La Pampa presentó informe a la Corte Suprema de Justicia
Pide fijar un caudal que recomponga el ecosistema del noroeste de La Pampa
Habiéndose agotado el 16 de octubre pasado el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin arribar a un acuerdo entre las jurisdicciones de La Pampa, Mendoza y el Estado nacional, el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, y el procurador General, Hernán Pérez Araujo, presentaron ante el Máximo Tribunal, un informe titulado “Recomposición del Ecosistema en el Noroeste de la provincia de La Pampa. Informe a la finalización del plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actividades, avances y propuestas elaborados en la CIAI”.
En el informe, elaborado y suscripto por los integrantes pampeanos del organismo, además de por el propio gobernador Carlos Verna, se hace saber a la Corte Suprema el estado de situación de la cuestión, cumplido el plazo para arribar a consensos que brinden una solución definitiva al conflicto y se hace la salvedad de que la propuesta del Estado nacional para solucionar este conflicto fue realizada en la última reunión de Comité Ejecutivo, y nada tiene que ver con la tarea desarrollada por sus representantes técnicos en más de 10 meses de trabajo.
El documento, que consta de 263 páginas y Anexos, además de todas las actas y del material fílmico recogido durante el transcurso de todas reuniones del Grupo de Trabajo y el Comité Ejecutivo de la CIAI, muestra una síntesis de todas las actuaciones en las que la provincia de La Pampa ha demostrado la necesidad imperiosa de reconstitución del ecosistema en el noroeste de su territorio a través de la fijación y escorrentía inmediata de un caudal hídrico apto de 4,5 m3/s mínimo permanente, con una conductividad eléctrica de hasta 2.450 microsiemens.
Se puso de resalto la actitud conspirativa de parte del Estado nacional y la provincia de Mendoza, que obstaculizó permanentemente el alcance de acuerdos concluyendo la presentación pampeana que ha llegado el momento de dejar de lado los obstáculos y obstrucciones de quienes pretenden, indudablemente, mantener un status quo que les resulta claramente beneficioso, y de entender que todo proceso de negociación requiere, para arribar a acuerdos superadores, de voluntad de acordar, y de equivalencia de condiciones, las que evidentemente no se hallan en este proceso, en el que la provincia de Mendoza se ha quedado con todo el río Atuel, y apenas a regañadientes, pretende restituir un ínfimo porcentaje de agua de reúso, con la anuencia y colaboración del Estado nacional.
Se expusieron además los motivos por los que no se ha arribado a un acuerdo en un proceso iniciado hace más de 10 meses en los que el status quo imperante desde hace 70 años se ha mantenido, y el ecosistema del noroeste pampeano ha seguido degradándose.
Ante esa falta de acuerdo, se presentó un escrito mediante el cual se solicita a la Corte Suprema de Justicia la fijación un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema en el noroeste de la provincia de La Pampa, que escurra de manera inmediata y permanente por el territorio afectado, teniendo en cuenta a tal fin los parámetros establecidos en su propuesta de determinación descripta en el informe, con el objetivo de no dilatar la cuestión debatida, lo que traería como lógica consecuencia un perjuicio irreparable para el ambiente y los habitantes de la provincia de La Pampa.
Además, teniendo en consideración el manejo unilateral e inconsulto que la provincia de Mendoza viene realizando sobre el río Atuel, situación inaceptable en el marco del proceso iniciado por la sentencia del 1 de diciembre de 2017, se solicita al Tribunal la inmediata constitución del Comité Interjurisdiccional del Rio Atuel (CIRA), a efectos de alcanzar la gestión conjunta del recurso, y continuar en su marco, una vez otorgado el caudal hídrico apto solicitado, con la elaboración de un plan de obras para la solución definitiva del conflicto.
