El redactor de la demanda presentada en mayo dijo que hasta ahora la Corte se movió en sus tiempos normales. El derecho asiste a La Pampa, aseguró, pero las presiones políticas pueden influir y desviar la atención. El abogado constitucionalista Gregorio Badeni se mostró cautamente optimista sobre el desarrollo y final del juicio que acaba de empezar entre la provincia de La Pampa y Mendoza por el corte del río Atuel y los daños subsecuentes pero aclaró que a veces hay intereses que “desnaturalizan lo que el Derecho ordena”. Esas presiones, aclaró, pueden venir de cualquiera dos provincias en conflicto. La sentencia de este segundo juicio se estaría concretando entre 2016 y 2017, vaticinó.En una entrevista que ayer por la mañana mantuvo con Radio Noticias, Badeni sostuvo que la Corte Suprema de Justicia actuó dentro de sus tiempos normales al tomarse cinco meses para aceptar su competencia en la demanda que La Pampa presentó en mayo. Según estimó, el caso empezará a tomar ritmo hacia el mes de febrero, cuando venzan los 60 días que tienen Mendoza y Nación para hacer sus descargos. Son los tiempos normales de la Corte, indicó quien fue el principal redactor de la demanda presentada el 16 de mayo de este año. -¿La noticia de la competencia que decidió la Corte lo tomó por sorpresa?-Nunca podemos dar por sentado lo que diga la Corte, pero razonablemente entendíamos que iba a dictaminar de esa manera, máxime cuando la Procuración General de la Nación se había expedido por la competencia de la Corte para intervenir en este caso. Lo que ha hecho en definitiva la Corte es declarar su competencia, abrir el juicio, disponer la notificación de la demanda a la provincia de Mendoza, y otro tanto al Estado Nacional, que ha sido citado como tercero en este juicio. “El Estado Nacional -explicó el abogado- tiene que participar, no como demandado, sino para hacerse cargo del resultado del juicio, porque hemos entendido que si se ha llegado a esta situación obedeció a una mala administración del gobierno nacional de lo que en ese momento fue el Territorio Nacional de La Pampa”. El convenio que en la década del ’40 que suscribió el gobierno nacional con la provincia de Mendoza para la construcción de los diques Los Nihuiles perjudicó los intereses de La Pampa y por ello “corresponde que la Nación intervenga en este juicio para contribuir a remedir aquellos errores”, sostuvo Badeni.Comisión tripartita.-El punto 1 de la demanda pide el cese del daño ambiental. ¿Eso significa que empiece a correr agua ya?-Significa que hay que realizar las obras para que empiece a correr el agua ya. Es decir, en su primera sentencia la Corte había dispuesto que la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza debían estructurar políticas comunes para determinar que la zona del río Atuel volviera a tener paulatinamente las características que tuvo en el siglo XIX y determinó que el río Atuel es un río interprovincial y no un río únicamente mendocino. “Lo que nosotros venimos a pedir acá es que se de cumplimiento a esa sentencia porque en el lapso de estos 20 años lamentablemente la provincia de Mendoza no contribuyó a celebrar esos acuerdos. Por eso pedimos que se conforme una comisión tripartita con representantes de ambas provincias y de la Nación para que comiencen a realizar estudios y obras necesarias que aumenten paulatinamente el flujo del río Atuel. Sabemos que es una cosa que no se puede hacer de un día para otro, pero si se hubiera empezado hace 20 años estaríamos en una situación totalmente distinta”.Optimista.-¿Usted es optimista?-Conforme a derecho, considero que le asiste la razón a la provincia. Pero sabemos en este tipo de juicios a veces intervienen factores políticos que pueden desnaturalizar parcialmente lo que el Derecho ordena. Nuestra esperanza es que esos factores políticos no se presenten y que la Corte resuelva estrictamente conforme a Derecho, sin quedar sujeta a presiones políticas, económicas, o de otra envergadura, provenientes de una u otra provincia.-Si en el primer fallo la Corte no hubiera puesto ese fatídico número de 75.000 hectáreas, ¿hoy estaríamos hablando de otra cosa?-Si, así es. Hay que tratar de que de una vez por todas, los jueces se acostumbren a fallar de acuerdo al Derecho, como corresponde en un estado de derecho y no a cuestiones de circunstancias políticas que puedan existir. No hay razón de ser para generar rivalidad, o enemistad entre dos provincias argentinas, o un abuso de una sobre la otra. Hay que tratar de reestablecer la armonía.-¿Qué pasa si la Corte falla y Mendoza no cumple?