Un grupo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos manifestaron hoy su repudio a la decisión de los jueces federales que dejaron en libertad a siete ex policías y un médico, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en La Pampa, en el marco de la causa denominada Subzona 14 II.
El documento está firmado por Madres de Plaza de mayo Línea Fundadora, Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, la CTA, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, entre otros.
“Repudiamos enfáticamente la decisión de los jueces Marcos Aguerrido, Orlando Coscia y Alejandro Silva de liberar a los represores Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros, Orlando Pérez, Juan Gatica y Miguel Gauna, imputados en la causa Subzona 14 II; antes había sido liberado el médico Máximo Pérez Oneto”, advirtieron.
Las organizaciones cuestionaron el argumento utilizado en la última semana por los jueces para liberar a los procesados: “Es impensado que hayan tomado la decisión por el tiempo que llevan detenidos en condición de preventiva, dejando de lado que se trata de personas que cometieron delitos aberrantes”.
Agregaron que “fueron funcionarios del Estado, violaron todas las normas y avasallaron todos los derechos de ciudadanos indefensos a merced de las tropelías de una patota envalentonada, desprovista del menor decoro al utilizar la ‘fuerza’ para reprimir, secuestrar, torturar, cometer vejaciones”.
“A tres meses de que se cumplan 40 años del golpe de Estado más cruento de nuestra historia, reafirmamos el compromiso de seguir luchando para que la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia sea realidad, y eche luz sobre lo acontecido y se llegue a juicio oral y público”.
En la causa Subzona 14 II se investigan los secuestros y torturas a 236 personas. En total hay 18 imputados, entre los que se incluyeron ocho de los represores -un militar y siete policías- que ya fueron condenados de 8 a 20 años de prisión en 2010 por otros casos de secuestros y torturas.