El “Cambiemos pampeano” y las apuestas al 2017

Por Norberto G. Asquini

Un consultor político preguntó en 2015 a uno de los candidatos de la oposición al PJ en La Pampa, mientras armaban la campaña, qué tenían en común Propuesta Federal, la UCR y el socialismo para hacer una alianza. “El color rojo de los carteles”, se contestó. “¿Y qué los desune? El resto”, fue su conclusión.

La anécdota sirve para dar cuenta de lo que podemos llamar el “Cambiemos pampeano”. Ese fuerza opositora heterogénea que fue el frente electoral que supieron conformar el Frepam (radicales y socialistas) y Propuesta Federal (PRO, MID y Mofepa). Una alianza tejida por las necesidades de sus componentes, y que nunca llegó a consolidarse. Desde el vamos, fue un acuerdo pactado con el apuro por cerrar las listas. La campaña posterior mostró las diferencias entre los dirigentes de ambos espacios. La segunda vuelta presidencial en la que se impuso Mauricio Macri acercó algunas posiciones e intereses, pero pronto el frente se rompió en la Legislatura provincial y en la mayoría de los concejos deliberantes en los que había representantes de ambos sectores. En algunas localidades puntuales persiste cierta coordinación y hay radicales con una relación fluida con el macrismo. En otras no.

Lo que podemos llamar entonces el “Cambiemos pampeano” no tiene una realidad territorial, pero sí superestructural. Solo existe en las cúpulas partidarias. Si en La Pampa no hay unidad entre el PRO y la UCR, los principales dirigentes del radicalismo apoyan al gobierno de Mauricio Macri y respaldan todas sus leyes en el Congreso. El pacto incluye algunos cargos de funcionarios menores.  Y hasta se hacen cargo, en silencio, de las dificultades y errores cometidos por el gobierno macrista en materia económica o institucional. Por su parte, el macrismo también tiene muy buena relación con el intendente de Santa Rosa y otros jefes comunales.

El PRO en La Pampa, indican sus voceros, tiene en ese marco mucho terreno por ganar y una situación “inmejorable”. Es gobierno a nivel nacional y su principal dirigente, Javier “Colo” Mac Allister, es funcionario del gabinete con una permanente exposición en los medios. No tiene que suplicar cargos a nivel nacional, como ocurre con otros legisladores, ya que acapara las delegaciones y organismos de Nación en La Pampa. Y hasta algunos radicales han aceptado puestos sin consultar a sus autoridades.

El PRO incomoda al radicalismo pampeano. Como tercera fuerza, su futuro está atado a una referencia nacional y a la suerte de cómo le vaya a Macri en su gestión. Le compite por el mismo electorado y la UCR intenta contrarrestarlo y contener cualquier posibilidad de alejamientos en su tropa. En ese escenario, el principal dirigente, el diputado Francisco Torroba, promueve encuentros y reuniones, organiza actos y baja línea. Son algunas demostraciones, pero todavía sin poder de fuego. Es parte de la reconfiguración de la oposición pampeana con la sorpresiva presidencia de Cambiemos, pero también esta situación está inscripta en un tendencia nacional. Socia menor del macrismo en el poder, que no hizo un gobierno de coalición sino que sumó algunos radicales sin perfil político al gabinete, la UCR trata de fortalecerse en el país frente a su socio mayor en Cambiemos después de ganar en 2015 algunas gobernaciones, capitales provinciales como Santa Rosa e intendencias, sobre todo en Buenos Aires. La consigna es posicionarse frente al PRO, y para eso cuentan con hacer una buena elección en las legislativas de 2017. Hay una incipiente movilización en ese sentido, lo que no implica que se borren las diferencias internas. El senador Juan Carlos Marino intenta mostrarse como el más macrista de los radicales tratando de meterse en la discusión provincial pero perdiendo terreno; mientras Torroba apoya al gobierno nacional aunque muestra cada tanto una faceta crítica para diferenciarse. En eso Mac Allister lleva una ventaja: referente único de su espacio, con la “chapa” nacional, cada incursión suya en La Pampa es una muestra de que hay movimiento en torno suyo.

En el PRO, con el viento de cola del cambio de gestión, aún con los inconvenientes económicos y de los otros como el escándalo de los Panamá Papers, también piensan en 2017 y lo hacen público. Puede ser temprano para empezar a hablar en términos electorales, pero la mirada está puesta en confrontar a la UCR pampeana. Y no solamente para mantener el cargo de diputado nacional, sino concretar lo que se le escapó por muy poco a Mac Allister en la primaria del año pasado: una victoria sobre el radicalismo.

