El grupo de asociados e interesados por la recuperación de la institucionalidad de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Macachín volvió a cargar con duras críticas contra el proceso de intervención que sufre la entidad desde el año 2009, ordenado por el Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa. Aseguran que la interventora, la abogada Laura Moscoso Mendieta, y el Juzgado Federal de Santa Rosa incurren en dilación e inacción porque no cumplen con las promesas del llamado a asamblea que debió ocurrir en diciembre pasado.
El proceso de regularización se inició en el año 2001 cuando las autoridades del Inaes emitieron la resolución 1992 e iniciaron un sumario porque la institución no presentaba documentación administrativa desde el 21 de diciembre de 1991. Pasándolo en limpio: las últimas autoridades estuvieron casi dos décadas sin presentar balances.
Desde esa resolución hubo varias idas y venidas hasta que decantó en una intervención judicial. El 20 de diciembre de 2009 la abogada Moscoso y un colaborador arribaron a Macachín y tramitaron ante el Juzgado de Paz una cédula remitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa rubricada por su titular, doctor Pedro Vicente Zabala, en la ordenaba la medida cautelar.
Zabala sostuvo que la medida se basa en el deber del estado en intervenir “cuando se encuentra en peligro la existencia -de la institución- por el inadecuado obrar de sus órganos de administración y fiscalización”.
Informes.
El tribunal Federal ordenó a Moscoso en primer lugar que deberá trabajar en la recomposición de la documental que avale las casi dos décadas de irregularidades administrativas. Y en segundo confeccionar los estados contables de ése lapso, reconstituir el padrón social, verificar la situación del inmueble, y una vez cumplimentado ello, convocar a elección de autoridades
En noviembre de 2012 Moscoso Mendieta reconoció a este diario que estaría a punto de llamar a asamblea. “Me exigen un informe muy detallado de mi gestión en la intervención, tarea que estoy realizando y que posiblemente termine esta semana, luego debo solicitar autorización al Juzgado Federal quien determinará las fechas”, precisó.
Pero en diciembre no se concretó el llamado a asamblea por lo que los vecinos enviaron una nota a este diario.
Nueva denuncia.
Ayer los mismos asociados y vecinos volvieron a reclamar públicamente con otra nota enviada a esta corresponsalía dirigida a la comunidad pampeana, ciudadanos y autoridades. Esta vez, además de reiterar las críticas de inacción contra la interventora, se quejan de la falta de actividad del Juzgado Federal con sede en Santa Rosa.
Fuente La Arena