-No puede dejar de cumplir. Si lo hace, sería pasible de sanciones económicas y sanciones políticas que pueden llegar hasta la intervención de la provincia por no acatar una orden de la Corte Suprema de Justicia.Orden incumplida.Si bien aclaró que una resolución de la Corte Suprema no puede desoirse, Badeni señaló que hay un caso en que esa desobediencia está ocurriendo. “Es el caso del procurador (Eduardo) Sosa, de la provincia de Santa Cruz, donde hubo cuatro fallos de la Corte Suprema ordenando su reposición en el cargo pero aún no fue tratada pro la provincia”, comentó el constitucionalista. Para estas desobediencias, la Constitución prevé sanciones políticas como la intervención del gobierno provincial. “A pesar de los cuatro fallos, tampoco se dispuso la intervención federal de la provincia”, contrastó.Dos diarios en silencio.En los medios de comunicación nacionales y regionales, la información sobre el inicio del segundo juicio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, tuvo diferente repercusión. Los dos principales medios escritos de nuestro país, los diarios Clarín y La Nación, omitieron completamente el tema. Hasta ayer, sus ediciones on-line no habían publicado ni una línea sobre este hecho.El diario Página 12 -también de tirada nacional aunque más reducida que aquellos dos- si le prestó atención a través de un largo artículo. “La Corte aceptó la demanda de La Pampa contra Mendoza: Una vieja disputa por el río Atuel”, tituló el periódico. “La Corte Suprema de la Nación fijó un plazo de 60 días para que la provincia de Mendoza conteste la demanda promovida por La Pampa por el uso y aprovechamiento de las aguas del río Atuel. El curso de agua fue cortado por la provincia cuyana en la década del 40, lo que provocó un severo daño ambiental y económico en tierras pampeanas”, puntualizó en el primer párrafo de su crónica.En otras dos provincias limítrofes con Mendoza y que también suelen tener conflictos por el uso de los recursos naturales compartidos, el dato tuvo disímil repercusión. En los diarios de la provincia de San Luis pasó totalmente desapercibido. Ello pese a que esa provincia ha acusado -y se ha solidarizado con La Pampa- por situaciones idénticas a la del río Atuel.En contraste, los diarios de San Juan le dieron espacio a la novedad. Sea un artículo breve o uno mucho más extenso, todos hicieron notar la importancia de la resolución tomada por la Corte Suprema.Marino quiere regalías por ley.El senador nacional pampeano Juan Carlos Marino presentó un proyecto solicitando que la percepción de regalías recibidas por La Pampa por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, quede establecida por ley. Además reclamó un resarcimiento por los años no cobrados y pidió que el Poder Ejecutivo Nacional informe si evalúa derogar el decreto que establece el cobro por parte de La Pampa del 50 por ciento de los privilegios. Según un comunicado remitido por el ex intendente de Miguel Riglos, fueron tres los proyectos presentados por Marino en relación a la discusión que instaló Mendoza sobre las regalías que percibe La Pampa por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Proyectos. En primer lugar, una iniciativa legislativa que propuso darle jerarquía de ley al decreto 1560 con el objetivo de asegurar el derecho provincial de cobrar el 50% de las regalías. “Esta semana, se conoció la presión que Mendoza ejerció sobre el Gobierno nacional para que cambie la interpretación del artículo 43 de la ley 15.336 por que el que venimos percibiendo las regalías de Los Nihuiles. Ese artículo es claro y establece que cuando la fuente hidroeléctrica sea compartida entre provincias, las regalías también lo serán”, expresa el parte. Y amplía: “El problema es que Mendoza plantea que el concepto de ‘fuente hidroeléctrica’ no se refiere al río Atuel en general sino al sitio donde se encuentra la pendiente que posibilita la generación eléctrica”. En relación al segundo proyecto referido a este tema, Marino aseguró que La Pampa fue perjudicada por una demorada liquidación de regalías eléctricas “ya que lo que hoy conocemos como el Aprovechamiento Hidroeléctrico Nihuil I es del año 1957 y la Ley 15336 que supone la distribución equitativa de las regalías es de noviembre de 1960. “Sin embargo, el decreto 1560, que es el que dispone efectivamente que La Pampa cobre la mitad de las regalías, es del año 1973”, completa el comunicado.Ahora, “Paco” Pérez quiere dialogar.El gobierno mendocino parece haber cambiado su postura con respecto al conflicto que mantiene con la provincia de La Pampa por el corte del río Atuel, un tema complejo que ya es analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Dijo