Graciela Elena Oporto y Raúl “Tuti” Rodriguez aparecen en la lista de los 34 ex funcionarios que quieren indagar por las causas de corrupción. Los dos fueron subsecretarios de Obras Públicas.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le solicitaron al juez Julián Ercolini que llame a indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner y a 34 ex funcionarios entre los que se encuentran los dos pampeanos. La información fue dada a conocer por el portal de noticias Infobae.com
Raúl “Tuti” Rodríguez hizo carrera como funcionario de la obra Pública durante el gobierno de Rubén Marín y apareció mencionado en la grabación a empresarios que pagaban coimas mencionado como uno de los que recibió un maletín de parte de Skanska para la construcción del Acueducto del Río Colorado. En el audio también aparece “el gober” en referencia a Maín. A nivel nacional integró el Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio Devido.
Graciela Oporto es la esposa de Rafael Follnier, hombre cercano a Néstor Kirchner, fue funcionaria provincial desde 1991 en Planeamiento e Inversión Pública y en 2003 pasó al Ministerio de Planificación Federal. Allí ocupó la subsecretaría de Obras Públicas entre 2003 y 2004 y fue subsecretaria de Planificación Territorial de la Invesión Pública desde esa fecha hasta el final de la gestión kirchnerista.
Los dos forman parte de un listado de 34 ex funcionarios que serán investigados por la supuesta responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer, en principio, al empresario de la construcción Lázaro Báez.
Luego de analizar 49 obras viales que desde el Estado Nacional -con la supuesta connivencia de varios funcionarios públicos tanto de la administración central como santacruceña- recibieron las empresas del Grupo Báez, Pollicita y Mahiques le pidieron a Ercolini que cite a indagatoria a otras 33 personas además de la ex presidente. Los fiscales los consideran responsables de los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre los que Pollicita y Mahiques señalaron que deben ser indagados por su responsabilidad en el esquema de negocios con dinero estatal que terminó en las arcas de Báez, están el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas -detenido cuando cargaba bolsos con más de 9 millones de dólares- José López, el empresario Báez -detenido desde abril pasado- y Martín Báez, uno de sus hijos. Entre los sospechados también está Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente fallecido, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación. Los fiscales también solicitaron la inhibición general de bienes de los más de treinta investigados en este caso.
El monto involucrado en las supuestas maniobras ilegales supera los 16 mil millones de pesos
La lista de quienes son considerados sospechosos de participar en la maniobra por la que se le derivaron a Báez unos 16.000 millones de pesos, se completa con varios ex subsecretarios de Obras Públicas de la Nación, de administradores de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, entre otros.
El dictamen de los fiscales señala que “… durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner”.
Según los fiscales, para desarrollar la maniobra, los Kirchner designaron en distintos lugares de la administración pública nacional relacionada con las obras viales, a funcionarios que garantizaron el cumplimiento de lo ideado. Al mismo tiempo en la provincia de Santa Cruz, destinataria de las obras viales que se le otorgaron a Báez, se designaron funcionarios que para los fiscales contribuyeron al funcionamiento de la maquinaria de manejo de millones.
Los fiscal Mahiques y Pollicita pidieron al juez Ercolini la indagatoria de la ex presidente Cristina Kirchner por la distribución de los fondos de obras públicas. Los fiscal Mahiques y Pollicita pidieron al juez Ercolini la indagatoria de la ex presidente Cristina Kirchner por la distribución de los fondos de obras públicas.
Fuente: Plan B Noticias