De acuerdo al informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la provincia de La Pampa se ubica en el tercer lugar entre las provincias que más invirtieron en seguridad durante el año 2013. En el primer lugar se ubica Tierra del Fuego con $ 3.853, le sigue Santa Cruz con $ 3.529 y luego La Pampa con $ 1.725. Las que menos invirtieron fueron las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Chaco que lo hicieron entre $ 770 y $ 800 per cápita.
Los recientes acontecimientos de dominio público en materia de inseguridad económica, jurídica, política y, principalmente, social, que ha enfrentado Argentina han desmitificado la creencia popular de que la inseguridad es un “mal” predominante de grandes ciudades, parte del “coste” que se debía pagar por las comodidades de la modernidad; poniendo en alerta a ciudadanos de los asentamientos poblacionales más recónditos del país.
El análisis de la inseguridad tiene múltiples aristas, propias de un fenómeno que vincula aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Este informe busca contribuir al tópico al analizar el rol de los gobiernos provinciales en materia de gasto en política de seguridad . Este punto es particularmente importante dado que la política de seguridad jurisdiccional es atributo casi exclusivo del ámbito de gobernación subnacional.
El informe indica que “claramente, existen importantes sesgos en lo referido al compromiso a la seguridad jurisdiccional entre provincias, tanto si se considera la proporción del gasto comprometido a tal fin, como la cantidad de fondos que cada ciudadano percibe en materia de política de seguridad”, sostuvo en el informe.
Las provincias han hecho, y continúan haciendo, “un importante esfuerzo” en materia de seguridad jurisdiccional, expresó el Iarad. “Sin embargo, aún resta mucho por hacerse, no sólo en materia de continuar gestionando un mayor y, por sobre todo mejor, política de seguridad, sino también en lo vinculado a homogeneizar criterios a la hora de gestionar fondos destinados a la política de seguridad”, expresó. “En efecto, una asignación arbitraria y heterogénea vuelve menos competitivas a unas provincias respecto de otras, impactando directamente en la seguridad local, e indirectamente en la localización de recursos humanos y de capital, en la competitividad de su producción y, en definitiva, en el desarrollo de sus economías”
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