El legislador de Pueblo Nuevo, afirmó esto, en el debate que se dio en la sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó por unanimidad la resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la aplicación de la ley de fomento y desarrollo de las Prácticas Deportivas en La Pampa.
Durante el debate, el diputado Darío Hernández dijo que “la realidad es que nunca hubo una política deportiva en la provincia, salvo cuando se trajeron profesores cubanos y fuimos potencia en la Patagonia, después esa ley del deporte nunca se cumplió y al analizar lo que le ha pasado a los clubes uno ve que estamos complicados, con dirigentes que dejan todo y cuentan con muy poco apoyo del Estado que hasta compitió con ellos destinando dinero al Pro/vida y nada para los clubes a los que hoy hay que fomentarlos”.
Para el legislador los recursos deben ir directamente a los clubes de acuerdo a sus reales necesidades y llamó a que el Estado apoye a los clubes Belgrano de Santa Rosa y Ferro de General Pico invitados a participar del torneo Argentino A porque darán prestigio a la provincia e incentivarán a los chicos para que practiquen deportes. “Soy crítico del megaestadio y de la cantidad de SUM que se construyeron en la provincia mientras hay clubes que deberían contar con mayor apoyo, a veces ponemos plata en infraestructura y no en el deporte de base”, dijo. Finalmente destacó la gestión del ministro de bienestar social de Raúl Ortiz, “aunque al gobernador la pelota le resbala”.
Según el diputado Juan Pablo Morisoli, en el informe requerido se solicita, entre otras cuestiones, que se revele el criterio utilizado para la distribución del Fondo Provincial del Deporte junto a un listado actualizado de instituciones que se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Provincial de Instituciones Deportivas de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 y clasificadas de acuerdo al artículo 16 de la ley 858; y un listado más, actualizado, de clubes y Asociaciones Civiles sin fines de lucro (Instituciones 1er Grado) detallando sobre la infraestructura deportiva (cerradas y cubiertas), deportes que se practican, categorías, cantidad y edades de los deportistas, su participación en Ligas, Asociaciones, Federaciones Provinciales y Nacionales.
En los fundamentos se dijo que “observamos con preocupación que la mayoría de los clubes deportivos en nuestra provincia tienen que soportar los embates de una economía en retroceso, muchas veces sin dinero para poder afrontar los gastos de funcionamiento, con dirigentes que no pueden cumplir el verdadero rol para el cual fueron elegidos, en definitiva administrando los pocos recurs”.
“Es imperioso recuperar a los clubes como una herramienta más de una política inclusiva para terminar con la hechos violentos y los delitos, o al menos planificar y diseñar una política deportiva sin exclusiones”.
“El Consejo Provincial del Deporte debe tener un papel central en la definición de la política deportiva, necesariamente fijará y trazará los objetivos de corto y mediano plazo en lo atinente a la contención social de jóvenes a través de las actividades físicas y deportivas. Este cuerpo debe ser un órgano que ayude y sume a fin de resolver los problemas que hoy la sociedad tiene”, dijo.
El diputado Martín Berhongaray dijo que se suma al pedido de mayor apoyo (sobretodo económico) a los clubes y deportistas, “haciendo votos por la implementación de becas deportivas para que la suerte de nuestros deportistas no dependan del humor del gobernante de turno”.
El diputado Martín Borthiry ejemplificó con el fútbol callejero y su institucionalización para decir que “La Pampa tuvo una política de Estado, el Pro Vida fue una política de Estado planificado con sus estructuras de alto rendimiento y de entretenimiento” y le espetó al diputado Hernández que “San Luis no tiene política deportiva, sino que es una lavandería donde se contrata a deportistas de primer nivel de otros lares para que la represente y así obtenga resultados” (Hernández luego aclaró que él, de San Luis no había hablado). Rescató las ligas deportivas que se implementaron desde el Estado Provincial en 2003 y afirmó que “tiene que haber más polideportivos, que tienen que ser de los clubes y no de los municipios (como se hizo en Ataliva Roca, donde es de Pampero), hay que seguir haciendo infraestructura, pero con la participación de la gente y no que el Estado vaya y les plante un SUM bobamente”. Respecto al control médico dijo que “siempre se hicieron, que no se haga en esta gestión, a mí no me extraña porque no hay política deportiva…se hace un autódromo pero no hay política deportiva”. Al igual que Hernández reveló que hay deportistas que analizan no representar a nuestra provincia sino a otra que los apoye y reveló que “los $25000 que el Estado le aporta a los clubes fue iniciativa de esta Cámara”.
El legislador Mariano Fernández reconoció que “esta ley del deporte es buena pero también vieja…hay que buscar y encontrar las soluciones para las problemáticas sociales, que es lo que hicieron el general Perón y Evita con sus fabulosos campeonatos…todos los ministros hablan de la necesidad del deporte como contenedor de niños y jóvenes, pero después es necesario que se implemente una política de Estado que tenga en cuenta el financiamiento automático por ley de los clubes”. Y calificó de alarmante que “hoy practiquen más deporte los veteranos mayores de 35 anos que los jóvenes”.
