, por la respuesta que le dio a su reclamo. Primero negó que conociera a Manuel Garialde pero después reconoció que sabía que tenía “camioneta nueva”. Afirmó que “no puede ser que una persona tenga tantos quilombos y el ministro no la conozca”.
Gómez declaró el miércoles en General Pico. En una entrevista que publica el Diario en su edición de hoy, relató cómo surgió el vínculo con Garialde y por qué lo fueron a ver a Ferrán.

Gómez afirma que Garialde le debe $ 130.000 por los viajes realizados. Otro contratista, Rubén Corral, le reclama $ 170.000 por los rollos que le pidió para abastecer –según ese contratista– al Ministerio de la Producción y asistir a los productores por la sequía.
– ¿Quién te contrató?
Garialde lo contactó a Corral, nosotros hace siete años que trabajamos con Corral. Y él (Garialde) le pidió un fletero y Corral le pasó el número mío. Estaba Corral de por medio y arreglamos. Garialde dijo que era empleado de Gobierno, que estaba con el tema de la Emergencia, que había que mandar rollos para allá, para otro lado.
Primero pagó, después se empezó a trabar. ¿Y vos que hacés? Como era algo tan grande, dijimos de llamar a Casa de Gobierno, llamamos y nos dicen que Garialde trabaja ahí.
– ¿Es decir que desconfiaron en algún momento?
– Cuando se empezó a atrasar todo, te empezás a frenar. Empecé a sacar camiones. No para cortar la relación, pero para acomodarlo.
– ¿Cómo te dijo que era del Gobierno?
– Me dijo que compraba rollos para el Gobierno, por el Plan de Emergencia.
– ¿A ustedes les decían eso y arrancaban?
– Pero si vos llamás a Casa de Gobierno y te dicen que esa persona trabaja ahí….
– ¿Cómo acordaste el pago?
– Y… vos vas cobrando y después al final facturás todo. Pero vas cobrando para pagarle a los choferes y los gastos, el gasoil. Lo que pasa que al principio algunos pagos hizo, pero cuando no había efectivo, lo empezás a frenar. Después empezaron a rebotar cheques y que debía rollos en un lado, en otro… se paró.
El decía que tenía que ir a ver un campo por el Gobierno y nos veíamos en una estación de servicio, y nos daba plata.
– ¿Cuántos viajes hiciste?
– Más o menos no sé. Yo tenía tres camiones. Le alquilé el camión a un conocido. Todavía le debo, era un amigo y me dijo que cuando pueda lo acomode.
– ¿A dónde eran los viajes?
– A todos lados. Incluso hemos llevado a la provincia de Buenos Aires, en Rivera para CEPA. Fuimos a Acha, a Cuchillo Có, a Santa Rosa, en Colonia Santa María.
– ¿En Colonia Santa María a quién le dejaron?

– Yo no fui, pero era a la Municipalidad, a la Comisión de Fomento. En el caso de Rivera, la gente se quejó porque no le dio la factura. Es una firma grande donde son muy estrictos.
– ¿Hubo entregas en el campo de Garialde?
– El decía “un campo mío”, “un campo que alquilé”. Cerca de Santa Rosa. Uno era para el lado del frigorífico (Carnes Pampeanas). Un chofer me dijo que estaba al lado de la ruta, cerca del frigorífico. Ese campo queda tomando un camino pasando el frigorífico. Incluso a Corral le pidió si le podía pasar la rastra, pero no hubo acuerdo porque le iba a pagar poco.
– ¿Cómo fue la charla con el ministro Ferrán?
– Fuimos con mi padre que lo conocía de cara a Ferrán. Porque lo que pasó es que nosotros sabíamos que no íbamos a llegar a Ferrán, porque la pareja o la cónyuge de Garialde nos iba a frenar. Otra gente ya había llamado porque Garialde les debía y no pudieron hablar con Ferrán.
Lo paramos y le dijimos si nos podía atender. Nos dijo que estaba apurado. Y al final nos atendió. Cuando le explicamos dijo que a Garialde no lo conocía. Nosotros creíamos que la pareja de Garialde era la secretaria, pero nos mostró a la secretaria, abrió la puerta. Después le dijimos que era Patricia Primucci y ahí sí dijo “ésa es una de mis abogadas”.
Pero, además, hubo otras cosas. Nos dijo que no lo conocía, pero cuando le dijimos al final de la charla que Garialde había comprado una camioneta dijo “sí, la vi”. ¿Cómo, no lo conocés, pero a la camioneta la viste?.
¿Creés que Ferrán se portó mal?
– No hizo nada. Sale ahora a desmentir… Lo malo es que uno sabe las cosas y no quedó asentado en ningún lado. Yo quería cobrar nada más. Y él se lavó las manos. Ahora lo suspendieron. ¿Por qué ahora y no antes? Garialde nos dijo: “a mí nadie me va a mover porque yo tengo un puesto político”.
– ¿Y los hechos confirmaron que a él lo bancaban?
– No sé. Pero él (Garialde), todo lo que hizo no lo pudo hacer solo. Les debía rollos a muchos. Yo estaba en contacto con los que les debía rollos. Si una persona tiene tanto quilombo, se tiene que enterar el ministro. Lo tiene que frenar antes. Yo no era el único. Hubo otra gente que quiso llegar y la abogada esta los trató mal.
– ¿Otras personas fueron a reclamar?
– Tengo entendido que iban a hablar con Garialde, pero terminaban hablando con la abogada. A uno sé que lo trató mal.
Nosotros fuimos con la idea de que el ministro (Ferrán) no sabía lo que hacía Garialde. Uno agota todo. Mirá lo estúpido que somos, fuimos con el talonario para facturarle!!…(risas). Claro: nosotros pensamos que nos iba a decir “siéntense” y nos hacía la facturita… Nos hicieron la factura, pero bueno.
Uno se entera de todo después. Y cuando saltó, en todos lados Garialde debía. La carta de presentación era el Ministerio de la Producción.
– ¿Les dijo que tenían que llamarlo si los paraban en una caminera?
– Cuando arreglo viajes, lo primero que digo es qué pasa si nos paran. Por la hora o por la multa. A veces en un puesto te dejan pasar y en otro te frenan. Y ahí me dijo que los choferes lo llamaran a él y que dijeran que iban por el programa de Emergencia.