Ambas fuerzas por su lado, aunque confluyan a nivel de dirigentes en su apoyo a Macri y en sostener la gobernabilidad del mandatario, disputan territorio y adhesiones pensando en 2019. Aunque no lo quieran manifestar públicamente, aunque lo digan bajo cuerda, aunque consideren que todavía es “muy temprano” para muchas -o todas- las definiciones políticas, saben que habrá un momento en que deban confrontar cara a cara, voto a voto, el liderazgo de la oposición pampeana al PJ. Y también bajo qué formato se concretará esto: ¿habrá un Cambiemos 2017 o cada uno seguirá su propio camino hasta 2019, como se está dando actualmente?

Detrás del “sincericidio”, el debate por el empleo público

Norberto G. Asquini

En la última semana las declaraciones del intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, resaltaron en el escenario político pampeano. Molesto, y más, por conflictos laborales y denuncias gremiales sobre sus decisiones, acusó al sindicato de desgastar su gestión y de mentir sobre la situación en la comuna. Las repercusiones por el “sincericidio” del jefe comunal taparon una cuestión de fondo que es central en la disputa desatada y que se discute por estos tiempos en la política nacional y provincial: el empleo público.

Con los cambios de gestión, después de 12 años de kirchnerismo y ocho de jorgismo en la provincia, se empezó a replantear, con errores y aciertos, el tema del empleo en la administración pública. A nivel nacional con los avances del macrismo sobre los trabajadores de organismos públicos que bajo el argumento de la eficiencia y los “ñoquis” –que los hay, pero no son la generalidad– desplegaron miles de cesantías vinculadas con el ajuste en el Estado y la persecución política. Los datos estadísticos indican que sí hubo un fuerte incremento del empleo público en la última década, no sólo en el Estado nacional, sino también –y sobre todo– en las provincias. Como indica la página Chequeado.com, a partir de estos datos, hay quienes argumentan que el crecimiento registrado fue desmedido y, quienes señalan que el aumento del trabajo estatal se relacionó con un incremento de los servicios públicos que benefició a la población.

A nivel provincial la discusión se había abierto mucho antes y tiene un tinte muy distinto, pero que ahora toma otro cariz ante la crítica situación económica. El vernismo afirma que durante la gestión anterior la cantidad de empleados se incrementó cuatro veces lo que creció la población y que los municipios se convirtieron en fuentes laborales vía ingreso indiscriminado de personal que hoy es difícil de sostener. En la actualidad, frente a un período recesivo, se empieza a notar ese peso sobre la caja pública. En ese sentido, el gobernador Carlos Verna planteó entre sus directivas la promoción del empleo privado como medida para frenar las consecuencias del crecimiento descontrolado del “Estado peronista” pampeano.

El derrame de ese debate y esa revisión de la política laboral en el Estado llegó al municipio de Santa Rosa. Una comuna castigada por el abandono y el desmanejo de la gestión de Luis Larrañaga, aunque los ex funcionarios de ese gobierno intenten tapar las consecuencias de su paso achacándole inacción al actual jefe comunal.

Vamos a simplificar el fondo de la discusión: luego de los doce años de gestión de Oscar Mario Jorge (1991-2003) al frente de la intendencia, el justicialismo gobernó en tres oportunidades más: pasaron Néstor Alcala, Juan Carlos Tierno (apenas tres meses) y Larrañaga. La oposición lo hizo en dos: Francisco Torroba y actualmente Altolaguirre. De unos 900 empleados que tenía la comuna en 2003, pasó a 2.100 doce años después, y los servicios no han aumentado tanto, si bien la ciudad se ha expandido y también sus problemáticas. En ese lapso, las tres gestiones del PJ fueron deficientes, por diferentes motivos, dejando a la comuna  exhausta. Y los resultados electorales que ha tenido el justicialismo en la capital provincial desde entonces mucho han tenido que ver con estas pobres gestiones. Ese ha sido el modelo “populista”, el de la incorporación de contratados, el uso del empleo público como captación y pago político y los vínculos laborales más laxos.

El otro “modelo” podemos llamarlo el “eficientista”. La búsqueda de un ordenamiento financiero del municipio y la concepción de una comuna que presta servicios, dos pilares de la gestión torrobista. Es una concepción que choca frontalmente con prácticas instaladas en la administración pública comunal, que deberían ser políticas a seguir cuando estas situaciones son negativas –el pago de horas extras sin control, por dar un ejemplo–, pero que deben contemplar los casos cuando son productivas –cambios de horarios–.