que hay que salvar las “diferencias”. “Si no salvamos esas diferencias no vamos a poder construir Portezuelo del Viento para aumentar el caudal del río”, aseguró el gobernador Francisco “Paco” Pérez, según las declaraciones reproducidas por el diario Mendoza On Line de la vecina provincia.Las palabras del mandatario cuyano se conocen horas después de la decisión que tomó la Corte Suprema de aceptar darle tratamiento a la demanda del gobierno de La Pampa contra Mendoza por el corte del Atuel, declarado como interprovincial por este máximo tribunal. La resolución del 21 de octubre pasado, ordena dar traslado de la presentación al gobierno cuyano y también a la Justicia Federal de Mendoza. Además, cita al Estado nacional para que tome la intervención que le corresponda a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.La demanda fue presentada por el gobierno pampeano el 16 de mayo pasado, denunciando el incumplimiento de Mendoza al fallo de la Corte de 1987 donde se la obligaba a negociar y a celebrar convenios de buena fe para regular el uso del agua del río Atuel. Pero el gobierno cuyano siempre mantuvo una postura intransigente.En el documento, se pide además el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y la restitución del río, que se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata de agua para La Pampa y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego mendocino.Se incluye al Estado nacional como tercero involucrado, entre otras cuestiones, para que colabore económica, financiera y técnicamente en las etapas de ejecución de las distintas obras. También se pide la creación de un Comité Intejurisdiccional para la cuenca del Atuel con participación de la Nación. Un río “interprovincial”. La Corte ya declaró de interprovincial el río Atuel en 1987, cuando exhortó a Mendoza a hacer obras para mejorar la eficiencia del riego, pero le otorgó el derecho de regar 75.600 hectáreas. En tanto, el excedente debía ser motivo de “convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa”.En 2008, La Pampa y Mendoza firmaron un convenio que pretendía asegurar a esta provincia un mínimo de escorrentía permanente sobre el Atuel en el límite interprovincial y hasta la puesta en marcha y concreción de distintas obras por parte de Mendoza vinculadas a la impermeabilización de los canales marginales por donde debería llegar el agua.Sin embargo, todo quedó en la nada. La Legislatura pampeana aceptó y aprobó la iniciativa pero en la vecina provincia hubo dificultades y finalmente, el acuerdo que había sido impulsado desde el gobierno nacional fue rechazado.Mendocinos convocaron a un comité.El Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel de Mendoza realizará mañana una jornada de actualización de la problemática judicial que enfrenta la provincia con La Pampa, que estará a cargo del fiscal de Estado subrogante y presidente de la comisión, Javier Fernández.La jornada, que se desarrollará en la sala de comisiones de la Cámara de Diputados de Mendoza, pretende dar “difusión y conocimiento” de la situación judicial “de la provincia de Mendoza respecto de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la provincia de La Pampa respecto de las aguas del Río Atuel”.La presidenta del bloque de diputados del PJ, Silvia Ramos, autora de una iniciativa por la que se declara de interés este encuentro, señaló que se trata de “un tema de vital importancia que atañe a todos los actores de la sociedad mendocina”, según lo consignó ayer la agencia Diarios y Noticias en un despacho fechado en Mendoza.Por eso, dijo, “desde el Comité de Defensa del Río Atuel se propone celebrar una Jornada informativa”. El objetivo, añadió, es que “quienes tengan interés tanto en actualizarse sobre los avances en materia judicial que se están llevando a cabo, como quienes quieran aportar experiencia o conocimientos sobre la misma puedan encontrar un canal de comunicación y de interacción respecto de la problemática en cuestión”.Fernández, en su calidad de responsable de las potestades constitucionales de defensa del patrimonio de la provincia que le caben a la Fiscalía de Estado, constituyó el Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel, que está compuesto por la Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno, el Departamento General de Irrigación y la Secretaría Legal y Técnica de Mendoza. Este comité fue creado con el objeto de instituir un espacio de estudio, coordinación, debate, y recopilación de toda información que sea relevante sobre el tema, y a su vez, busca capitalizar la experiencia y participación de los especialistas.
Fuente La Arena