La diputada Claudia Giorgis manifestó que “lo que no invertimos en prevención de salud, lo gastamos en internación y rehabilitación, lo mismo podemos decir del deporte que siempre es una oportunidad de vida”, llamó a apoyar a todos los niveles del deporte y agregó “tenemos un proyecto para financiar el deporte con lo que cada día nos sacan los polluelos de buitres que son las compañías de telefonía celular con las multas a los mensajes que esas compañías envían a sus usuarios sin autorización”.
El diputado Pedro Etchalus dijo que “los fondos a los clubes vienen llegando por diferentes caminos pero no se aborda lo de fondo que es el desarrollo del deporte para el cual hay que crear una secretaría con rango de ministerio”.
La diputada Carmen Bertone le aclaró a Giorgis que “su proyecto es una expresión de deseos porque no se puede regular el tema de los celulares desde una provincia”.
Otros temas
Por unanimidad se aprobó la ley por la que se crea en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de La Pampa el “Servicio de Rehabilitación Integral”. La iniciativa, autoría de la diputada Silvia Larreta (que destacó que ya hace treinta años se trabaja en La Pampa en la rehabilitación física), dispone la creación en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de La Pampa el “Servicio de Rehabilitación Integral”, que funcionará en todos los Establecimientos Asistenciales dependientes de la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia, que tengan asignados el NIVEL VI o superior, de complejidad y estructura orgánica.
En sus primeros artículos establece que el “Servicio de Rehabilitación Integral” tiene por objeto garantizar el acceso irrestricto y de manera ecuánime a todas las personas que requieran una rehabilitación integral, teniendo como finalidad lograr la reinserción social y familiar del paciente con lesión neurológica y/o física con la menor discapacidad y la mayor autonomía posible; y que deberá estar integrado por un equipo de rehabilitación multidisciplinario especializado que deberá contar con el personal suficiente y necesario.
Larreta destacó que “La Pampa será pionera con este Servicio” y Hernández la felicitó por su trabajo y calificó a esta ley como “la mejor que ha votado esta Cámara en los últimos años”.
Por unanimidad se aprobó la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la situación actual del curso de agua natural denominado “Arroyo Netrafo”.
En los fundamentos, el autor del proyecto, Juan Pablo Morisoli, señala que “debido a varios años de sequía prolongada en nuestra región, es de particular importancia que todas las vertientes que vuelcan en la laguna de Parque Luro lo hagan libremente y sin desvíos o taponamientos en el cauce, alcantarillas y pequeños puentes que dicho arroyo atraviesa, debido a causas naturales como cierres por acopio de arenas voladizas, cardos rusos, ramas, basura, ó por cierres antrópicos en su cauce”.
Por eso es que se solicita al Ejecutivo Provincial que informe “si se está produciendo algún tipo de corte ya sea de forma natural o artificial, detallando en forma precisa el lugar de ubicación y características del mismo, como así también informe si se han realizado acciones de análisis, investigación y/o conservación sobre dicho curso de agua intermitente”.
Por unanimidad se aprobó la ley por el que se modifican artículos de la de prohibición del plus médico.
La iniciativa del diputado Daniel Lovera destaca que “la sanción de la Ley Nº 1.067 generó expectativas en toda la comunidad pampeana dada su loable finalidad tal como era la de combatir el sobrepago, conocido como “plus” que debían y aún deben soportar en algunos casos, los beneficiarios de obras sociales al pasar a ser utilitarios del sistema de prestadores de salud de la provincia de La Pampa.
Es por eso que nos permitimos proponer una serie de cambios en la estructura de la citada Ley Nº 1.067, a fin de volverla ágil y activa, a la vez de propender a que la información para la sociedad en general sea constante. Por eso pretendemos entre otras cosas la colocación de carteles informativos –de exhibición obligatoria- en cada consultorio médico o lugar de prestación de cualquier práctica referente a la salud, actualización de la maneras de denunciar infracciones a esta ley permitiendo que cada beneficiario las realice no sólo en el Ministerio de Salud, sino también en su obra social de origen y finalmente actualizando el procedimiento y el monto de las multas a aplicar por infracciones referidas a las prácticas prohibidas por la Ley Nº 1.067. “Por otro lado las distintas Obras Sociales sindicales vienen sufriendo en los últimos tiempos abusivas modificaciones en los valores de las prestaciones médicas por parte de algunos de los prestadores privados, con motivo de la posición dominante asumida por dichos prestadores, los que se han transformado en verdaderos monopolios locales en relación a los servicios de salud, llegando en algunos casos, a poner en riesgo la posibilidad que las Obras Sociales cancelen en tiempo y forma la totalidad de las prestaciones médicas realizadas a sus afiliados. Teniendo en cuenta que la salud ha sido reconocida –en el ámbito nacional e internacional– como un derecho humano, inherente a la dignidad humana, de forma tal que el bienestar físico, mental y social que pueda alcanzar el ser humano constituye un derecho que el Estado está obligado a garantizar; se propone la modificación del artículo 1° de la Ley Provincial N° 1.067, en el sentido de establecer que los prestadores de servicios de salud -en las distintas ramas- que actúen en el ámbito provincial, por un lado no puedan percibir o exigir de los afiliados de las Obras Sociales o del Servicio Médico Previsional (SEMPRE) aranceles superiores a los acordados con las Obras Sociales o el Instituto de Seguridad Social de La Pampa, o importes que de cualquier forma superen el monto del citado arancel. Incluyendo en esa prohibición, respecto de los afiliados, que tampoco podrán exigir un número mayor de órdenes que las correspondientes a las prestaciones efectivamente realizadas, previendo también con contundencia que tales prestadores deberán exhibir permanentemente y en lugares visibles de atención al público letreros que contengan una leyenda en ese sentido”, dijo.