Altolaguirre, sin experiencia de gestión, con una crisis económica a cuestas –tanto nacional como local– y con un municipio muy venido a menos –en los últimos meses el desgobierno se notó en las calles y en la coparticipación– quiso encarar una reestructuración en la planta de empleados y chocó de frente. Ya sea por errores propios –falta de una política comunicacional o de tacto por parte de sus funcionarios en la relación con los trabajadores– como de los frenos que le impusieron situaciones enquistadas en la propia administración como “kioscos”, robos hormiga, arreglos de horas extras sin justificación o áreas donde por un lado sobra personal y por el otro falta.

Hay que aclarar que esto no significa que si en la planta administrativa hay casos contados de falta de compromiso, uso clientelar de los puestos laborales, incumplimientos de horarios o irregularidades, la mayoría, el grueso del personal, no cumpla eficientemente su función todos los días.

La discusión en torno al empleo público, con sus aristas positivas o negativas, está planteada por necesidades y urgencias de las gestiones actuales. Habrá que ver si ese debate irá al fondo de la cuestión o solo será una preocupación pasajera.

No hay plata: Verna, el pasado K y la caja vacía

Por Norberto Asquini

Cuando el gobernador Carlos Verna les dijo el lunes “no hay plata” a sus funcionarios, resumió lo que ocurre con la Provincia: los sueños de crecimiento quedaron estrujados entre dos fantasmas que han colocado a La Pampa al filo de una crisis económica y que dejaron por ahora en stand by a la administración vernista.

Vamos al primero de los dos: Verna sufre los tironeos con la presidencia de Mauricio Macri por los fondos que necesita y que no llegan y por la baja de los ingresos por el enfriamiento de la economía por el ajuste nacional. En ese marco, reclama plata y la va consiguiendo a duras penas, pide optimizar los recursos a sus funcionarios, no quiere endeudarse como pretende el macrismo y hace algunos ajustes propios aunque acotados –desde la baja de las comisiones de servicios, el freno de la obra pública a la revisión de las cuentas municipales–. Medidas estas últimas que entran en contradicción con la concepción del Estado peronista pampeano conformado en las últimas tres décadas, pero que muestran lo complicado de la situación.

Pero hay otro fantasma. Frente al panorama de las cuentas presentes, hay una convicción mayor que hace mirar al pasado cercano para buscar explicaciones de lo que está pasando: los números no cierran no tanto por la demora en las negociaciones con la gestión de Cambiemos, sino por la herencia dejada por la dependencia de la anterior administración provincial para con el gobierno de Cristina Fernández.

El vernismo, o más concretamente Verna, supo construir una cosmovisión política basada en el “pampeanismo” como defensa de los intereses locales ante el Estado kirchnerista, centralista y disciplinador  a través de la dependencia económica de los gobiernos provinciales. La alteridad fue la Nación, o el gobierno K concretamente, avanzando sobre la autonomía política provincial, y este fue el eje estructurante de la campaña del año pasado que dividió al PJ pampeano en la interna y en las elecciones primarias. Y la visión triunfante en La Pampa del peronismo en el poder.

Cuando Verna dejó  el cargo en 2007, había fondos para afrontar los gastos de funcionamiento de la administración pública para nueve meses. Cuando regresó el 10 de diciembre pasado al mismo puesto, calculó que quedaban para algunos meses, pero se encontró con que no alcanzaba ni para un mes de gracia. Había sí alrededor de 1.300 millones de pesos en las cuentas, de los cuales 1.000 millones era dinero afectado a obras y otros destinos específicos por leyes provinciales o nacionales, que no pueden ser destinados por ejemplo al pago de salarios o gastos de funcionamiento.

Ahora, el equipo económico está afinando los números y en estos días tendrá el nuevo presupuesto. En los cálculos está presente que el Presupuesto nacional que dejó la gestión kirchnerista es de agosto del año pasado y luego de la devaluación se están recalculando los números de lo que le tocaría a La Pampa. Por el otro, está pendiente la devolución del 15% de coparticipación que iba a la ANSES por parte del gobierno macrista y que son 1.400 millones de pesos.

La deuda de la gestión kirchnerista con La Pampa es de de 4.000 millones de pesos –muy difíciles de cobrar–, y los fondos no enviados de la ANSES desde 2009 para el déficit de las cajas jubilatorias provinciales que debieron ser afrontados por el gobierno provincial ascienden a más de 950 millones de pesos, son agujeros negros que debe tapar, en una situación crítica, la propia administración vernista con lo que tiene. Si el gobierno provincial vive esta situación crítica con desesperación, el mismo panorama se derrama hacia abajo llegando a los municipios y a muchas empresas.

