El Diputado provincial Darío Hernández (Bloque Frente Renovador) presentó un Proyecto de Ley solicitando la adhesión de la Provincia de La Pampa a la Ley N° 26811 que establece el día 8 de Mayo de cada año como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”.
“Esta fecha tiene como objetivo de adoptar políticas públicas en materia de seguridad, respetuosas de los Derechos Humanos”.
Hernández indicó que “La Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa será la autoridad de aplicación de esta Ley y arbitrará la inclusión de esta fecha en el calendario escolar pampeano. En tanto el Ministerio de Seguridad de la Provincia deberá implementar la conmemoración del 8 de Mayo de cada año en todas las áreas de su incumbencia, a fin de concientizar a la población del derecho a vivir sin violencia institucional”.
El proyecto presentado en la Legislatura además sugiere invitar a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia a adherir a la presente Ley.
Entre los principales fundamentos del proyecto, el legislador hizo referencia a la “Masacre de Ingeniero Budge”, ocurrida el 8 de mayo de 1987, en la cual fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En memoria de la masacre de Budge, y de los cientos de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, el 8 de mayo es el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26.811). En correlato con esta Ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de Mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los “establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad, respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.