La secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Stella Maldonado, participó ayer de una charla debate con delegados de diferentes establecimientos educativos de General Pico, pero también ofreció una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, afirmó que los sueldos de los docentes pampeanos “son los mejores del país”.
Puntualizó el reclamo en la ampliación de las plantas funcionales y la modificación de la Ley que establece el impuesto a las ganancias.
Tras la presentación realizada por la Secretaria General de UTELPa, Claudia Fernández, Stella Maldonado sostuvo que con los delegados conversaron “sobre la situación de la paritaria nacional, lo que estamos discutiendo y los desafíos que tenemos y en los cuales nos hemos comprometido. Estamos trabajando fuertemente en la formación permanente en servicio, tratando que haya un plan nacional con garantía del Estado, gratuito para todos los docentes y para toda su carrera, como uno de los derechos que consagran nuestra ley de educación nacional”.
Contó que cada vez que visita alguna provincia va “a alguna escuela para conversar con los docentes y escuchar de primera mano cuáles son las problemáticas y así tener un conocimiento más profundo de los problemas educativos”.
Explicó que no existe un reclamo unificado en el país “porque las situaciones provinciales son muy diferentes, hay donde el inconveniente principal es la infraestructura, que no es el caso de La Pampa, hay provincias donde los salarios están muy atrasados, como en Jujuy, pero en La Pampa tenemos algunas cuestiones que son muy sentidas, como la ampliación de las plantas funcionales, es decir, la creación de nuevos cargos, las situaciones que tienen que ver con los conflictos sociales, que requieren un tratamiento especial con equipos interdisciplinarios que colaboren con la tarea de los docentes”.
Resaltó que otro tema muy importante en esta provincia “porque en términos reales tienen los mejores salarios del país, es el impuesto a las ganancias. Nosotros estamos haciendo una demanda muy clara de modificación de ese tributo, para que se transforme en una ley de impuesto a los altos ingresos, con una modificación no sólo del mínimo no imponible, sino también de toda la escala, las alícuotas, de modo tal que nuestros salarios no queden alcanzados, porque hoy día, en términos proporcionales, tributa más un directivo de escuela con zona y antigüedad, que un gerente de empresa que tiene acciones por las cuales no paga un peso de impuesto”.
Contó que desde CTERA ya se reunieron con el diputado Héctor Recalde “quien está trabajando en un proyecto de ley para gravar la renta financiera, con el que intentamos comprometer su accionar respecto a la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
Sobre la violencia, aclaró que “no se trata de un problema escolar, es un problema social que se refleja en la escuela, tanto como en las canchas, en las calles, en los recitales y en los hospitales. Es violencia que se refleja en todos lados a partir de que vivimos 30 años de una crisis social y económica muy profunda, que ha dejado huellas en el tejido familiar, en las instituciones y eso tiene consecuencias en la vida cotidiana”.
Sostuvo que durante los ‘90 “hubo un maltrato importante hacia los docentes, que dañó mucho la autoridad pedagógica, pero por esto no debemos culpar de esto a los docentes, no a los niños, ni a las familias. Creemos que no sirve de nada generar culpas, lo que hay que hacer es trabajar para mejorar estas situaciones, para lo cual se requiere tiempo y asesoramiento”.
Stella Maldonado enfatizó que “no se puede permitir que los chicos queden fuera del sistema educativo, hay que lograr algún tipo de reinserción que permita que el alumno continúe con su proceso educativo de distintas maneras”.
Apoyándose en la ley, que dice que la educación secundaria es obligatoria, la dirigente nacional sostuvo “que hay que cumplir con esa norma. ¿Quiénes?, los gobiernos y las autoridades que deben hacer lo necesario para que eso sea posible… que haya las escuelas y los docentes necesarios para cumplir con la ley, pero además las familias tienen que poder sostener la escolaridad de los estudiantes, sin la necesidad de ingresar muy tempranamente al mercado laboral”.
Reconoció que la Ley es muy reciente “y se empezó a aplicar hace pocos años, por lo tanto estamos en un momento de transición donde aún hay muchos conflictos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con que existan las amonestaciones, celebro que en algunos regímenes se hayan sacado, porque la historia nos dice que no han servido para nada, pero sí creemos que es muy bueno generar los consejos de convivencia, pero ese tiene que ser un trabajo permanente que se debe desarrollar en las escuelas, fomentando mucha participación de las familias para que realmente sean efectivos los acuerdos de convivencia”.
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