Es en este escenario que, por ahora, Verna se siente más cómodo negociando con Macri que si lo hubiera hecho con un gobierno cercano al kirchnerismo en la Casa Rosada de haber sido otro el resultado el año pasado. Lo que no implica que hoy deba sufrir la falta de definiciones y de fondos.

El panorama crítico que afronta la Provincia, para los funcionarios del entorno vernista, está vinculado con las restricciones nacionales actuales, pero estrechamente relacionado con la situación de dependencia en la que había quedado La Pampa con respecto a Nación durante el kirchnerismo.

Y si la convicción anti-K de Verna se fue cimentando durante años por las diferencias en el plano político, se afianzó con la circunstancia económica actual. Porque, aunque no lo nombre, para el vernismo el pasado kirchnerista no es solamente un recuerdo, sino una herencia vigente y que le pesará en los próximos cuatro años.

Mito y realidad de la “herencia jorgista”

 por Norberto G. Asquini

El eje político, así como estalló en los medios, se desdibujó en pocos días. La “herencia jorgista” que recibió la gestión de Carlos Verna y que el gobernador agitó como una de las fuentes de la crítica situación en la que están las cuentas provinciales pasó de ser el mal de todos los males a convertirse en parte de un discurso pasajero que el mismo oficialismo desalentó. De hecho, un funcionario provincial tuvo un contacto con un diputado provincial jorgista para bajarle el tono a la polémica. Es que los argumentos del discurso de Verna tenían algunas flaquezas, más allá de ciertas verdades. De hecho, cuando comience a tratarse el Presupuesto para 2016, podría no ser ni mencionada la palabra en cuestión.

¿Qué encierra la “herencia”? ¿Cuánto hay de mito y realidad en el discurso desandado por el vernismo? Un ex funcionario de Jorge habló con el autor de esta columna sobre lo que el entorno del ex gobernador dijo sobre el tema. Afirman que Verna buscó justificar un gobierno que no puede arrancar por falta de fondos, y que en buena parte las restricciones tienen que ver con las promesas y negociaciones que lleva adelante con Nación y que todavía, para las arcas provinciales, no han sido fructíferas. Pero también porque hay un corsé que le dejó la anterior gestión: las obras públicas en marcha o licitadas y que son recursos ya comprometidos que se deben destinar allí. En ese sentido, esa es una gran restricción para un gobernador como Verna acostumbrado a hacer de la obra pública, de lo palpable, bien o mal pero siempre visible, el eje de su gestión. ¿Cómo hacer obras entonces sin fondos? “Con plata gobierna cualquiera”, dispara un dirigente vernista para ensalzar la figura del mandatario y compararla a la de su antecesor.

Jorge dejó las cuentas equilibradas y con un superávit para afrontar algunos meses. De allí, analizan los del sector, salieron los fondos para pagar la suma fija de fin de año de 5.000 pesos que le otorgó Verna a los empleados estatales. O sea: había plata, sino no se habría podido afrontar esa decisión. Verna decidió hacer ese gesto como una de las primeras medidas de su gobierno, porque estaban los fondos, aunque después los extrañara.

Se puede considerar, y basándose en algunos hechos, que la gestión de Jorge adoleció de falta de iniciativa, que tuvo un perfil administrativista, que tuvo una fuerte dependencia del Estado nacional o funcionarios que se limitaron a cumplir con lo que pedía el mandatario. Pero no se le puede achacar, indicó el ex funcionario consultado, el desmanejo de las cuentas públicas. En ese sentido, comparan que recibieron en 2007 una administración que había crecido durante el primer vernismo al ritmo de la economía nacional con “tasas chinas” y que Jorge no la tuvo tan fácil, al afrontar en 2008 la crisis internacional y el conflicto con el campo por las retenciones y después la devaluación de 2014, entre otras circunstancias.

De hecho, funcionarios provinciales actuales han reconocido, muy por lo bajo, que ahora son víctimas de sus propias políticas impulsadas a la luz de la interna con Jorge durante la última gestión. Parte de las regalías hidrocarburíferas y la coparticipación, que los diputados vernistas redistribuyeron a los municipios, son ahora necesarias para la Provincia en tiempos en que los fondos llegan a cuentagota y la situación económica apremia.

La “herencia” como justificación a los condicionamientos o limitaciones que tiene un gobierno depende para su efectividad del momento y de cómo se use. Ya pasaron tres meses de la nueva gestión y ese argumento defensivo quedó obsoleto en tiempos tan vertiginosos y cargados de urgencias.