“Igualmente se propone incorporar un Artículo 1° bis a la misma norma, en el que se establece con claridad que cuando los prestadores de servicios de salud presten servicios de salud al Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa (I.S.S.) y a otras Obras Sociales incluidas en el inciso a) del artículo 1º de la Ley Nacional Nº 23.660, el valor de los aranceles de las prestaciones que convengan con éstas últimas en ningún caso podrá superar el acordado por cada prestador -para cada prestación- con el citado Instituto (I.S.S.). Luego se propone la tácita reconducción de los convenios de prestaciones médicas, se establecen las sanciones por infracciones a la Ley, y se aporta claridad al procedimiento sancionatorio por violaciones a la Ley, y se instituyen los recursos que podrán interponer los sancionados, habilitando la revisión judicial de las decisiones”.
El orden del día de la sesión de hoy también contempló la ley por la que se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia, previendo un adelanto de honorarios para aquellos peritos que hayan presentado su pericia y evacuado todas las explicaciones u observaciones formuladas tanto por las partes como por el juez. Adelanto que deberá ser afrontado por el Superior Tribunal de Justicia, quien por reglamentación fijará los montos correspondientes, y que serán descontados posteriormente al momento de percibir los honorarios regulados por vía judicial.
La diputada Lidia Duperau argumentó que “es muy común ver el desinterés de diferentes profesionales de la salud, de contadores, de ingenieros, etc. en la aceptación del cargo luego de ser desinsaculados para tal función, precisamente por la incertidumbre temporal del cobro de sus honorarios. Tal desinterés se advierte no sólo al momento de aceptar el cargo, sino también previamente al momento de la inscripción en los listados respectivos que tiene a su cargo el Poder Judicial, así vemos que no hay interesados inscriptos en determinadas profesiones, como por ejemplo en traumatología.
“En muchas oportunidades, los profesionales invierten una gran cantidad de horas para la confección del informe pericial, que le restan al desempeño de su profesión privada. Pero tal labor no es remunerada en un tiempo prudencial como para que genere interés en la realización de la pericia”.
Por unanimidad se aprobó la ley por la que se modifica el artículo 4 bis de la ley Régimen Especial de Protección Integral para Personas con Discapacidad. La iniciativa del diputado Mariano Fernández establece que se deberá otorgar el beneficio a las personas discapacitadas que reúnan las condiciones que exige la ley sin importar si la discapacidad sea congénita o adquirida.
Por unanimidad se aprobó la ley por la que la provincia de La Pampa adhiere a la Ley Nacional 26928, de creación del régimen de Protección Integral para personas transplantadas, inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Transplante o se encuentran en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Transplante de la República Argentina.
El diputado Martín Berhongaray dijo que “se persigue como objetivo conferir adecuada protección legal a las personas trasplantadas y pacientes en lista de espera del INCUCAI, asegurando su atención médica integral, seguridad social e inserción laboral. Se procura garantizar a los trasplantados y pacientes en lista de espera la cobertura total por parte de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema público de salud, extendiendo la gratuidad a todos los medicamentos (hizo hincapié en los medicamentos inmunodepresores vitales para evitar el rechazo del órgano transplantado), estudios y demás prácticas médicas necesarias, incluso viajes terrestres o aéreos, para tales para asegurar una adecuada atención de la salud”.
Por unanimidad se aprobó la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la situación actual del curso de agua natural denominado “Arroyo Netrafo”. En los fundamentos, el autor del proyecto, Juan Pablo Morisoli, señala que “debido a varios años de sequía prolongada en nuestra región, es de particular importancia que todas las vertientes que vuelcan en la laguna de Parque Luro lo hagan libremente y sin desvíos o taponamientos en el cauce, alcantarillas y pequeños puentes que dicho arroyo atraviesa, debido a causas naturales como cierres por acopio de arenas voladizas, cardos rusos, ramas, basura, ó por cierres antrópicos en su cauce”.
Por eso es que se solicita al Ejecutivo Provincial que informe “si se está produciendo algún tipo de corte ya sea de forma natural o artificial, detallando en forma precisa el lugar de ubicación y características del mismo, como así también informe si se han realizado acciones de análisis, investigación y/o conservación sobre dicho curso de agua intermitente”.
