Ayer comenzó en Bahía Blanca el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad, y el primero contra la Marina. Es por los secuestros, torturas y homicidios cometidos por la Armada en la base de Puerto Belgrano, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, un lugar en el que hicieron la conscripción generaciones de pampeanos.
Nuevamente el proceso tendrá presencia pampeana: el Tribunal Oral está integrado por José Mario Triputti, además de Jorge Ferro y Martín Bava, todos subrogantes que ya dictaron dos sentencias por los crímenes del Cuerpo V de Ejército. En tanto, como secretario actuará Ignacio Rodríguez Berdier. Los magistrados tendrán la tarea de juzgar ahora a once marinos, cinco prefectos, siete miembros del Ejército y un ex policía bonaerense. Gracias a la concesión automática de arrestos domiciliarios, sólo nueve imputados estarán presentes en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Los otros quince seguirán la audiencia por videoconferencia desde una sala de los tribunales porteños de Comodoro Py. Además participa el fiscal pampeano Miguel Palazzani, acompañado por su par José Nebbia. Ambos habían pedido que los imputados fueran trasladados a la cárcel o a hospitales locales, lo que fue rechazado. A la amplia lista de marinos que murieron impunes antes del juicio se sumó el viernes el capitán Guillermo Félix Botto.
Víctima pampeana.
El tercer proceso por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca abarca los casos de 66 víctimas, incluidos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes gremiales y empleados del diario La Nueva Provincia, por cuyos asesinatos fue indagado el empresario Vicente Massot. También hay un pampeano: Néstor Grill, estudiante universitario y militante católico, nacido en Jacinto Arauz, desaparecido en noviembre de 1976, cuando fue secuestrado por un grupo de tareas en su domicilio.
Fue visto por última vez en el principal centro de detención de la Armada a nivel local, en Baterías, la base de los infantes de Marina, más oculta y menos transitada que Puerto Belgrano. Su ex jefe, el vicealmirante Eduardo Fracassi, confirmó en 2009 que funcionó en la sexta batería histórica. El grueso de los sobrevivientes estuvieron encerrados en camarotes del crucero 9 de Julio, en la dársena de Puerto Belgrano.
El diario Página 12 recordó que la causa contra los marinos se reabrió a fines de 2005 a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos bahiense. Luego de una docena de recusaciones y excusaciones de jueces y abogados por sus vínculos con marinos imputados, la investigación quedó a cargo del juez ad hoc Eduardo Tentoni, quien en 2007 condujo una inspección ocular junto al entonces fiscal Hugo Cañón. La mayor parte de los procesamientos fue impulsada por el fiscal Abel Córdoba, hoy a cargo de la Procuraduría sobre Violencia Institucional.
Fuente La Arena