La Senadora Maria Higonet comento que “En la sesión de ayer en el Senado de la Nación aprobamos con modificaciones el proyecto de ley para otorgar un resarcimiento económico a los empleados de YPF que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada”.
Siendo la única senadora pampeana presente comentó como ha sido todo el proceso histórico que hoy nos lleva a trabajar y debatir este tema.
Este proyecto, que viene en revisión de la Cámara de Diputados y al que hemos modificado, nos hace necesariamente remontarnos , y explicar el proceso de reforma del Estado y a las privatizaciones que sufrieran las empresas estatales en nuestro país, en el año 1990. El presente proyecto, viene a reparar una inequidad histórica existente respecto de aquellos trabajadores que, adhiriéndose al Programa de Propiedad Participada, debieron abandonar las empresas, producto de las privatizaciones. ¿Qué buscaba el régimen de propiedad participada? De alguna manera, darles un derecho en la propiedad de las acciones a los trabajadores, como una retribución por los años de trabajo realizados
Este proceso de privatización que en el caso de la empresa YPF fue realizado a través del decreto 2.778 en 1990, por el cual la empresa YPF Sociedad del Estado pasa a ser una sociedad anónima, dándole una amplísima autonomía en su gestión dentro de un mercado que era totalmente desregulado. Es decir, pasa a ser una sociedad anónima de capital abierto, compuesto por capital del Estado, privado y del personal. De esta manera, los trabajadores se encuentran con aproximadamente una cantidad de 35 millones de acciones de las cuales son dueños y comienzan a pedirle al Estado el pago, la transferencia de estas acciones.
Luego, por un acuerdo entre el Estado y el directorio de YPF Sociedad Anónima, se procede a la venta de estas acciones, lógicamente, sin acuerdo de muchísimos de los trabajadores. Un informe del Ministerio de Economía da cuenta que de un total de 36 mil trabajadores, solamente 3.600 trabajadores fueron incluidos aquí, dejando una gran cantidad fuera de este proceso. Esto llevó a que un grupo de ellos comenzara con las acciones judiciales, demandando al Estado.
En 2002, con la ley 25.471, se trató de resolver ésta cuestión, éstos conflictos judiciales y determinar claramente la situación de los trabajadores a los cuales les corresponde una compensación que establece el Estado mediante la emisión de bonos. Como una forma justamente de cubrir la inequidad existente, y la de todos aquellos que quedaron fuera de este régimen de propiedad participada, o que habiendo sido incluidos no recibieron los pagos correspondientes y los debidos derechos. Pensemos que esta ley de la que estoy hablando, se da en el contexto de 2001 y 2002 en un país prácticamente en llamas.
Es en 2009 cuando comienza todo otro proceso de crecimiento en el país, otro momento en el cual se comienzan a organizar nuevamente los trabajadores, y cuando empiezan con este legítimo reclamo otra vez. Luego, en el año 2012, YPF vuelve a manos del Estado y vuelve a ser una empresa eficiente. Vuelve el Congreso a sancionar una ley, buscando que efectivamente se cumpla y se realice el pago de este derecho que desde hace tantos años vienen reclamando los trabajadores, que no podemos desconocer y que muchas veces les ha llevado la vida. Es más, muchos siguen con la esperanza de poder cobrar lo que legítimamente les pertenece, y que es parte de una historia tan triste para ellos como para el país.
Es por eso, que queremos mejorar este proyecto que viene de la Cámara de Diputados, porque consideramos que aún existen artículos que no están claros, y que podrían dejar nuevamente grietas o puertas abiertas para la industria de los juicios, que tantas veces ha engañado y sigue engañando a muchos de estos trabajadores que confían sus intereses. De hecho, hay estudios de abogados que le han hecho firmar poderes a los trabajadores, dándoles valores irrisorios a sus acciones. No queremos que esto suceda.
Aquí hay un Estado presente, un Estado que hoy con una empresa eficiente, plantea el reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de los argentinos. En este sentido, hemos trabajado modificando algunos artículos, para que legítimamente por una vez en la vida, todos estos trabajadores que han quedado fuera del régimen puedan cobrar lo que les pertenece.”