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No informan sobre asamblea de la Cooperativa en Macachín

(L.A). Según publica en su edición de hoy el diario La Arena, la entidad solidaria se amparó en una resolución de 1987 para no hacer publicidad este año para su asamblea anual. Es legal, pero no promueve la participación. El subsecretario de Cooperativas es su vocal.
La última asamblea de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín Limitada, en la que se aprobó la Memoria y Balance de 2009 y se decidió la continuidad del actual Consejo de Administración, se hizo notar también por la inusual poca difusión que se hizo de la convocatoria a sus asociados para participar.

Aunque esta entidad solidaria arrojó excedentes y no hay mayores conflictos en la renovación de sus autoridades, la falta de notificación pública a los asociados, que no llegan a 2.000, llamó la atención porque ocurre, o puede ocurrir, en otras cooperativas de la provincia. En esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, y esto lo ha reconocido su conducción, no se implementó el aviso a través de un escrito adosado a la boleta de luz o publicaciones en los diarios. Sólo hubo carteles pegados en el interior de la sede.

La medida por la que una cooperativa “chica” puede prescindir de la publicidad de esta convocatoria es legal, pero en parte lesiona los derechos de los asociados a poder emitir su opinión y elegir en forma participativa y democrática a los directivos. Además de promover la fiscalización de los actos. Y sobre todo, en una entidad en la que el actual subsecretario de Cooperativas de la provincia, Claudio Marrón, asumió como vocal titular del Consejo de Administración.

Las autoridades se basaron para limitar la convocatoria a unos pocos asociados en una disposición que hasta 2010 no se había aplicado. Y que es del año 1987: la resolución 493/87 de la Secretaría de Acción Cooperativa (SAC) sobre “Formas de notificación a los asociados a las convocatorias a asambleas” que se desempolvó para esta asamblea.
Allí se indica que los socios serán citados “por escrito” aunque “sin especificar el medio a través del cual se realizará“. En su resolución explica que en las cooperativas en cuyos estatutos se requiere esta condición pero “sin especificar el medio” pueden notificar “publicando avisos en un lugar bien visible de la sede social”, “publicando avisos en los diarios de mayor circulación“, en forma telegráfica o en forma personal a cada uno. En el artículo 2 indica que será admisible cualquiera de estos medios.
En la misma resolución, se establece que “siendo la asamblea de asociados el órgano máximo de expresión de la voluntad social, debe procurarse el afianzamiento del principio democrático en el seno de la misma, garantizando la efectiva participación en las decisiones sociales, lo que redundará en beneficio de las cooperativas y del movimiento en su conjunto“. Una convocatoria apenas visible a un grupo de asociados atentaría contra estos principios.

En la última asamblea, se definió la continuidad del Consejo de Administración integrado por José León Iruretagoyena como presidente; Rubén Prósperi (vicepresidente), Armando Alvarez (secretario), Arturo Pérez (pro-secretario), Oscar Turrín (tesorero), Roberto Pérez (pro-tesorero), Claudio Marrón y Horacio Bengoechea (vocales titulares), entre otros.

Además, la gestión cooperativa arrojó en 2009 un excedente de 444.612 pesos, superando a 2008, cuando fue de 364.499 pesos. El superávit se basó en 321.678 pesos que dio de ganancias el sector eléctrico.

 

La Arena.

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