La Red de Servicios Sociales y de Salud de las Casas de Provincia en Buenos Aires llevó a cabo en la delegación santafesina la “Primera Jornada de Formación Sobre Diversidad Sexual”, a cargo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En representación de la Casa de La Pampa estuvieron presentes las integrantes de Área de Promoción Social, Sol García, Analia Ablin y Victoria Ballari.
El responsable del Equipo de Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, Víctor Bracuto, destacó la iniciativa de las Casas de Provincias y remarcó la importancia de capacitar a los agentes públicos.
“Estamos muy contentos de poder generar estos espacios de formación con las delegaciones provinciales. Uno de los motivos de violencia institucional en cuestiones de género y diversidad sexual tiene que ver con la falta de información. Y estos espacios justamente lo que hacen es brindar esa información”, explicó Bracuto, uno de los expositores.
El especialista aseguró que la Argentina está a la vanguardia en materia legal a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2010, y de la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012.
“En el caso de la Ley Matrimonio Igualitario la Argentina es el décimo país del mundo en tener una ley que equipara los mismos derechos de acceso al matrimonio de cualquier ciudadano”, dijo Bracuto. Y añadió: “Nuestra Ley de Identidad de Género es la única en el mundo que no patologiza las identidades trans. Es decir, para acceder a la rectificación de su partida de nacimiento y al DNI una persona trans no tiene que probar que está enferma o tiene disforia de género como ocurre en algunos países, ni necesita testigos, ni pasar por protocolos médicos o psicológicos. Tampoco está obligada a realizarse intervenciones quirúrgicas, si es que no lo desea, para poder acceder al documento. Cualquier persona puede acercase a un registro civil y rectificar su partida de nacimiento y su DNI”.
Sin embargo, Bracuto advirtió que la ley no garantiza automáticamente derechos. “Que haya una ley no implica que esté instaurado. El cambio cultural es un proceso lento que puede llevar a toda una generación en asimilarlo. Lo que sí nos queda claro como Estado es que no podemos impedir que nuestras cuestiones de religiosidad o moralidad impidan que otras personas puedan acceder a sus derechos”, expresó.
Según el experto en diversidad sexual, el Estado aún está en deuda en materia de acceso a la salud, a la educación y al trabajo. “El artículo 11 de la Ley de Identidad de Género que habla del acceso a la salud recién fue reglamentado el año pasado, con mucha demora. Lo cierto es que todavía las personas trans no están pudiendo acceder a todos los derechos que tienen que ver procesos de hormonización, farmacológicos o quirúrgicos”, detalló Bracuto. En muchos casos se produce –dijo- por “falta de capacitación a los médicos en cuestiones de diversidad”.
“En general las chicas trans abandonan sus estudios en edad muy temprana, cuando comienzan a asumirse como personas trans. A eso se suma la dificultad para acceder a un trabajo. Al único ‘trabajo’ –que no es un trabajo sino una forma de explotación- al que acceden es a la prostitución. Más allá de que tengamos una ley todavía no vemos a una chica trans atendiendo una zapatería o a un chico trans como cajero o repositor de un supermercado”, sostuvo Bracuto.
Por último, el especialista señaló que “desde el Estado nacional poco a poco vamos generando política pública y confiamos en que las provincias se vayan adecuando a esta realidad. En algunas, incluso, ya se han creado áreas o secretarías de diversidad sexual”.
Bracuto estuvo acompañado por Javier Wenger, responsable del Área de Capacitación; y Daniela Ruiz, Responsable del Área Trans.