La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una histórica resolución por el corte del río Atuel. En las últimas horas aceptó la competencia para resolver sobre el caso, emplazó a la provincia de Mendoza para que conteste por qué está provocando el corte, y citó al Estado pampeano y al nacional para que también informen sobre el conflicto. Sin embargo, no aceptó una cautelar: así, se estima, el río seguirá cortado.
El fallo fue firmado el martes por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.
Este miércoles, en tanto, fue notificado el fiscal federal Miguel Palazzani (quien en 2010, como particular, presentó la demanda ambiental, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez)
“Es una histórica resolución”, dijo Palazzani. “Emplaza a Mendoza para que en 60 días informe sobre la cuestión. También cita al Estado nacional y al Estado pampeano”, expresó. Deberán informar sobre financiamientos, obras y convenios firmados por el Atuel.
Este miércoles, en tanto, fue notificado el fiscal federal Miguel Palazzani (quien en 2010, como particular, presentó la demanda ambiental, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez)
“Es una histórica resolución”, dijo Palazzani. “Emplaza a Mendoza para que en 60 días informe sobre la cuestión. También cita al Estado nacional y al Estado pampeano”, expresó. Deberán informar sobre financiamientos, obras y convenios firmados por el Atuel.
¿Qué deberá contestar Mendoza en dos meses? Si el Convenio del Atuel, de 2008, fue ratificado por la Legislatura; si elaboró los proyectos ejecutivos para las obras de impermeabilización de las redes de riego en San Rafael, Alvear y Carmensa; si terminó con la ejecución del canal marginal, en los tramos II, III y IV, contemplado en los dos primeros puntos del Convenio del Atuel; y si elaboró con La Pampa el proyecto ejecutivo de las obras de conducción entre Carmensa y el área de la Puntilla.
El reclamo de los abogados pampeanos fue presentado en 2010. Pedían que se ordenara a Mendoza la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo, y que se adoptara en un plazo razonable las medidas necesarias que “garanticen el uso razonable y equitativo de las aguas” del río.
También habían pedido el dictado de una medida cautelar para que se ordene a la provincia de Mendoza “que adopte de forma urgente las medidas adecuadas a fin de garantizar el mínimo caudal fluvio ecológico” del río. Ese reclamo, finalmente, no prosperó en la Corte. Así, se estima, el corte proseguirá al menos hasta que haya un fallo definitivo del máximo organismo judicial del país. “Aparece prematuro impartir una orden genérica de la naturaleza pretendida (NdeR: por la cautelar) sin siquiera haber oído a la provincia que la recibiría”, sostuvieron los jueces.
El reclamo de los abogados pampeanos fue presentado en 2010. Pedían que se ordenara a Mendoza la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental colectivo, y que se adoptara en un plazo razonable las medidas necesarias que “garanticen el uso razonable y equitativo de las aguas” del río.
También habían pedido el dictado de una medida cautelar para que se ordene a la provincia de Mendoza “que adopte de forma urgente las medidas adecuadas a fin de garantizar el mínimo caudal fluvio ecológico” del río. Ese reclamo, finalmente, no prosperó en la Corte. Así, se estima, el corte proseguirá al menos hasta que haya un fallo definitivo del máximo organismo judicial del país. “Aparece prematuro impartir una orden genérica de la naturaleza pretendida (NdeR: por la cautelar) sin siquiera haber oído a la provincia que la recibiría”, sostuvieron los jueces.
En 1987 la Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema. El fallo, recordado como “La Pampa c/ provincia de Mendoza p/ acción posesoria de aguas”, resolvió que el río era interjurisdiccional y que debía ser administrado por ambas provincias para su uso razonable y conjunto. Instó a ambas administraciones a elaborar trabajos conjuntos para llevar adelante el desarrollo regional basado en la cuenca del Atuel.
La solución teórica reconoció el derecho de La Pampa a sacar provecho del caudal en la misma medida que Mendoza. Pero en la práctica, la Corte reconoció a Mendoza el uso de esas aguas para riego, y dispuso que La Pampa tendría derecho sobre el excedente del caudal del Atuel, sólo una vez que Mendoza hubiera garantizado el riego sobre casi 76 mil hectáreas de tierras.
La solución teórica reconoció el derecho de La Pampa a sacar provecho del caudal en la misma medida que Mendoza. Pero en la práctica, la Corte reconoció a Mendoza el uso de esas aguas para riego, y dispuso que La Pampa tendría derecho sobre el excedente del caudal del Atuel, sólo una vez que Mendoza hubiera garantizado el riego sobre casi 76 mil hectáreas de tierras.
El nuevo juicio del Estado
Esta resolución de la Cprte se conoce cuando el Estado pampeano está realizando los preparativos de un nuevo juicio contra Mendoza.
El Gobierno de Oscar Jorge contrató al estudio jurídico de Gregorio Badeni. Los abogados ya están realizando una serie de consultas con diputados, funcionarios y dirigentes ambientalistas para preparar la demanda. Será la segunda demanda del Estado pampeano contra Mendoza. La primera se presentó a fines de los ’70. La Corte resolvió en 1987.Cortes
El corte del Atuel por parte de Mendoza se profundizó en 1947, cuando comenzaron las obras del dique El Nihuil en tierras cuyanas. De los cinco brazos del río, actualmente sólo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas en nuestra provincia, provocando daños económicos, ambientales y sociales.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad” del río y pidió que ambas provincias negocien.
En 2008 se firmó el Convenio del Atuel que establece, entre otros puntos, obras en el sur mendocino y un caudal mínimo para nuestra provincia. Aún no se puso en marcha y en Mendoza falta la ratificación legislativa. Por esas demoras, el gobernador Oscar Jorge anunció a mediados de 2013 que iniciaría un nuevo juicio.
Esta resolución de la Cprte se conoce cuando el Estado pampeano está realizando los preparativos de un nuevo juicio contra Mendoza.
El Gobierno de Oscar Jorge contrató al estudio jurídico de Gregorio Badeni. Los abogados ya están realizando una serie de consultas con diputados, funcionarios y dirigentes ambientalistas para preparar la demanda. Será la segunda demanda del Estado pampeano contra Mendoza. La primera se presentó a fines de los ’70. La Corte resolvió en 1987.Cortes
El corte del Atuel por parte de Mendoza se profundizó en 1947, cuando comenzaron las obras del dique El Nihuil en tierras cuyanas. De los cinco brazos del río, actualmente sólo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas en nuestra provincia, provocando daños económicos, ambientales y sociales.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad” del río y pidió que ambas provincias negocien.
En 2008 se firmó el Convenio del Atuel que establece, entre otros puntos, obras en el sur mendocino y un caudal mínimo para nuestra provincia. Aún no se puso en marcha y en Mendoza falta la ratificación legislativa. Por esas demoras, el gobernador Oscar Jorge anunció a mediados de 2013 que iniciaría un nuevo juicio.
Fuente Diario Textual